“Ante ponencia negativa se retira el proyecto de ordenanza que buscaba darle más recursos a la seguridad y proteger a los antioqueños. Después de esa ponencia, es difícil salvarlo jurídicamente. Persisto en mi convicción de la seguridad como un bien de la República. Ahí me mantendré. Pasamos por momentos muy turbulentos que demandan liderazgos firmes y compromiso de los ciudadanos”, expresó Rendón a través de su cuenta de X.
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En su pronunciamiento, el gobernador reprochó que sin esos recursos que se buscaban recaudar el camino para financiar la compra de 10.000 cámaras de seguridad, construir nuevas cárceles y hasta atender emergencias ocasionadas por el cambio climático estaría cuesta arriba.
En un documento inicial de tres páginas, la administración departamental buscaba adoptar una tasa especial de seguridad y convivencia, que sería cobrada los estratos 4, 5 y 6 vía servicios públicos.
Según quedó plasmado en el documento, además de los hogares, también se buscaba que usuarios comerciales e industriales aportaran a la misma, a través de una fórmula que se aplicaría al servicio de energía.
“La razón de ser para la creación de la tasa especial de seguridad y convivencia (...) es para obtener recursos que ayuden a construir y mantener las condiciones necesarias para la seguridad de los habitantes”, se lee en la exposición de motivos firmada por el gobernador Rendón, en la que se alertaba que Antioquia ya tiene más de 300 organizaciones criminales y un incremento en la tasa de homicidios en subregiones como el Occidente y el Suroeste.
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Sin embargo, apenas cuando el debate comenzaba a despegar, bancadas como las del movimiento Creemos expresaron sus reparos al nuevo impuesto.
Por ejemplo, en caso del diputado Juan Felipe Vélez Álvarez, este ya tenía una ponencia negativa redactada, de unas 15 páginas, en las que argumentó que el proyecto no era viable, por aparecer en un contexto económico adverso, golpear a las empresas, restarle incentivos a la inversión y no ser socializado adecuadamente.
“Si bien el Departamento manifiesta la necesidad de contar con recursos adicionales para garantizar las necesidades de seguridad, y si bien se había mencionado la idea de obtenerlos por medio de fuentes alternativas, ha habido muy poca socialización con los diputados, gremios empresariales y ciudadanía en general sobre este proyecto de ordenanza. La falta de comunicación y consenso puede llevar a una falta de apoyo y a una percepción de imposición unilateral de medidas que afectan a toda la población”, planteó el diputado en su ponencia negativa.
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Desde la bancada del Pacto Histórico, el diputado Manuel García Lozano también consideró que la sobretasa iba en contravía de los esfuerzos desplegados desde el orden nacional para modular el precio de la energía, que durante los últimos años se ha disparado e impactado al resto de la economía.
“Como diputado de Antioquia le solicito gobernador respetar las decisiones de la Asamblea de Antioquia y no tratar de ocultar las ilegalidades de ese proyecto de ordenanza y además cambiar la verdad del debate, el proyecto es ilegal y aumentada más el costo de energía en Antioquía”, expresó también el diputado Luis Eduardo Peláez.
Por su parte, el Comité Intergremial cuestionó la iniciativa no solo por representar un impacto negativo para la economía del departamento, sino por no haber sido socializado ampliamente con el sector privado y la ciudadanía en general.
“Antioquia y Colombia atraviesan por una serie de dificultades económicas y sociales, presentadas ampliamente por instituciones como el Dane, donde la gran mayoría de las actividades empresariales presentan decrecimientos significativos, lo cual impacta drásticamente el empleo y las condiciones de vida en nuestro departamento”, expresó esa organización en un comunicado que aparece firmado por su presidente ejecutivo Nicolás Posada.
