Luego de un año de tensiones, el presidente Gustavo Petro ahora pareciera estar dispuesto a negociar con la Gobernación de Antioquia la entrega de las obras pendientes del Túnel del Toyo. Según el gobernador Andrés Julián Rendón aquella posibilidad se abrió en una reciente reunión entre el presidente y 30 gobernadores, en la que Petro prometió revisar el tema.
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Aunque la urgencia de evitar que esa megaobra se convierta en un elefante blanco está más que clara, la fórmula jurídica para que Bogotá le entregue a Antioquia la potestad sobre el tramo 2 del proyecto, avaluado en $650.000 millones, está aún en un terreno por explorar.
Desde lo legal, por ahora las únicas pistas que se han dado desde la Gobernación es que dicha cesión espera concretarse invocando una ley que existe desde hace más de 30 años (la Ley 105 de 1993), que le pide al Ministerio de Transporte “adoptar los mecanismos necesarios” para que las vías nacionales se conviertan en departamentales, en aras de la autonomía territorial.
Con base en esa norma, el gobernador ya había enviado en abril pasado una carta al presidente Petro pidiéndole cederle no solo el proyecto Vía al Mar-Túnel del Toyo, sino también la concesión Vías del Nus y los tramos a cargo del Invías de la Autopista Medellín-Bogotá y el tramo de la Ruta Nacional 25, entre el peaje de Riogrande y Caucasia.
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En el caso de El Toyo, la cesión implicaría cambios en por lo menos tres contratos bajo la sombrilla de un convenio interadministrativo que ya se firmó desde 2014 entre el Ministerio de Transporte, el Invías, la Gobernación y la Alcaldía de Medellín, cuando se acordó repartir la obra por su tamaño.
Esos tres contratos en cuestión (el 958 de 2021, 983 de 2021 y 967 de 2021) fueron firmados por el Invías e incluyen la construcción de las vías de acceso el Túnel del Toyo y la interventoría.
En caso de que una cesión quede en firme, la suerte de todos esos trabajos que ya están andando será entonces uno de los temas que tendrán que resolverse.
¿Con qué plata?
Desde la óptica presupuestal el tema preocupa, sobre todo partiendo de la gigantesca brecha entre le chequera del gobierno central y el regional. Mientras el primero empezó este año con un presupuesto de $502 billones, la Gobernación de Antioquia arrancó con uno de $5,8 billones, 86 veces menos.
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Comparado con el presupuesto aprobado por la Asamblea, una obra del tamaño del tramo 2 de El Toyo vendría siendo casi el doble de los $344.032 millones destinados a inversión en la Secretaría de Infraestructura Física este año.
Hay que recordar que las finanzas han sido uno de los principales dolores de cabeza para el gobernador, que buscando más recursos se ha metido en berenjenales como un polémico recorte de cargos, la venta de 62 activos y hasta un proyecto para cobrar un impuesto de seguridad que se cayó en la Asamblea.
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Con esas cuentas en mente, la Gobernación lanzó la iniciativa de la “Vaca por Antioquia”, en la que con corte al 16 de agosto se habían recaudado unos $5.476 millones de una meta de $1 billón.
Bajo ese panorama, algunas de las fórmulas que podría estudiar la Gobernación serían muy parecidas a las que desde 2023 se le vienen pidiendo a la Nación, como buscar inversión privada o comprometer vigencias futuras.
En el tablero también aparece la llegada de ayuda desde la Alcaldía de Medellín, desde donde el tema no solo preocupa por los recursos que ya se han invertido en el tramo 1 de la obra, sino por las implicaciones que el Túnel del Toyo trae para la ciudad en términos de conectividad con la zona portuaria de Urabá y su economía en general.
Por fuera de esos cálculos inmediatos, otra implicación que tendría la cesión para Antioquia es que el mantenimiento de la vía también quedaría bajo su responsabilidad.
