En medio de la polémica que desató la resolución 0377 de 2024 del Gobierno Nacional que daría vía libre a las Áreas de Protección para la Producción Agrícola (APPA), limitando el uso de 250.000 hectáreas del Suroeste antioqueño exclusivamente para este fin, el gobernador Andrés Julián Rendón y varios alcaldes de la región no solo criticaron que se está desconociendo la autonomía territorial, sino que también se mostraron preocupados por el “desconocimiento” de la vocación productiva de cada municipio.
Tras la reunión que sostuvieron en Ciudad Bolívar el gobernador y 16 de los 23 alcaldes de esa subregión, el pasado 14 de enero, expresaron su preocupación por recomendaciones que hizo el gobierno nacional en este sentido. Uno de los más llamativos es el caso de Betulia, cuyo alcalde, Néstor Camilo Serna, manifestó estar desconcertado: “Para Betulia, esa resolución recomienda sembrar arroz, la gulupa, el lulo, la mandarina, el mango, la naranja valenciana, que es especial, entre otros productos, y por eso estamos altamente preocupados”.
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El gobernador Rendón también se pronunció sobre este municipio y amplió los detalles de dicha recomendación. En un primer momento, en el discurso que dio el martes desde Ciudad Bolívar, dijo que esos productos propuestos para Betulia “no son compatibles con los suelos de ninguno de estos 22 municipios (del Suroeste)”. El mandatario departamental reiteró que este aspecto demuestra que hay “profundo desconocimiento e improvisación” en la construcción de la resolución nacional, la cual había anunciado ese día que demandará con respaldo de varios de los alcaldes de la región.
Posteriormente, en diálogo con Blu, el gobernador aclaró que no habló de los 23 municipios del Suroeste, en tanto que Urrao, que es uno de los más extensos de Antioquia, comprende el 40% del Suroeste, tiene un área mínima establecida en la resolución, pero aclaró que los demás están en sintonía con demandar la decisión del Ministerio de Agricultura. Resaltó que Betulia es un municipio muy empinado en el que el producto principal es el café y que esa es la vocación agrícola.
Otra de las críticas que más hicieron tras la cumbre fue que muchas de las recomendaciones que hicieron en el proceso los alcaldes y la Gobernación no fueron tenidas en cuenta y que fueron pocas las reuniones que se hicieron para promover la participación de los territorios. “Aquí, una vez más, se posa la mano del gobierno nacional como esa mano que asfixia por cuenta del centralismo”, sostuvo Rendón.
El alcalde de Ciudad Bolívar, León Darío Acevedo, dijo que la resolución es inconveniente porque en el municipio ya tienen proyectos aprobados por el Concejo Municipal, como son las parcelaciones: “Si tenemos unas parcelaciones y nos las coartan, ¿cómo va a ser el desarrollo de Ciudad Bolívar o de todo el territorio a nivel del Suroeste antioqueño y a nivel nacional?”.
Pero también recordaron que algunas zonas de esa subregión tienen vocación minera, como es Amagá. El alcalde de este municipio sostuvo que llevan con esta actividad desde hace más de 100 años, con exploración y explotación. “¿Qué vamos a hacer con más de 5.000 familias mineras que tendrán que dejar?”, se preguntó.
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En un sentido similar se pronunció el alcalde de Jericó, Sebastián Garcés, quien expresó que se debe hacer un estudio técnico con mucho rigor para tomar estas decisiones y opinó que en el caso de la polémica resolución no se dieron esas condiciones, porque tampoco se dieron espacios de participación suficientes con los municipios para lograr acuerdos aferrados a la realidad territorial.
Desde que se generó esta polémica, desde el Ministerio de Agricultura han defendido la resolución, argumentando que las APPA priorizarán la cosecha de 49 alimentos y le daría un portazo a la minería, cuyo aterrizaje en el Suroeste marcó la agenda política desde hace 10 años. Sin embargo, las voces críticas se mantienen en su postura de que la aplicación de la resolución podría afectar la vocación económica de los territorios seleccionados y que podrían extenderse a hasta 250.000 hectáreas de los 23 municipios del Suroeste, el 39% de toda la subregión.
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, intentó calmar la marea el fin de semana y contó que su despacho ha definido una zona de estudio para determinar las áreas que hoy garantizan el abastecimiento alimentario y allí, con posterioridad, se declararán las APPA. “Nuestra definición no limita actividades ni determina usos, y sí nos permite acercarnos a donde hoy se desarrolla la actividad agropecuaria para protegerla. No se restringen usos, no hay relación alguna con procesos de adquisición de tierras”, aclaró la ministra.
