En el colegio Diego Echavarría Misas, del noroccidente de Medellín, se sienten impotentes ante la cercanía de las lluvias de abril. De hecho, con los primeros aguaceros de esta semana, aunque no han sido tan fuertes, ha comenzado a gotear agua por las paredes y el problema es que no tienen ni un peso con qué contratar las reparaciones en el techo que son urgentes.
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Según explica César Ceballos, rector de esta institución educativa ubicada en el barrio Florencia, en la comuna 5, la sequía económica que los tiene varados se origina en que el Gobierno Nacional no les ha girado ni a ellos ni a ningún establecimiento educativo de carácter público la plata que normalmente les envía del Sistema General de Participaciones con la que cuentan para contratar trabajos de mantenimiento y reparaciones menores, así como para comprar material didáctico, papelería, elementos de aseo e implementos deportivos.
Se trata de un dinero que no pasa por las Secretarías de Educación, sino que llega de manera directa de la Nación a cada establecimiento. Lo normal es que se conozca la resolución del Ministerio de Educación donde los aprueba y durante los anteriores seis años, de acuerdo con Ceballos, encontraban la plata en la cuenta bancaria a más tardar en la primera semana de marzo. Es más, en 2023, según añade, estuvo desde la última semana de febrero. Sin embargo, este año, avanzada ya la primera semana de abril, la plata nada que llega aún.
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“Los rectores dejamos una cola de remanente para que el colegio funcione bien en los tres primeros meses del año siguiente y ese remanente yo lo proyecté para pagar el contador, servicios públicos como telefonía y gas; así como de pronto el jabón u obras de mantenimiento básico, pero ya se acabó y no hay idea de cuándo consignan. En este momento estamos colgados porque no hemos podido contratar mantenimiento”, se lamenta Ceballos.
Fuera de los techos que ya avizoraban desde el inicio del año lectivo la necesidad de alguien que se subiera a limpiar las hojas de árboles que deposita allí el viento con el fin de que no taparan las canoas de escorrentía, en el Diego Echavarría urge además buscar cómo reparar un daño en los lavamanos, ocasionado por el uso brusco de los estudiantes.
Pero también está en veremos la contabilidad a partir de abril porque sin plata tampoco se puede renovar el contrato del contador. Y adicionalmente ha sido imposible proyectar el presupuesto de 2024 porque no se sabe cuál va a ser el monto del giro para este periodo.
La situación apremia igualmente porque Ceballos tampoco ha podido renovar la contratación con la empresa que le provee el programa de administración de calificaciones y debe entregar notas del primer periodo lectivo en abril.
Para muchos colegios el rubro de ingresos por SGP llega a 35 o 40 millones con los que deben hacer magia porque de ahí salen todas esas necesidades imprevistas, pero otra novedad de los últimos dos años es que si acaso no se ejecuta el 100 por ciento del presupuesto en el periodo para el que fue asignado, al año siguiente no les mandaban el monto total que les correspondería de acuerdo con el número de alumnos, bajo la premisa de que si no lo gastaron era porque no lo necesitaban y eso quiere decir que un ingreso que ya era limitado se reduce aún más. Antes lo que quedaba simplemente se incorporaba al fondo Educativo de Servicios como recursos del balance y el rector lo podía reasignar acorde con las necesidades del momento.
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John Jaime Restrepo, otro rector que ejerce en el colegio Efe Gómez, de Fredonia, explica cómo despliega sus artes de prestidigitador para hacer rendir la exigua cifra con el fin de atender a los 700 alumnos de su institución y tres sedes a cargo: Son en promedio 38 millones de pesos y de ellos hay gastos fijos como el pago del contador por cuatro millones y la póliza de manejo de recursos que cuesta mínimo cuatro millones más.
Es decir que el saldo ya va en 30 millones y de allí sufraga dos millones del programa de sistematización de calificaciones; quiere decir que son solo 28 millones para comprar materiales didácticos, dotar laboratorios, adquirir papelería, costear la ceremonia anual de grados, ejecutar reparaciones locativas y hasta cargar los extintores y celebrar la fiesta de la democracia. Además, debe tener en cuenta que hay que descontar el 19% del IVA que viene con cada contrato.
De ahí que ha tenido que hacerse el de la vista gorda con los problemas en el sistema eléctrico que hacen brincar con frecuencia a quien se atreva a tocar algunos tomacorrientes. “Como yo ya llevo tiempos comunicando esa falla, el día en que suceda un accidente me toca limpiarme las manos”, advierte.
Todo eso lleva igualmente a que el Efe Gómez nunca pueda comprar un instrumento para la banda músico-marcial porque no queda con qué y las fachadas de los tres locales llevan casi dos décadas sin darles un cariñito.
“Los estudiantes aportan cada año para pintar los salones de manera interna, como si fuera su tarea, pero para la parte externa no tenemos y uno vive pasando vergüenzas porque la pintura está deteriorada”, apunta el rector.
Restrepo ni siquiera le echa la culpa a la Alcaldía, porque siendo un municipio de categoría seis, no le alcanza con qué mantener bien los seis colegios que hay en su jurisdicción. Así las cosas, la única salida es acudir a la gestión, que en palabras de Restrepo equivale a pedir limosna.
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El problema es que, desde su experiencia como fiscal del sindicato de directivos docentes de Antioquia (Usdidea), ha constatado que no se trata de penurias particulares, sino que son comunes a los 116 municipios del departamento que no están certificados, lo que quiere decir que no son autónomos para manejar la educación. Incluso hay otros peores porque, por ejemplo, Turbo tiene que anexar a su lista de gastos hasta el pago de energía y agua y prácticamente para eso le alcanza lo que le transfieren por SGP. Los afortunados, en su concepto, son escasamente Envigado, Sabaneta, Itagüí y Rionegro, donde las administraciones municipales sufragan las necesidades de los colegios, mientras que la Nación gira.
Ceballos explica, por su parte, que no es que le falte creatividad o pericia para sortear las dificultades. De hecho, había reservado 18 millones de pesos del año anterior y de ahí fue que sacó tres millones para pagar al contador hasta marzo, otro millón para una obra pequeña de mantenimiento y compró algunos pupitres urgentes para comenzar el año lectivo. Pero resulta que no pudo estirar más la plata y la ley le impide contratar a crédito, lo que requiere de urgencia.
Restrepo, por su parte, no se lamenta porque asegura que en sus 31 años de experiencia ya se ha acostumbrado a sufrir las carencias y a que el Gobierno se retrase con lo que le toca.
Además, como en un ataque increíble de comprensión, añade, contradiciendo en parte a Ceballos, que casi siempre le ha tocado aguardar hasta mediados o finales del cuarto mes del año, porque el Ministerio de Educación solo sabe a finales de marzo cuántos alumnos se matricularon hay en cada colegio y esta es la base para calcular cuánto les mandará, de suerte que si acaso la plata llega a mediados o finales de abril.
No obstante, recordó que la infraestructura educativa en Antioquia tiene un atraso de 55 años, por lo que las cuitas de los directivos docentes y las comunidades educativas se hacen menos llevaderas cuando les toca lidiar con construcciones viejas y sin plata para mantenerlas en buen estado.
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EL COLOMBIANO buscó la versión del MEN, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta. Por otra parte, la Secretaría de Educación del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín contestó que desde el 14 de marzo pasado le solicito a la Subdirección de Distribución de Recursos Territoriales del Ministerio de Hacienda el documento de distribución recursos del SGP por los componentes de calidad y calidad-gratuidad, con la intención de iniciar los trámites presupuestales y contractuales para la prestación de servicios financiados con cargo a esos rubros en los establecimientos educativos que los requieren para cubrir sus necesidades, y que luego, el 22 de marzo, en la página web del Departamento Nacional de Planeación apareció dicha información, pero “a la fecha está pendiente el giro de los recursos y la publicación de la Resolución Ministerial por la cual se ordena asignar y transferir los recursos”.
Este jueves Ceballos le informó a EL COLOMBIANO que le acaba de llegar la documentación donde muestran que la plata ya fue aprobada y él calcula que el giro se haría efectivo en el transcurso de la próxima semana, no obstante, cada día que pasa sigue rogando para que las goteras no produzcan más daños mientras que él puede contratar el mantenimiento de la cubierta de su colegio.
