La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció este miércoles 19 de febrero el segundo acto de determinación de hechos y conductas del subcaso Antioquia, referido a los asesinatos y desapariciones forzadas en el departamento entre los años 2004 y 2007, que fueron atribuidos a exintegrantes de la Cuarta Brigada del Ejército.
Así, el alto tribunal imputó crímenes de guerra y lesa humanidad de homicidio y desaparición forzada a cuatro generales, 25 oficiales y 10 suboficiales que integraron dicha brigada del Ejército. Esto, por su presunta responsabilidad en 442 “falsos positivos” en Antioquia, de los cuales 26 fueron en contra de víctimas menores de edad.
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De acuerdo con el auto dado a conocer este miércoles por los magistrados Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, y Catalina Díaz, vicepresidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad, es la primera vez que en una imputación por ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, la Sala de Reconocimiento confirma que se cometieron actos de tortura contra las víctimas directas o sus familiares. “Ocurrió en 22 casos con 41 víctimas, especialmente campesinos del Oriente Antioqueño, que fueron arbitrariamente acusados por los militares de ser guerrilleros, milicianos o colaboradores de las guerrillas, y torturados para que les entregaran información, material de guerra o a otros miembros de la guerrilla que supuestamente escondían”, se lee en el auto de determinación.
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Asimismo, las imputaciones se dan en contra de los exmilitares por ser los presuntos responsables de liderar y participar en “una política de conteo de cuerpos” en la jurisdicción que tenían a su mando, pese a que conocían los riesgos que una política así representaba para la población civil, con lo cual se permitió que se desatara un patrón macrocriminal que terminó con el asesinato y la desaparición de la mayoría de las 442 víctimas que conforman el universo provisional de este subcaso Antioquia y que luego fueron presentadas como falsas bajas en combate.
El magistrado Ramelli recordó que parte de esta política de ejecuciones extrajudiciales se enfocó en atentar contra los ciudadanos más indefensos, como campesinos estigmatizados, población LGBTIQ+, menores de edad, personas desempleadas, personas con discapacidades o habitantes de calle. Recordó el caso del niño Elieéer de Jesús Manco Úsuga, de 12 años, quien fue asesinado en Dabeiba, Occidente antioqueño, y presentado como un guerrillero muerto en combate. Hace poco su cuerpo fue entregado de forma digna a su familia, al igual que otras 14 víctimas de estos hechos en esa zona del departamento.
¿Quiénes son los exmilitares imputados por “falsos positivos” en Antioquia?
Por estos hechos, de acuerdo con el auto presentado por la JEP, fueron imputados los generales en retiro Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria, quienes fueron comandantes y jefe de Operaciones de la Cuarta Brigada del Ejército entre 2004 y 2007. El alto tribunal los halló como presuntos máximos responsables de liderar la mencionada política de facto de “conteo de cuerpos”.
También con los generales fueron imputados otros 35 oficiales y subofiales, quienes fueron declarados responsables de liderar la implementación de esta política o de participar de forma determinante en la ejecución de los crímenes. “Se trata de integrantes de seis batallones de la Cuarta Brigada: Batallón de Infantería No. 4 ´Jorge Eduardo Sánchez´ (BAJES), Batallón de Ingenieros de Combate No. 4 ‘General Pedro Nel Ospina’ (BIOSP), la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas 5 (AFEUR 5), Batallón de Infantería No. 10 ‘Coronel Atanasio Girardot’ (BIGIR), Grupo de Caballería Mecanizado Juan del Corral (GMJCO) y Batallón de Infantería No. 32 ‘General Pedro Justo Berrio’ (BIPEB)”, indica el auto de determinación.
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En medio de la evidencia judicial y la contrastación del acervo probatorio de este caso, la Sala de Reconocimiento de Verdad estableció que desde el primero de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2007 ocurrieron por lo menos 270 hechos con las 442 víctimas, de las cuales 434 fueron asesinadas y 8 sobrevivieron. Del total de víctimas, 203 personas fueron víctimas de desaparición forzada y 41 de ellas fueron torturadas. Estos hechos se dieron, según la JEP, con el fin de presentar los cuerpos como falsas bajas en combate para responder de forma satisfactoria a la presión que ejercían los altos mandos de la Cuarta Brigada y de las distintas unidades militares, para preservar la carrera militar y para obtener prestigio y beneficios.
En el auto también consta que fueron imputados dos terceros civiles que integraban una red criminal dedicada a reclutar a las víctimas y entregarlas a los militares para que las asesinaran, a cambio de sumas de dinero.
Este auto de determinación de hechos y conductas es el séptimo que expide la JEP dentro del Caso 03, que investiga los “falsos positivos” en todo el país y que ha confirmado la existencia de un patrón macrocriminal en Norte de Santander, la Costa Caribe, Casanare, Huila, el Cementerio las Mercedes de Dabeiba y el Oriente Antioqueño. Luego de que el alto tribunal ha esclarecido miles de hechos ilustrativos de dicho patrón, se concentrará ahora en determinar si existieron o no responsabilidades en el nivel nacional. Esto, con el fin de garantizar el derecho a la justicia de las víctimas de Colombia y resolver definitivamente la situación jurídica de más de 4000 antiguos miembros de las fuerzas militares acogidos a esta jurisdicción especial.
Hay que recordar que en agosto de 2023, la JEP había determinado que el general Mario Montoya Uribe, comandante de la Cuarta Brigada para 2002 y 2003, puso en marcha en su jurisdicción la misma política de facto de conteo de cuerpos, por lo cual también le imputaron címenes de guerra y de lesa humanidad a él y a ocho oficiales y suboficiales más del BAJES. Montoya optó por la vía adversarial y fue remitido a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) del alto tribunal, al igual que el coronel Iván Darío Pineda Recuero. Los otros siete exmilitares imputados, entre ellos un coronel, reconocieron su responsabilidad y se aprestan para la Audiencia pública de reconocimiento de verdad y responsabilidad.
La JEP también recordó que la política de conteo de cuerpos que encontró probada la Sala al interior de la Cuarta Brigada es una política de facto, en tanto que no fue consignada de manera formal en ley, decreto o documento oficial de planeación, sino que fue puesta en marcha por los comandantes militares en las operaciones: “Esta política no está consignada ni surge del documento de la Política de Defensa y Seguridad Democrática, ni del Plan Patriota, ni del Manual de Estado Mayor 3-50. De hecho, es contraria a lo previsto expresamente en estos documentos oficiales”.
Algunos hechos establecidos en el auto por la JEP
Entre algunas de las consideraciones que se incluyeron en el auto de determinación están, por ejemplo, que el imputado general González Peña les insistía a las tropas, por medio de programas radiales emitidos el 17 y 21 de marzo de 2004, acciones que llevarían a cometer esos crímenes, a través de frases como “Lo único que cuentan son las bajas”, “Las capturas no nos sirven para nada” y “Lo único que sirve es dar de baja al enemigo”, afirmaciones que fueron replicadas por Rodríguez Clavijo con los hombres bajo su mando. “A-6 (...) cuando va a hacer una baja mi mayor, un mayor de infantería y no ha hecho una bajita, si usted no lo hace yo lo meto allá donde esté el enemigo, póngase las pilas mi mayor”, le dijo a la tropa en un programa radial del 14 de diciembre de 2006, según las pruebas de la JEP.
El alto tribunal también estableció que el oficial de Operaciones de la Cuarta Brigada, Juan Carlos Piza Gaviria, ordenaba diariamente: “Tenemos que por lo menos completar las 30 bajas este mes”; “A la fecha 25 de julio llevamos solamente 241 bajas. Si seguimos con esa tónica de tres bajas diarias, al término del mes lograremos completar por lo menos 20 bajas”; “Nos quedan 48 horas para aumentar los resultados. Por lo menos completar los mismos del año pasado. Faltan 8 bajas para completar 30”; entre otras.
Entre otros elementos que encontró la Sala como probados están que la política de facto de conteo de cuerpos incluyó “actas de compromiso” suscritas por los comandantes y miembros de las unidades, en las que se comprometían explícitamente con un número específico de bajas en combate. También que los altos mandos descalificaban las capturas de los insurgentes y ponían por encima las muertes en dichos combates. “La narrativa creada por los mandos y transmitida cotidianamente a sus tropas a través de los programas radiales fue que el buen soldado era aquel que producía bajas”, se lee en el auto.
A esto se suma que la Sala encontró múltiples pruebas de que organizaciones de derechos humanos, entidades del Ministerio Público, familiares de las víctimas y medios de comunicación como EL COLOMBIANO, produjeron alertas en su momento sobre las posibles ejecuciones extrajudiciales, pero que los ahora generales (r) imputados las desestimaron. Sobre ellos, según el auto de la JEP, también había caído información, a lo largo de los años que ocuparon los cargos en la Brigada, de que los hombres a su mando estarían asesinado civiles.
Entre las menciones que hace la JEP están informes de organizaciones diversas de derechos humanos al respecto. “Por ejemplo, el 19 de junio de 2005, el periódico El Colombiano publicó la noticia titulada “Sigue crítica la situación de Antioquia”, en donde incluso se reproduce parte del texto del informe: “Se registraron denuncias de ejecuciones de civiles atribuidas a miembros del Ejército Nacional que posteriormente fueron presentados como guerrilleros muertos en combate. Esta situación se presentó particularmente con miembros de la Brigada IV en Medellín (Antioquia), donde además se denunciaron las alteraciones de la escena del crimen, así como en el Oriente Antioqueño. Son representativas de esto la masacre de cuatro campesinos, entre el 31 de diciembre de 2003 y el 1.º de enero de 2004, en Granada”.
¿Quiénes fueron las víctimas de estos falsos positivos y qué sigue para los militares imputados?
De acuerdo con el auto de la JEP, las víctimas de los hechos por los cuales se imputó a los exmilitares eran casi todos hombres jóvenes (413 de las 442 víctimas) y 19 mujeres (15 de ellas asesinadas en el Oriente antioqueño). Como ya se dijo, de ese total 26 eran niños y niñas. Además, la mayoría de las víctimas eran campesinos, habitantes de barrios populares de Medellín y el área metropolitana y personas en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica.
La región más afectada por estos crímenes fue el Oriente antioqueño, con 182 de los casos, pero en los años que cobija este auto también se estableció la consolidación de otros dos nodos del patrón criminal: uno en el Valle de Aburrá, con 122 falsos positivos, y otro en el norte de Antioquia, con 62 víctimas. La Sala también documentó 37 casos en el Suroeste, 35 en el Occidente y 2 en el Bajo Cauca.
A los familiares de las víctimas asesinadas, desaparecidas y presentadas como bajas en combate les tocó cargar con secuelas físicas, como enfermedades, pero también problemas de salud mental, así como dificultades económicas y una alta estigmatización en las comunidades, luego de que sus seres queridos fueran señalados como guerrilleros.
Ahora, los 41 exmilitares imputados tienen un plazo de 30 días hábiles para aceptar o rechazar los delitos, también pueden presentar información o argumentos adicionales. Por su parte, las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo lapso para hacer observaciones sobre lo determinado en esta decisión judicial.
En caso de que los comparecientes acepten los cargos, la JEP convocará una audiencia pública para que reconozcan su responsabilidad y aporten verdad ante el país, lo que, de ser declarado como efectivo por la Sala les permitirá resolver su situación jurídica. “Antes de determinar las labores, obras y actividades que deberán cumplir como parte de su sanción, la cual será monitoreada y verificada, esta instancia del tribunal se asegura de que la sentencia garantice los derechos de las víctimas, ofrezca seguridad jurídica a los comparecientes y cumpla con los estándares internacionales”, indicaron desde la JEP.
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En caso de que los comparecientes rechacen su responsabilidad en estos hechos y opten por la vía adversarial, como lo hizo el general Montoya, serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, para que esta decida si los acusa ante el Tribunal para la Paz. Tendrán un juicio con todas las garantías y, si son hallados culpables, podrían enfrentarse a penas de hasta 20 años de cárcel.
El presidente Ramelli recordó que las investigaciones no son solo en contra de exintegrantes de las Fuerzas Militares, sino también en contra de antiguos miembros de las extintas Farc. Dijo que la JEP ha imputado a los antiguos integrantes del último secretariados de las Farc por mas de 20.000 secuestros, 18.600 reclutamientos de menores de edad, violencia sexual, abortos y anticoncepción, hechos que no contaban con ninguna condena en la justicia del país.
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