Después de cuatro años de denuncias y controversias, el contratista que en 2019 fue escogido para encargarse de las obras principales del autódromo de Bello apareció en escena para echar al agua a sus antiguos jefes.
En medio de la cada vez más compleja guerra jurídica que desató ese megaproyecto, que desde el año pasado tiene a Indeportes y a la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia (Viva) en un cruce de millonarias demandas, la firma Ingecon se refirió públicamente por primera vez a los líos de la obra y formuló graves señalamientos a esas dos entidades.
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Aunque la lista completa de reparos está consignada en una demanda con la que esa firma busca un resarcimiento de por lo menos $87.000 millones de la Gobernación, varios señalamientos sobresalen por ser especialmente sensibles, como la supuesta pérdida de cerca de $1.300 millones que habían sido destinados para el pago de seguros y la existencia de alertas que apuntarían a que desde 2019 se sabía que la obra no iba a terminarse a tiempo.
Así lo explica la abogada de Ingecon Laura Holguín Moreno, quien sostiene que estos y más problemas no solo habrían terminado malogrando el autódromo sino golpeando duramente las finanzas de sus constructores, que luego de ser sacados del proyecto quedaron al borde de la quiebra.
Por su parte, el exgerente de Viva, Luis Eduardo Tobón, al frente de la entidad cuando se contrató la obra durante la administración del gobernador Luis Pérez Gutiérrez, sostiene que los señalamientos de los constructores no tendrían asidero y que cada centavo fue debidamente ejecutado al interior de esa entidad.
Cobros cruzados
Para comprender el lío de las pólizas hay que remontarse al 21 de enero de 2019, cuando el entonces gobernador de Antioquia, Luis Pérez, y el entonces gerente de Indeportes, Javier Mauricio García, firmaron un convenio marco para construir el controvertido autódromo, promocionado como un parque ambiental y bautizado como el “Central Park” de Antioquia.
Pese a arrastrar cuestionamientos ambientales que hoy siguen vigentes y líos jurídicos como la titularidad de un predio en el que funciona un parqueadero (que quedó incluido en los diseños y las licencias urbanas), la administración de entonces avanzó contra viento y marea para dejar contratado y licitado ese proyecto antes del cambio de gobierno.
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Aunque la entidad responsable de la obra siempre ha sido Indeportes Antioquia, esta a su vez firmó el 29 de mayo de 2019 un convenio interadministrativo con Viva para buscar a un contratista.
A través del modelo de invitación privada, esta última entidad aceptó el 26 de agosto de 2019 la oferta presentada por la empresa Ingeniería y Construcciones S.A.S. (Ingecon), por un valor inicial de $54.490 millones.
Según advierte Holguín Moreno, en el contrato entre Indeportes y Viva, paraguas del contrato entre Viva e Ingecon, se pactó que las pólizas del proyecto tendrían que quedar a cargo de los constructores, como en efecto terminó haciéndose. “Esas pólizas le valieron a Ingecon aproximadamente $400 millones”, dice la abogada.
Sin embargo, en medio del proceso de revisión del proyecto, Holguín señala que salieron a la luz varios oficios en los que puede verse que Indeportes le giró a Viva $1.729 millones para contratar esas mismas pólizas, equivalentes al 1,4% del valor que para finales de 2019 ya alcanzaba el contrato entre Viva e Indeportes: $123.228 millones.
“Indeportes le pagó ese valor a Viva y Viva debió pagarle su parte a Ingecon. Hoy de los $400 millones que Ingecon pagó, Viva le sigue debiendo el 25%. Es decir, Viva cobró $1.300 millones de más y le debe el 25% a Ingecon”, denunció Holguín, señalando no saber en dónde terminó ese dinero y apuntado que el tema debería investigarse.
Para conocer su versión ante ese señalamiento, EL COLOMBIANO consultó con el exgerente Tobón Cardona, quien en su defensa remitió un oficio enviado por él a la entonces gerente de Indeportes, Lisana Sofía Sánchez Ledesma, en los que se puso a disposición del instituto los $1.300 millones que Ingecon dice que se perdieron.
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“(...) Viva no debía constituir las garantías a favor de Indeportes Antioquia, sino que esta se las exigiría al proveedor que seleccionara para la ejecución de las obras, me permito informarle que se pone a su disposición los recursos que se estimaron para ello equivalentes a la suma de $1.300 millones”, se lee en la comunicación, que aparece firmada por Tobón y radicada el 29 de noviembre de 2019.
Además del asunto de las pólizas, Ingecon sacó más “trapitos al sol” y añadió que durante la etapa de preconstrucción (es decir, antes de empezar las obras en firme) la empresa encontró problemas en los diseños entregados por Indeportes.
De acuerdo con Holguín, el martes 18 de septiembre de 2019, el mismo día en el que el exgobernador Pérez Gutiérrez encabezó un acto simbólico en el que se puso la primera piedra del autódromo, en privado los constructores ya habían alertado que los tiempos no iban a dar para tener la obra lista antes del cambio de gobierno.
Como prueba de los ajustes que tuvieron que hacerse, Holguín señala que en octubre tuvo que firmarse una adición de cerca de $26.000 millones al contrato original, equivalentes a un 50% más, el límite máximo permitido por las leyes de contratación.
Sin embargo, argumenta Ingecon, los costos siguieron subiendo por encima de ese límite, teniendo que incluir los protocolos de bioseguridad que implicó la pandemia, obras extras, trabajos de arqueología e imprevistos, estos últimos que tampoco habrían sido incluidos en el valor original.
En su lista de quejas, Ingecon también argumenta que Viva habría cometido más inconsistencias, como por ejemplo la falta de soportes para demostrar la ejecución de $11.749 millones a Indeportes, que aparecen mencionados en un informe de supervisión del contrato radicado el 25 de enero de 2022.
En medio de todos estos líos, la firma constructora argumenta que terminó asfixiándose económicamente y por eso la obra se estancó.
Con estos y más argumentos, la firma busca que tanto Indeportes como Viva le reconozcan cerca de $87.000 millones, en los que están incluidos cerca de $30.000 millones por los perjuicios que sufrió la empresa al tener que entrar en proceso de reorganización, $10.000 millones por gastos que les ocasionó la pandemia, entre muchos otros.
Al ser consultados sobre este tema, desde Indeportes, entidad que sigue con la vocería del proyecto, su jefe jurídico Santiago Toro Sierra señaló que estas y más acciones vienen siendo analizadas desde el cambio de gobierno hace seis meses, ya que las mismas venían cursando desde 2023.
Desde instituto, el funcionario señaló que se interpuso un recurso buscando ser desvinculados de la demanda de Ingecon, ya que dicho contrato fue firmado por Viva.
De igual forma, insistió que entre Viva e Indeportes vienen trabajando de forma conjunta para encontrarle una salida al enredo jurídico que heredaron del gobierno pasado.
“Nosotros en este momento también estamos resolviendo la situación con Viva e Indeportes, que es un proceso judicial que se adelantó en la administración pasada. Estamos analizando de forma exhaustiva qué se hizo en los gobiernos anteriores, que se pagó, que no se pagó, para ver si se puede entrar en alguna conciliación judicial”, añadió Toro Sierra.
