Se está presentando un extraño fenómeno de creación de entidades sin ánimo de lucro (ESAL) que tienen relación con el equipo del alcalde Daniel Quintero.
Y es extraño por varias razones. Primero, porque en algunos casos eligen nombres que retoman frases que han sido caballitos de batalla de la administración. Es el caso de ‘El futuro se parece a nosotros’ y ‘Medellín imparable’.
La segunda razón que genera preguntas es que cuando EL COLOMBIANO visitó los sitios que estas ONG reportan como sedes, en algunos casos —como Medellín Imparable y “El futuro se parece a nosotros”— dicen no conocer estas entidades.
Un tercer punto curioso es que tienen alguna relación con el círculo más cercano a Quintero e incluso les han servido para acreditar trayectoria laboral.
¿Para qué las crearon? Podrían ser varias las razones, pero una de ellas, la más grave, tendría que ver con la intención de recoger una cuota en dinero, obligatoria para funcionarios y contratistas del Municipio. Al menos así le ocurrió a Pilar Rodríguez, quien hasta el pasado 7 de octubre fue directora de la Unidad de Niñez, de la Secretaría de Inclusión Social, y fue testigo de primera mano de este modus operandi, según lo relata en una denuncia ante la Procuraduría y Personería de Medellín, con petición de que se compulsen copias a la Fiscalía.
La reunión que narra es sorprendente (ver nota anexa). Según el relato, el secretario de Inclusión Social, Juan Pablo Ramírez, convocó a unos 20 directivos a un almuerzo el domingo 8 de agosto, y allí, tras quitarles el teléfono celular, les explicó que el proyecto político de los Independientes era de largo plazo y que para lograrlo tenían que convertirse en miembros de la fundación “El futuro se parece a nosotros” y pagar cuotas mensuales de mantenimiento desde 20.000 hasta 200.000 dependiendo del monto de sus contratos (ver facsímil). El funcionario niega que esto haya ocurrido (ver nota anexa).
El nombre de la fundación es la misma frase que Daniel Quintero convirtió en caballito de batalla antes de su elección y en las intervenciones oficiales posteriores.
Entre las evidencias que hoy investigan los organismos de control y que comprometerían a Ramírez y varios subsecretarios, hay una carta en la que dicen a qué cuenta consignar el “aporte”, así como chats y audios. La Fiscalía también tendría que evaluar si se configura en este caso algún delito como extorsión o concusión. Cabe recordar que por un caso similar, la Corte Suprema llamó a juicio en junio pasado por “concusión en concurso homogéneo, en la modalidad de delito continuado” a la congresista del Centro Democrático Tatiana Cabello.
Entramado de las ESAL
El caso de la corporación “El futuro se parece a nosotros” prendió las alarmas de la que sería una estrategia de utilización de ONG o entidades sin ánimo de lucro (ESAL) que gravitan alrededor del equipo de gobierno de Quintero, con el fin de mantener la presencia en los barrios y comunas, facilitando la labor proselitista en épocas de elecciones.
Y en este punto es donde aparece una segunda ONG, Medellín Imparable, inspirada en otra consigna del alcalde y en la que tres contratistas de la administración aparecen como fundadores.
El portal LaSillaVacía reveló que Medellín Imparable alquiló una casa que inauguró como sede de la campaña del movimiento Colombia Humana, de Gustavo Petro, en Medellín.
Según papeles, el presidente de esta es Juan Camilo Ortega Soto, que figura con un contrato anterior en Telemedellín para prestar su servicio a la Secretaría de Participación. Pero se le reconoce quizás más como baluarte de la propaganda en favor del alcalde, a través de su portal, Notimparable.
La sede que registró en entidades públicas es una casa esquinera de color blanco y negro, en el barrio Fátima. Cuando este diario tocó a la puerta, el jueves pasado, una señora de mediana edad aseguró que no conocía a ninguna “Medellín Imparable”.
Cabe anotar que algo parecido ocurrió con la primera fundación mencionada, “El futuro se parece a nosotros”. En la Cámara de Comercio registra una oficina en la avenida Oriental con La Playa y cuando este periódico le preguntó al personal del edificio, dijeron que no conocían esa ONG y que en el sitio por el cual se indagó funciona la entidad Reflejos Influyentes.
La tercera ONG que parece ser parte de la trama es Avanti. Resulta curioso que entre 2016 y 2020 se llamó Avanza Colombia por la Paz, y entre 2008 y 2016, Fundación para una nueva vida. Y fue la que le certificó dos años de experiencia laboral al hoy secretario Ramírez, cuando esta se llamaba Funvida.
En el pasado, como representante legal de Avanti figuró Alejandro Toro, reconocido colaborador de Quintero desde la campaña y luego contratado para acompañar las estrategias comunicativas de la Secretaría de Participación. Es más, en redes sociales, en las que posa alegre con Ramírez y el secretario de Gobierno Esteban Restrepo, sigue presentándose con ese cargo.
Llama la atención que, en papeles, actualmente la representante legal de Avanti es Yorlady Villa Cuartas, cuyo nombre también aparece firmando la carta en la que se pedía una especie de ‘vacuna’ a los contratistas, pero en ese caso firmaba como representante no de Avanti sino de “El futuro se parece a nosotros”.
De manera adicional, en el membrete de la carta está la dirección de Avanti, que corresponde a una casona amplia, de dos pisos y fachada en piedra pulida de color amarillo, ubicada a dos cuadras de la estación Floresta del metro, donde Avanti ofrece sus cursos y alquila su auditorio y oficinas para coworking.
Periodistas de EL COLOMBIANO llamaron a Villa con el fin de escuchar su versión, explicándole la gravedad de la denuncia que la menciona. Solo dijo que no es la representante de “El futuro se parece a nosotros”. Sin embargo, al indagar si había estado en la reunión o si su firma había sido falsificada, indicó que no hablaría más sobre el tema.
Los investigadores de Procuraduría y Fiscalía tendrán que determinar por qué aparece la firma de Villa, si se trata de una suplantación o si se equivocaron al utilizar una plantilla de carta y se les olvidó cambiar su nombre, o si la estrategia de las ESAL incluye poner a unas personas a dar la cara y mantener camufladas a otras. Porque quien figura en los papeles oficiales como representante legal de “El futuro se parece a nosotros” es Melissa Peláez Palacio, una ferviente defensora de Quintero en redes sociales, y de vicepresidente, Julián Armando Quintero, excontratista en Participación Ciudadana.
En cuarto lugar está la Fundación para el Desarrollo de Medellín Pro Medellín, creada el 20 de abril de este año, para asegurar apoyos en el sector empresarial y hacerle contrapeso al empresariado tradicional que se agremia en Proantioquia y con el cual el alcalde Quintero ha tenido agudas tensiones.
El presidente de la fundación es Diego Orlando Romero Vélez, que no solo comparte con Quintero su pasión por el Atlético Nacional sino que tiene una gran cercanía con él y su gabinete. Así lo demuestran tres contratos por más de $154 millones a través de la Secretaría Privada, el haber sido representante del alcalde en la junta directiva de Telemedellín y en la Fundación EPM y el hecho de que en el canal han laborado su hermano y su novio.
La ONG, según el certificado de Cámara de Comercio, funciona en un apartamento en el sector de Oviedo, en una urbanización en la calle posterior al centro comercial Santafé.
IFMNoticias llamó la atención acerca de la similitud del objeto de un convenio por $3.650 millones entre la Alcaldía, Ruta N y el Área Metropolitana con uno de los objetos societarios de Pro Medellín: “Promover y detonar procesos de reindustrialización en torno al desarrollo empresarial. Así mismo acompañar la formulación, implementación, y evaluación de políticas públicas, programas y proyectos orientados al desarrollo del tejido empresarial a nivel local”. La hipótesis del portal es que se estaría preparando una estrategia para financiar esa ESAL con recursos públicos.
Mimadas con contratos
También, en el pasado, la Contraloría ha puesto los ojos sobre otras ONG que han sido consentidas por la administración con jugosos contratos: la Fundación Tenarco y la corporación Colombia Avanza.
Tenarco se dedica a la creación teatral y ha tenido entre 2020 y 2021 ocho contrataciones por $3.254 millones con Emvarias y Metroparques, según se verifica en el sitio de Gestión Transparente del Municipio. Todos han sido por invitación privada y solicitud única de oferentes.
Pero más mimada todavía ha sido Colombia Avanza que, según una nota de La W Radio que no ha sido desmentida, aportó refrigerios para la campaña e incluso la casa y el trago en la celebración de la victoria de Quintero. En medio de lo más duro de la pandemia, en marzo de 2020, la Alcaldía le dio dos contratos por $20.692 millones y $7.168 millones para suministro de alimentos en los programas Buen Comienzo y PAE (Programa de Alimentación Escolar). En abril de este año le otorgó otro por $6.298 millones. Uno de esos contratos suscitó una investigación por sobrecostos que precluyó, pero lo que no se ha indagado son las versiones de que aunque los contratos de alimentación consideraban el rubro por gastos logísticos, se habría usado infraestructura de la Alcaldía.
Lo claro es que la que podría llamarse la “estrategia de las ESAL” todavía tiene mucha tela para cortar. Es posible que no sean solo estas sino muchas más. Y falta determinar si, como lo señalan indicios, la intención sea nutrirlas con recursos humanos y económicos emanados de la Alcaldía, con el fin de más adelante sacar réditos políticos.
Fuentes cercanas a la administración le contaron a este diario que se ha barajado la idea de que Diana Osorio, la esposa del alcalde, encabece una lista a la Cámara de Representantes con el Pacto Histórico, a cambio de que Quintero ponga todo este entramado que están construyendo a disposición de Petro para ganar la Presidencia en 2022.
No es casual que mientras algunas secretarías se les dieron como cuotas a otros partidos políticos, Quintero ha mantenido bajo su control las secretarias de Participación Ciudadana y la de Inclusión Social. La primera conserva un rol clave en el Presupuesto Participativo, que en este periodo son $251.000 millones. Y la segunda maneja no solo la política social de la administración, con un presupuesto superior a $730.000 millones en estos dos primeros años de la administración, sino uno de los mayores caudales burocráticos, con cerca de 2.500 personas entre funcionarios vinculados y contratistas
