Es martes, 20 de agosto de 2019. Son las 12:15 del día en Sonsón. Hace un sol tan bello como ardiente y el alcalde Obed Zuluaga sale de su fresco despacho. Al llegar a la calle, camina rápido y, sin perder el hilo de la historia que le cuenta a EL COLOMBIANO, les da afectuosos saludos a los lugareños. En cuestión de 10 minutos arriba a la Plazuela de Henao. Toma aire, se ubica en medio de un palo de aguacate y una palma y en tono firme sentencia: “aquí queda la ferretería fantasma, que contrató con el Municipio más de $1.000 millones”.
¿Y quién está detrás de esa empresa de fachada o fantasma?, le preguntó EL COLOMBIANO al mandatario, que no nació en Sonsón, sino en Argelia, otro municipio del Oriente lejano antioqueño.
Zuluaga aseguró que detrás de ese hecho está Carlos Alberto Cardona Escobar, el comerciante y exconcejal que usa su apodo de “Guacal” para promover su aspiración a la Alcaldía de Sonsón, por el Partido Conservador.
Zuluaga señaló que “Guacal” habría violado el régimen de inhabilidades al contratar con Sonsón, siendo, a la vez, concejal de la localidad. Adicionalmente, el alcalde, que laboró en la parte administrativa de la Fiscalía, en Medellín, resaltó que presuntamente se habrían cometido los delitos de falsedad en documento público y celebración indebida de contratos.
Según el alcalde, el tema le llegó gracias a una denuncia de “Carlos Orozco Loaiza”, nombre que no se acompañó con la indicación de la cédula respectiva. En el libelo se dijo que Carlos Alberto Cardona Escobar, cuatro veces concejal de Sonsón, creó dos ferreterías a finales de 2014, una de las cuales era real y la otra de mera fachada. Esta última la utilizó para celebrar contratos de suministro con la alcaldía de Dioselio Bedoya, por valor superior a los $1.000 millones.
El denunciante también reveló que “Guacal” habría usado como testaferros a dos de sus empleados en la ferretería que sí funcionaba legalmente.
¿Qué probó el Alcalde?
Víctor Calle Gaviria, abogado asesor de la Alcaldía de Sonsón, le comentó a este diario los resultados del proceso de verificación de la información aportada por el denunciante, los mismos que el alcalde Obed Zuluaga plasmó en sendas denuncias en Fiscalía y Procuraduría contra “Guacal”.
El 19 de septiembre de 2014, siendo concejal, Carlos Alberto Cardona Escobar creó la Ferretería y Depósito de Materiales El Progreso S.A.S., con capital de $200 millones y de la que él es representante legal. El local queda en la Plazuela de Henao de Sonsón, Cra. 7 # 12-47.
Según el abogado y el alcalde, el 14 de noviembre de ese mismo año, “Guacal” creó la Ferretería El Progreso de Sonsón. Una de las empleadas de la otra ferretería figuraba como representante legal: Yessica Tatiana Velásquez Escalante, a quien el concejal aparece pagándole la seguridad social, según documentos aportados a las autoridades por la Alcaldía de Sonsón. Como dirección del local se puso la cra. 7 # 12-32, nomenclatura inexistente, que da en la misma Plazuela de Henao.
La sociedad real y la de papel tienen el mismo número telefónico fijo (8691707) y el mismo correo electrónico (ferreteriaelprogreso2014@hotmail.com).
Luego vino la feria de contratos de suministro que favorecieron a la ferretería fantasma. En la denuncia presentada a la Fiscalía y la Procuraduría aparecen relacionados 14, por un valor total de $1.034 millones. Sin embargo, Obed Zuluaga precisó que la cuantía subió a los $1.380 millones, al sumar lo contratado por Aguas del Páramo y Municipios Asociados del Suroriente (Musa).
De los 14 contratos, dos fueron suscritos en el gobierno de Zuluaga. Según Víctor Calle Gaviria, asesor jurídico del Municipio de Sonsón, el actual alcalde terminó firmando un contrato con persona en causal de inhabilidad o incompatibilidad y, como fue inducido a ese error por el manejo que se le dio a la ferretería fantasma, denunció al exconcejal por fraude procesal.
Otra prueba de que “Guacal” estaría detrás de esos contratos y de la empresa fantasma que contrató con el Municipio de Sonsón, es que -como reza la denuncia ante la Fiscalía y la Procuraduría- “los cheques identificados con los números 996428, 996430, 996427 y 59602-9 de la entidad financiera Bancolombia S.A., incorporan el valor total del contrato menos las deducciones legales y fueron cobrados y/o endosados a favor del señor Carlos Alberto Cardona Escobar, concejal para el momento en que fue titular del derecho incorporado en el título valor”.
En concepto del alcalde de Sonsón y de sus asesores jurídicos, esa condición de servidor público de “Guacal”, sumada al hecho de que los materiales que compró el Municipio de Sonsón “fueron despachados del mismo lugar donde opera la sociedad de la cual es representante, permite concluir que esta persona incurre en la prohibición constitucional contenida en el artículo 127 de la Constitución Política”. Dicha norma les prohibe a los servidores públicos, suscribir, por sí o por interpuesta persona, contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen recursos públicos.
Las presuntas irregularidades serían extensivas a la celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales. Por ejemplo, en el SI-015 de 2014, para suministro de materiales para la pavimentación y parcheo de vías urbanas, la Ferretería El Progreso de Sonsón no acreditó experiencia en mínimo un contrato ejecutado en el último año.
Los documentos de ese mismo contrato revelaron que la empresa fantasma tuvo resolución de facturación de la Dian el 22 de enero de 2015, y el contrato le fue adjudicado el 15 de enero de 2015, o sea que para ese momento, como reza la denuncia, “no había emitido factura alguna en relación con su actividad comercial, que permitiera concluir que tuviera experiencia específica para acreditar”.
Y, la última: la empresa fantasma contrataba, pero a la hora de facturarle al Municipio de Sonsón ponía la dirección de la ferretería real, de la que el hoy exconcejal, “Guacal”, es el representante legal .
CERTIFICADOS DE LAS 2 FERRETERÍAS
El exconcejal Carlos Alberto Cardona Escobar, “Guacal”, candidato a la Alcaldía de Sonsón, es dueño de la Ferretería y Depósito de Materiales El Progreso SAS, creada el 19 de septiembre de 2014. El 14 de noviembre de ese año nació la Ferretería El Progreso de Sonsón SAS. Según el abogado Leonardo Arnedo Mendoza, siendo concejal, “Guacal” usó esa segunda empresa, “que materialmente era de su propiedad”, para contratar con el Municipio de Sonsón.
Arnedo afirmó que dos representantes legales que tuvo la ferretería fantasma reconocieron ante el Tribunal Administrativo de Antioquia que eran empleados de Cardona. Además, agregó Arnedo, las operaciones de la empresa fantasma “se desarrollaron desde el local donde funciona la ferretería del exconcejal demandado”.
ESA DIRECCIÓN NO EXISTE: PLANEACIÓN
El mapa muestra la ubicación de la ferretería del exconcejal Carlos Alberto Cardona, Carrera 7 # 12-47, así como la dirección de la ferretería fantasma, que fue liquidada en septiembre de 2017 por la hija del exconcejal, Erika Mabel Cardona Marulanda, quien se abstuvo de hablar con EL COLOMBIANO, al igual que Yessica Tatiana Velásquez Escalante, exrepresentante legal de la Ferretería El Progreso de Sonsón, quien se limitó a responder que “estoy tranquila frente al caso”. Para el abogado Leonardo Arnedo Mendoza, “no se entiende cómo una empresa pasa de facturar $1.380 millones en 10 meses de 2015 a prácticamente nada en 2016. Es claro que la empresa fue constituida solo para contratar con un gobierno específico y con una finalidad: defraudar la legalidad en materia de contratación estatal para favorecer intereses privados, no intereses colectivos”.
¿PARA QUÉ ERAN LOS CONTRATOS PÚBLICOS?
Los contratos de la ferretería fantasma con el Municipio de Sonsón fueron, por ejemplo, para “suministro de materiales para la pavimentación y parcheo de vías urbanas”, por $80 millones. Por el mismo concepto hay otro, de $120 millones. Uno más, de $139.526.453, para “suministro de materiales de construcción para el mejoramiento de vivienda urbana y rural en el municipio de Sonsón”.
El alcalde Obed Zuluaga les dio información a los entes de control y a la Fiscalía de 14 contratos estatales suscritos con la ferretería fantasma. Parte de la investigación determinará si todos los bienes y servicios contratados, y pagados, se prestaron conforme a las obligaciones que adquirió el contratista.
CHEQUES RECIBIDOS POR EL CONCEJAL
El abogado Arnedo Mendoza sostuvo en el Tribunal que con estos dos cheques, por $126.759.569 y $109.667.324, “se acredita que el exconcejal cobró la totalidad del valor de los contratos de suministro celebrado con el Municipio de Sonsón, y no hay soporte documental que justifique esa situación. Esta operación financiera acredita que finalmente fue el concejal quien a través de sus empleados y con la empresa que funcionó en sus instalaciones, contrató con el ente territorial por interpuesta persona”.
ES PERSECUCIÓN DEL ALCALDE: “GUACAL”
Carlos Alberto Cardona Escobar le dijo a EL COLOMBIANO que prefiere esperar el fallo sobre la pérdida de su investidura como concejal, que se tramita en el Tribunal Administrativo de Antioquia, para hablar a fondo de las denuncias en su contra. De la ferretería fantasma aseguró que “en eso no tengo nada qué ver y estoy tranquilo”.
Atribuyó sus líos jurídicos a la fuerza que dijo tener para ganar la Alcaldía de Sonsón, una aspiración en la que se enfrenta, según sus palabras, a Obed Zuluaga, mandatario al que describió como “un enemigo muy grande, tiene mucho poder, es muy jodido y ha dicho que la única manera de parar a “Guacal” es inhabilitándome”. Cardona afirmó que el abogado que lo demandó ante el Tribunal, “el tal, Arnedo Mendoza, no sé quién será, me mandó a pedir $250 millones para retirar la denuncia. No dr., Dios Santo Bendito, de dónde voy a sacar esa plata”, le respondió. Al consultarle si podíamos publicar esa denuncia, dijo que “sí, cuéntelo, mijo, por mí no hay problema”.
Por su parte, el abogado Leonardo Arnedo indicó que no conocía la declaración de “Guacal”, anunció que pondrá ese hecho en manos de la Fiscalía y agregó que dentro de este caso ha recibido presiones que ya puso en conocimiento de las autoridades. El jurista aclaró que en los procesos de pérdida de investidura las demandas no se pueden retirar una vez que las partes se notifican.
