La esperanza de días mejores se esfumó muy pronto. Ituango, zona de ubicación estratégica por ser el corredor entre el Bajo Cauca y el Urabá antioqueño y, por tener en su territorio el proyecto hidroeléctrico más grande de Colombia, tuvo una pequeña tregua de un año después de dos décadas de trincheras, desplazamientos y masacres.
Pero la desventura, que se ensaña cada tanto con ese pueblo ubicado entre los pliegues más gruesos de la Cordillera Occidental, regresó tras el vacío que dejaron las Farc cuando se desarmaron. Entonces, la guerra se atomizó.
Como si fuera poco, la emergencia por la obstrucción de un túnel de desvío en Hidroituango, iniciada el 28 de abril pasado, terminó de sepultar las esperanzas de los ituanguinos que quedaron aislados, al otro lado del Cauca, y sin los recursos próximos que esperaban por la operación de la central.
“La situación es muy compleja”, dice Carlos Ignacio Cárdenas Montoya, párroco del pueblo. “La inseguridad lleva a que la gente salga de las veredas y a que los jóvenes dejen la escuela por amenazas o reclutamiento. No creíamos que la situación se iba a tornar tan difícil”, añade el religioso.
El alcalde Hernán Álvarez Uribe reconoce que además de la inseguridad, le preocupa el impacto en las finanzas municipales sin los $15.000 millones que esperaban recibir, entre octubre próximo y diciembre de 2019, por la operación de Hidroituango. “No vamos a poder cumplir las expectativas del Plan de Desarrollo, se van a ver afectados los sectores agropecuario, de infraestructura y vivienda”, lamenta.
La disputa por el territorio
Ituango padece una “enfermedad” llamada geografía. Por eso las autoridades la han determinado como un área de interés criminal porque quien tiene control sobre los 2.347 kilómetros cuadrados de extensión, domina las rutas del narcotráfico entre el Bajo Cauca, Urabá y Chocó.
En el conflicto con las Farc, Ituango tenía tanta importancia. Hoy esa valía es mayor por varios factores: las 800 hectáreas de coca que hay sembradas, según el Ejército Nacional; la comercialización de pasta de base de coca; la minería ilegal de oro y níquel; el microtráfico y la extorsión.
Además, en el territorio está asentada infraestructura estratégica del Estado, como Hidroituango y la futura línea eléctrica hasta Cerro Matoso.
La complejidad la completa el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, en la vereda Santa Lucía, donde permanecen excombatientes de las Farc.
El brigadier general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Cuarta Brigada, señala que los anteriores factores de inestabilidad hacen que el territorio sea disputado actualmente por grupos armados organizados, como el Clan del Golfo y la disidencia del frente 36 de las Farc, liderada por alias “Cabuyo”, además de grupos delincuenciales que llegaron del Valle de Aburrá.
En Ituango, según Ramírez, hay 980 soldados en diferentes frentes: erradicación de matas de coca (este año llevan 500 hectáreas), desminado, vigilancia de construcciones civiles y ofensivas contra los ilegales.
El coronel Carlos Sierra, comandante de la Policía Antioquia, dice que en lo corrido del año van 48 homicidios, 70 % relacionados con narcotráfico.
La cifra se disparó porque en 2016 (año en el que se firmó el Acuerdo de Paz) solo fueron cinco muertes violentas y, en 2017, se elevaron a 18.
Un complejo presente
El párroco Cárdenas dice que a todo eso se suma la falta de inversión estatal. “Las vías terciarias están vueltas una melodía. Así, ¿cuándo los campesinos se van a animar a sacar sus productos? Pedimos la presencia del Estado, no represiva ni violenta, sino con una nueva pedagogía de compromiso social y más inversión en la región”, reclama.
María Victoria Zapata, rectora del colegio Pedro Nel Ospina de Ituango, opina que están viviendo un retroceso.
“En estos brazos caídos de la guerrilla pudimos disfrutar meses de una tranquilidad deliciosa. Al pueblo se le vio confianza, hasta con personas retornando después de 30 años. Pero este año llevamos casi 50 asesinatos. Hoy la guerra es peor porque es desdibujada, el panorama es oscuro con tantos actores en el territorio que no nos permiten ver lo qué está pasando”, sostiene.
Leonardo Antonio Jaramillo, desplazado del corregimiento de Santa Rita, cuenta que no puede caminar tranquilo porque “para meterse a una vereda se tiene que pedir permiso. Hago mis mandados y me voy ligero para la casa”.
El aislamiento durante la contingencia en Hidroituango generó que los transportadores y el comercio organizado de Ituango salieran a paro, pidiendo a EPM que aumentara las tres caravanas que estaban pasando por el proyecto, única vía de conexión tras la sumersión del puente Pescadero. Desde el 12 de agosto se incrementaron, llegando ahora a 10 recorridos diarios.
Pese a ello, el menor arribo de vehículos disminuyó el abastecimiento de algunos productos en el pueblo.
Juan Bautista Pozo López, desplazado por la violencia en 1997, dice que escasean las verduras. “Nos echaron de las fincas. Se quedaron solas sin quién trabaje y nosotros por acá sufriendo”, anota.
Por eso Yamid Higuita, líder de los barequeros cesantes del río Cauca, clama: “estamos cansados, no necesitamos tantos policías sino que nos ayuden. ¿Para qué tanta gente armada acá? ¿Para más guerra?”.
Un dolor llamado deserción
La consecuencia más sensible de los vientos de guerra que resoplan en Ituango es la deserción. Según la Gobernación, 540 estudiantes no volvieron a las aulas este año.
El gobernador Luis Pérez Gutiérrez denuncia que los grupos criminales ofrecen entre $1.400.000 y $1.800.000 a los jóvenes para que se enlisten. “Tenemos mucha preocupación con 120 de los 540 jóvenes que no han vuelto a estudiar. Presumimos que se han metido a bandas criminales o están en conversaciones para ingresar. Nos duele, es muy delicado”, anota.
Néstor David Restrepo, secretario de Educación de Antioquia, califica la situación de “muy preocupante”. “Con un solo niño que dejemos ir a estas filas, de los 532.000 que estudian en el departamento, perdimos el año”, afirma.
“Muchos chicos del grado once quieren repetir el año para no tener que salir del colegio, tienen miedo de irse”, dice la rectora Zapata.
Recuperar el rumbo
Las autoridades anunciaron el miércoles pasado una serie de medidas para intervenir la crítica situación del municipio. El Ejército implementará un plan de seguridad para garantizar el orden antes de 30 días en el casco urbano.
Otros componentes serán la agilización de los trámites para construir la carretera hasta el corregimiento de El Aro, que tiene recursos asignados por $23.500 millones; un programa de mejoramiento de 114 escuelas rurales y la visita del Politécnico Jaime Isaza Cadavid para que ofrezca el próximo año carreras técnicas.
El brigadier general Alberto Sepúlveda Riaño, comandante de la Séptima División del Ejército, añadió que a Ituango llegarán ingenieros militares para recuperar infraestructura vial que está en mal estado, brigadas sociales y tropas para reforzar las operaciones contra la delincuencia organizada.
La gente en Ituango espera que estas acciones se materialicen para que los días de tedio no regresen. Es gente de paz: fue uno de los 29 municipios antioqueños donde ganó el Sí en el plebiscito, con el 69 %.
Por eso el pueblo quiere luchar, como dice la rectora Zapata, “para que los únicos problemas sean los de la cotidianidad, los del diario vivir: los de los comerciantes en sus negocios, los de los conductores en sus carros, los de los profesores en sus colegios. Es que sortear la guerra es muy difícil, es como si se perdiera el rumbo, como si se perdiera el horizonte”.
