En Colombia hay 2.005 grupos de crimen organizado que atormentan a la población civil, según las autoridades, y la ley que impulsó el Estado para facilitar su desarme y sometimiento a la justicia, como una promesa del Acuerdo de paz de La Habana, al parecer nació muerta.
Se trata de la Ley 1908 de 2018, “por medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujeción a la justicia y se dictan otras disposiciones”.
Esta norma vio la luz en un momento en el que las principales estructuras ilegales de Antioquia, el Clan del Golfo y “la Oficina”, habían manifestado su interés en llegar a un acuerdo con el Gobierno para abandonar la violencia, a cambio de beneficios jurídicos. Sin embargo, ya pasó un año y seis meses desde su promulgación y ninguna banda ha sido desmantelada bajo ese marco legal. ¿Qué ocurrió?
El Acuerdo de Paz incluyó el parágrafo 3.4.13, titulado Sometimiento o acogimiento a la justicia de las organizaciones antes señaladas, el cual reza: “En el marco de la justicia ordinaria y con el fin de contribuir a la lucha contra las organizaciones criminales, fortalecer la seguridad en los territorios y facilitar condiciones para la paz, el Gobierno en coordinación con la Rama Judicial, presentará un proyecto de ley para promover el sometimiento o acogimiento a la justicia de las organizaciones antes señaladas (...)”.
Esas “organizaciones antes señaladas” están definidas en el punto 3.4 como “las responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores de DD.HH., movimientos sociales o políticos, o contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos, incluyendo las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo (...)”.
El origen del acercamiento
Con esa ventana abierta, en septiembre de 2017 el jefe del Clan del Golfo, Dairo Úsuga David (“Otoniel”), hizo público un video en el que habló de su interés de buscar un pacto con la Casa de Nariño. “Queremos hacer parte del fin del conflicto para llegar al desarme total. En repetidas ocasiones hemos expresado nuestra intención de lograr una salida digna y voluntaria, una vez estén dadas las condiciones estamos dispuestos a suspender las actividades ilegales”, dijo.
El entonces presidente, Juan Manuel Santos, confirmó para ese momento que ya habían comenzado las reuniones exploratorias con los delegados de la facción.
EL COLOMBIANO contactó a la representante jurídica del Clan en esas conversaciones, quien solicitó la reserva de su identidad. Contó que en esa época lograron un avance importante, primero hubo tres reuniones con el vicefiscal Jorge Perdomo, ocho con el fiscal general Néstor H. Martínez y 16 encabezadas por el vicepresidente, el general (r) Óscar Naranjo.
“Como representante del Gobierno estaba José Noé Ríos, nombrado por resolución, además del general (r) Naranjo; el senador Iván Cepeda era interlocutor y había tres voceros civiles nombrados por el Clan”, comentó la apoderada. Y añadió: “Ya estábamos pensando en la entrega de los bienes, las armas y un primer grupo de 1.500 hombres”.
Mientras esto ocurría, la Fiscalía redactaba el proyecto que permitiría el sometimiento, el cual fue aprobado en el Congreso con el método fast track (apenas dos debates), tal cual se admitieron la mayoría de leyes nacidas del Acuerdo.
Cuando el texto vio la luz en julio de 2018, los apoderados de la banda quedaron perplejos. “La ley entorpeció el proceso, en vez de dar algún beneficio en las penas, las agravó más”, dijo la delegada.
El asunto quedó tambaleando y el golpe definitivo fue la captura de Carlos Tuberquia (“Nicolás”), segundo al mando del Clan y promotor de las conversaciones. El 5 de agosto de 2018 cayó en una finca de San Rafael, Antioquia, y luego fue condenado a 20 años por la justicia ordinaria.
Además del fallido acercamiento con el Clan del Golfo, tampoco fructificó con “los Pelusos” (Norte de Santander), que en 2017 propusieron un diálogo político; ni con la guerrilla del Eln, cuya mesa de negociación con el gobierno del presidente Duque se canceló.
El cuerpo de la ley
La ley, en cambio, les dio más herramientas a los fiscales y agentes que lideran los expedientes contra estas facciones, en cuanto a los plazos para indagar, las herramientas para recaudar evidencias, interceptar comunicaciones, los trabajos encubiertos, entregas vigiladas de dinero, búsqueda selectiva en bases de datos y las medidas de aseguramiento, entre otras disposiciones (artículos 12 a 25).
Endureció las penas para los delitos de constreñimiento ilegal y al sufragante, concierto para delinquir, amenazas y uso ilegal de uniformes (art. 3 a 10). Le puso la lupa a la actuación de algunos civiles, como abogados, contadores y químicos, con una adición al artículo 340A del Código Penal sobre el asesoramiento ilegal: “El que ofrezca, preste o facilite conocimientos jurídicos, contables, técnicos o científicos (...), con el propósito de contribuir a los fines de Grupos Delictivos Organizados y Grupos Armados Organizados, incurrirá en prisión de 6 a 10 años e inhabilidad para ejercer el oficio por 20 años”.
Y respecto a los abogados, se añadió el deber de “acreditar el origen lícito de los honorarios” (art. 6), cuestión que levantó ampolla, porque la mayoría de miembros de las bandas obtiene su dinero de actividades ilegales y con eso paga su defensa jurídica.
La norma dicta que, si los condenados quieren acceder a la libertad condicional, tienen que informarle al juez y a la Uiaf sobre el manejo de sus cuentas bancarias y patrimonio durante 10 años. “Se impondrá al condenado la restricción de realizar operaciones mensuales en efectivo en montos superiores a 10 salarios mínimos y el deber de manejar sus recursos en una cuenta bancaria única” (art. 30A).
El artículo 58 fue uno de los que más rechazo generó entre los cabecillas, pues señala que “en ningún caso la sujeción a la justicia impedirá la extradición de los miembros de los Grupos Armados Organizados”, muchos de los cuales tienen cuentas pendientes con cortes extranjeras, debido a sus actividades de narcotráfico y secuestro. Esto cobija a los jefes del Clan del Golfo.
Estas medidas, que se necesitan para desmantelar a esos grupos, en la práctica hicieron inviables los sometimientos colectivos, pues a la hora de la verdad resulta más beneficioso para los miembros hacer un preacuerdo individual con la Fiscalía.
“El único beneficio era que, partiendo de la máxima pena, había un descuento del 50 %, eso da 30 años de cárcel, contando con que ellos tienen delitos graves. En cambio sin esa norma, tú puedes hacer preacuerdos partiendo de la pena mínima, entonces 30 años los puedes negociar en 15, porque coges el mismo 50 %, pero a favor. Era imposible llenar esos formularios y explicarle a la persona que en vez de rebajarle por someterse, le iba a ir peor”, indicó la abogada.
Según la ley, por aceptar su responsabilidad en los cargos, los integrantes obtienen hasta el 50 % en la rebaja de la pena, con excepción de los crímenes de lesa humanidad, genocidio, delitos contra la vida, contra niños y mujeres, y contra la integridad sexual, para los cuales tendrán un 30 %.
Y tras el desarme, podrán acceder a un Programa de Reintegración Social coordinado por el Inpec, con apoyo de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN).
Los requisitos
En cuanto al procedimiento de sujeción a la justicia, el artículo 33 dejó claro que las normas solo serán aplicables a las estructuras clasificadas por el Gobierno como Grupos Armados Organizados (GAO), es decir, seis en la actualidad: Clan del Golfo, “los Caparros”, “los Pelusos”, Eln, “los Puntilleros” y las disidencias de las Farc.
Esa decisión hundió una iniciativa de “la Oficina”, la confederación de bandas del Valle de Aburrá, que no cumple con ese requisito. Entre 2017 y 2018 varios cabecillas encarcelados de la agrupación, entre ellos Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), enviaron sendas cartas a los presidentes Santos y Duque, proponiendo un desarme de los combos y reparación a las víctimas, a cambio de auxilios jurídicos. Según fuentes cercanas a la iniciativa, la Casa de Nariño nunca les respondió.
El artículo descartó a otros grupos que también ponen en riesgo la seguridad nacional y tienen tentáculos en varias regiones del país, como “los Pachenca” (Costa Atlántica), “la Constru” (Putumayo) y “los Contadores” (Nariño).
Las condiciones para que una banda aspire a un acercamiento con el Gobierno comienzan con una solicitud escrita que contenga, entre otras cosas, la lista de los candidatos para el desarme, los delitos cometidos, “en especial lo relacionado con actos de corrupción y la vinculación de servidores públicos en ellos”, las rutas de narcotráfico, entrega de secuestrados y datos sobre sus víctimas con el respectivo plan para repararlas.
Deben hacer una “relación detallada de los bienes que han sido obtenidos producto de la comisión de conductas punibles y que serán entregados”, con “información de los testaferros del grupo” (art. 35).
El documento legalizó una figura que otrora parecía clandestina: el delegado gubernamental para los acercamientos con las bandas, que será designado por acto administrativo (art. 36) para que pueda reunirse con los representantes del grupo ilegal. Esto también incluye al fiscal delegado para el caso (art. 44).
Durante la negociación, el Gobierno puede suspender hasta por tres meses las órdenes de captura de los integrantes de la facción y establecer corredores de seguridad para que se desplacen hasta las zonas de reunión (art. 40 a 42).
¿Imposible de aplicar?
Claudia Carrasquilla, fiscal Delegada para la Seguridad Ciudadana, y quien en los tiempos en que se tramitó la ley era la directora de Crimen Organizado de la entidad, expresó: “La verdad, como ley de sujeción, ha sido un fracaso, porque no ha logrado que ningún grupo se someta, por lo difícil de la aplicación”.
No obstante, agregó que se aprovechó “para introducir normas que ayudan al trabajo de investigación contra organizaciones delincuenciales. La ley nos brindó mejores herramientas de judicialización”.
También para la exapoderada del Clan, la norma es imposible de cumplir, fruto de los desacuerdos que tenía la Fiscalía con esas negociaciones. “El país perdió una oportunidad de consolidar la paz. Creo que no volveremos a estar tan cerca de lograrlo. Las Farc entregaron las armas, los ‘elenos’ estaban con disposición y el Clan tuvo la voluntad. Pero la oposición contra Santos pudo más”, recalcó.
A juicio de Carrasquilla, los acercamientos no fracasaron por cuestiones políticas, sino por la disfuncionalidad de las jerarquías criminales. “Ningún grupo se ha sometido porque ningún cabecilla puede cohesionar a la organización, no tienen el control total, como pasó con el Clan del Golfo, que a pesar de que él (’Otoniel’) entregó un documento manifestando su deseo de sujeción, los demás cabecillas no quisieron acompañarlo”, precisó.
El abogado Michel Pineda, director de la corporación Compromiso Colombia, y quien conoció los intentos de acercamiento de “la Oficina” hacia el Gobierno, manifestó que “incluso antes de su promulgación, el contenido de esa ley fue criticado por varios penalistas. Fue un desgaste legislativo que no logró convertirse en una herramienta para la construcción de paz”.
A su parecer, “es necesario que haya una herramienta que permita el acogimiento de estos grupos armados, mientras eso no ocurra, nuestras ciudades seguirán desangrándose por el conflicto urbano”.
También consultamos a José Noé Ríos, quien afirmó: “Los que estuvimos en eso creo que no tenemos nada que decir. Su aplicación y sobre todo el estímulo para que se sometieran le correspondía a este Gobierno (el de Duque)”.
En el caso de Antioquia, las autoridades tienen identificadas 136 estructuras de crimen organizado, 94 de ellas en el Valle de Aburrá. En el último año ninguna ha mostrado interés en deponer las armas de forma voluntaria, o no ha logrado despertar el interés del Estado en ello
