El acuerdo con un fiscal, aprobado por un juez, para que Gustavo Villegas, exsecretario de Seguridad de Medellín, no fuera sentenciado por concierto para delinquir y aceptara cargos de abuso de función pública y abuso de autoridad desató una polémica en el nivel central de la Fiscalía y dudas que, según analistas, repercutiría en el interior de la entidad.
Luego de que el juez avalara el pacto, el lunes pasado, la directora de la Unidad Contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General de la Nación, Claudia Carrasquilla, indicó que, junto al fiscal General, Néstor Humberto Martínez, estudiaba la posibilidad de alguna figura jurídica que deje sin efecto el acuerdo.
“Se revisa, porque los términos del preacuerdo no son los ajustados a la ley (...) para prestigiar la justicia, por eso se estudia la figura jurídica para reversar semejante decisión”, apuntó y añadió que el pacto, celebrado por la defensa de Villegas y un fiscal no fue autorizado por el nivel central del ente acusador.
En ese sentido, el Procurador General, Fernando Carrillo, cuestionó la decisión y publicó en su cuenta de Twitter: “Estos señores, como sucedió con un exfuncionario de Medellín, que llegan a preacuerdos sin haber colaborado ni reparado a las víctimas y sin el menor sentimiento de culpa sobre sus conductas, hacen parte de una justicia premial que hay que echar para atrás”.
No hay reversa
Andrés Arango, abogado de Villegas, defendió el proceso que conllevó al acuerdo y aseguró que está apegado a la ley.
“Desde la audiencia de formulación de imputación, en julio 7 del año pasado, yo sostengo ante los fiscales que a mi juicio no existía la configuración del delito de concierto para delinquir (...) pues no existen elementos que permitan considerar que Gustavo (Villegas) se alió con alguna organización delictiva”, dijo.
Arango, entonces, afirmó que tanto el juez como el fiscal del caso estuvieron de acuerdo con la tesis de que el delito, inicialmente imputado a Villegas, no se configuraba y por eso aceptaron una calificación jurídica diferente.
“El acuerdo se presenta en los siguientes términos: Villegas se declara responsable de los delito de omisión de denuncia en razón de que omitió, presuntamente, denunciar los hechos que venía siendo víctima un transportador que presta sus servicios a una empresa de su familia”, apuntó.
El abogado, explicó que es ahí cuando “se cambia la calificación jurídica del delito de concierto para delinquir por abuso de función pública reconociendo que no existía marco legal ni normativo para acercarse con estas organizaciones y buscar procesos de sometimiento”.
“El acuerdo se plantea, se le entregan al juez los elementos materiales probatorios, los examina y considera que es válido. A su juicio no se predica con suficiencia la estructura típica de concierto para delinquir”, destacó
Añadió, sorprendido ante las declaraciones de Carrasquilla, que el juez, para aceptar el acuerdo, escuchó la intervención de la Fiscalía, concedió el uso de la palabra a la defensa y al Ministerio Público (Procuraduría), como garante de la legalidad.
“Un acuerdo parte de concesiones mutuas: esto es que la Fiscalía otorga una calificación jurídica diferente a cambio de que el procesado acepte responsabilidad y la defensa evita un desgaste jurídico y acepta unos cargos renunciando al derecho de la autoincriminación, así como a aguardar silencio por parte del procesado.
Frente a la posibilidad de reversar los términos del pacto, como lo busca la fiscal Carrasquilla, Arango señaló que es complejo, “porque una vez aprobado es ley para las partes y para el juez que tiene que dictar sentencia en los términos del acuerdo que es avalado por cuanto se pasan filtros.
Incertidumbre
El acuerdo entre las partes contempló para Villegas una pena de 32 meses por el delito de abuso de autoridad por omisión de denuncia, y se aumentó un mes por el abuso de función pública, además de la inhabilidad de 81 meses para el ejercicio de funciones públicas. Del total de los 33 meses, Villegas pasaría la mitad privado de la libertad, en la cárcel de Yarumito, donde permanece desde julio de 2017.
Para el abogado penalista, docente de Derecho en la universidad Eafit, Juan Carlos Álvarez, a simple vista el acuerdo suscrito entre Villegas y la justicia es válido y puede ser realizado desde el momento en que le hacen la imputación hasta cuando se presenta el escrito de acusación.
Sin embargo, el experto consideró que el fiscal que suscribe el pacto debe tener en cuenta las políticas de la Fiscalía General y “las pautas trazadas como política criminal a fin de prestigiar la administración y evitar su cuestionamiento”.
“(...) Si se firmó un preacuerdo que vaya en contravía de las políticas de la Fiscalía, podría dar lugar a que pudiera ser revisado. También hay que tener en cuenta que si fue aprobado por un juez, tendría que demostrarse una violación de garantías para que se pueda revocar”, subrayó.
Sobre la posibilidad de que Villegas entable una demanda contra el Estado por perjuicios que le hubiera causado la imputación de concierto para delinquir, que luego fue desestimada, su abogado manifestó que no se ha contemplado.
“Por el momento, Gustavo quiere estar tranquilo”, acotó.
Este 6 de marzo el juez leerá el fallo contra Villegas.
