El caso inició desde comienzos de abril pasado, cuando ese alto tribunal decidió admitir una demanda formulada por un abogado, identificado como Carlos Mario Patiño, en el que este señaló a varios parlamentarios de haber violado el régimen de inhabilidades por aportar recursos a esa colecta.
En el proceso, los congresistas implicados son Miguel Uribe Turbay, Paloma Valencia Laserna, Esteban Quintero Cardona, Andrés Guerra Hoyos, Paola Holguín Moreno, María Fernanda Cabal Molina, Juan Fernando Espinal Ramírez, Hernán Cadavid Martínez, John Jairo Berrio López y Julián Peinado Ramírez.
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A juicio del demandante, todos estos políticos habrían presuntamente celebrado una especie de contrato con la Gobernación de Antioquia a la hora de efectuar sus aportes voluntarios.
“Los demandados incurrieron en la causal primera del artículo 183 de la Constitución, violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades en el entendido que incurrieron en la causal de violación de este régimen establecido en el artículo 180- 2; Gestionar, en nombre propio o ajeno, asuntos ante las entidades públicas o ante las personas que administren tributos, ser apoderados ante las mismas, celebrar con ellas, por sí o por interpuesta persona, contrato alguno”, quedó plasmado en la acción.
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En medio de esa controversia, en la que la Gobernación de Antioquia se ha mantenido en que no hubo ninguna irregularidad, el gobernador Andrés Julián Rendón señaló que el Departamento reembolsaría los recursos a todos los parlamentarios, buscando cesar toda acción contra ellos.
A pesar de esta postura, desde la otra orilla de los parlamentarios se han esgrimido toda clase de argumentos en medio de ese proceso, algunos que han generado controversia, como fue el caso de senadores Andrés Guerra Hoyos y Esteban Quintero Cardona y el representante a la Cámara por Antioquia, John Jairo Berrío López, quienes entregaron al Consejo de Estado un concepto en el que aseguraron que los recursos hacia la vaca no habían salido de sus cuentas bancarias.
Otros implicados han argumentado que la demanda tendría fallas en su formulación, ya que en la misma se confundiría la celebración de un contrato con una entidad pública con una donación, esta última una figura a la que los congresistas podrían acudir con el fin de salvaguardar las necesidades de los electores de sus circunscripciones.
