Un 70 por ciento de las rutas de distribución de huevos, así como un 90 por ciento del servicio público del transporte en buses y busetas están azotadas por extorsionistas, un mal que tiene capítulos especiales por su complejidad en el Centro y los barrios periféricos donde toda actividad productiva es obligada a pagar una supuesta seguridad para evitar desgracias.
Tres gremios de transportadores consultados por EL COLOMBIANO manifestaron que a unos grupos les cancelan por el parqueo y cruzar sus fronteras invisibles; a otros comprándoles boletas para rifas piratas e, incluso, se paga llevando pasajeros gratis, que suben por la puerta de atrás de los carros.
Según cifras de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco Antioquia, al año, los comerciantes del Valle de Aburrá pagan entre $60.000 millones y 100.000 millones por extorsiones. Sergio Ignacio Soto, director ejecutivo de la entidad, aseveró que un alto porcentaje de estas vacunas se pagan por la llamada “vigilancia” que dicen hacer grupos armados ilegales.
Origen del problema
Para el investigador del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación, IPC, José Girón, el fenómeno de la extorsión surge en Colombia con las guerrillas de izquierda. Pero en ciudades como Medellín aparece a comienzos de los años 90 con el surgimiento de los grupos paramilitares, como una forma de protección violenta de la comunidad. Fue así como ocuparon a sangre y fuego, los espacios de bandas al servicio del extinto cartel de Medellín y de las milicias populares.
Terminaron dominando las periferias y muchas de las comunas de la ciudad y bajo el dilema de la seguridad iniciaron las vacunas al transporte , los habitantes de los barrios y a todas actividad comercial y hasta de servicios.
Es así como se replantean y deciden no dedicarse al homicidio, el que ven hoy como un error, y buscan sus ganancias en la extorsión y venta de estupefacientes. Pero otro aspecto que los fortalece en la ciudad es la informalidad, que en Colombia puede llegar al 30 por ciento de las personas en capacidad laboral y a estos trabajadores les exigen un pago por ejercer ciertas actividades económicas en los territorios que consideran de su dominio y les piden contribuciones regulares por protegerles el puesto, lo que estas víctimas ven como algo normal para preservar la opción de subsistencia que les da su actividad laboral, dijo Girón.
“Pero si no pagan realizan las que llaman acciones ejemplarizantes, como amenazas, daños a la herramientas de trabajo, robos y agresiones físicas”, concluyó.
Hoy las bandas han establecido toda una cadena de cobros. “Arepas, huevos, embutidos los vienen acaparando, le suman la distribución de gas en pipetas. Cuando en un barrio periférico una persona quiere hacer modificaciones en su casa, comprar un lote, montar un negocio..., todo eso lo van poniendo bajo su control y lo van cobrando”, denuncia el director de la Corporación Para el Desarrollo Social —Corpades—, Luis Fernando Quijano.
En el Centro, la Policía señaló a las denominadas Convivir de extorsionar a, por lo menos 7.000 víctimas. Por estos casos los afectados, entre los que se incluye a las trabajadoras sexuales y payasos de calle, pagaban entre 10.000 y 400.000 pesos semanales a un grupo que dirigían alias “Taras” y “Papas”, presuntos cabecillas de los combos La Terraza y Caicedo, quienes hoy están tras las rejas, junto con otros 23 de sus coordinadores y cobradores.
Esquivando una banda
“Hace unos seis meses estábamos haciendo unas reformas en una casa familiar en Belén Rincón, sacando otra casa para alquilar. Me empezaron a llamar para ponerme una cuota mensual para proteger a las personas que estaban allá trabajando”, cuenta un habitante de este sector del sur de Medellín, cuya identidad mantenemos en reserva.
La exigencia era de 100.000 pesos y aunque decidió no pagar, no se sintió seguro con la recomendación que le dieron las autoridades de descargar una aplicación para grabar las llamadas en su celular y avisarles cuando lo citaran para que los capturaran. Entonces, terminó por tomar sus propias medidas para evitar a los delincuentes: cambió de teléfono y de carro. Acabó la obra lo más rápido posible. Dejó instrucciones al portero de la urbanización para que lo negara si preguntaban por él y cada vez que llegaba daba una vuelta a la manzana para que le tuvieran la puerta abierta.
“Afortunadamente hubo unas capturas en esos días de esa banda y cuando se reorganizaron, los que continuaron no me volvieron a llamar”, concluye.
Bandas y golpes
Expertos antiextorsión de la Policía Nacional sostienen que si la víctima denuncia, el delincuente difícilmente escapa de la acción policial. El problema está en que solo una de cada diez extorsiones se denuncia y eso cuando la cifra que demanda el delincuente es alta.
Según estadísticas del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de Medellín, Sisc, este año en la ciudad les han denunciado siete casos y se han realizado 12 capturas.
En 2016 la cifra de denuncias llegó a 302 y las capturas sumaron 253 implicados.
Por su parte, el Gaula de la Policía Antioquia informó que en los 100 municipios y corregimientos en los que opera la institución en el departamento (se exceptúan el Magdalena Medio, Urabá y Valle de Aburrá) en 2016 se conocieron 147 casos, dos menos que en 2015.
El comandante del Gaula de la Policía Antioquia, mayor Alexánder Velandia, dijo que de esas 147 denuncias, 45 fueron por extorsiones desde las cárceles de Picaleña, en Ibagué; Doña Juana, en La Dorada, Caldas; Palogordo, de Girón, Santander, y Cómbita, Boyacá. Alertó que 5 extorsiones fueron de las denominadas “sexstorsion”, que se hacen violando la intimidad de las personas a través de redes sociales.
En 2016 las denuncias documentadas por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal —Gaula— de la Policía Metropolitana llegaron a 430. La información sirvió para emprender 25 operaciones, 228 allanamientos que dejaron 597 extorsionistas capturados, entre ellos 24 presuntos cabecillas y 388 con orden judicial.
Un mal de muchas formas
El mayor Erlyn Rodríguez, comandante del Gaula Militar Antioquia, distingue varios tipos de extorsión: cobro al menudeo, que realizan delincuentes comunes; cobros a gran escala, luego de estudiar a sus víctimas, que la practica la guerrilla, la cual ha disminuido porque hoy encuentran más renta en la minería ilegal o el narcotráfico e, incluso, la extorsión relacionada con la posesión de material íntimo o las llamadas extorsivas que se practican desde las cárceles.
Destaca que la extorsión carcelaria, que es una manera de estafa, pero recurre muchas veces a la intimidación, también causa un daño importante, representado en dinero y desplazamiento.
Investigaciones del Gaula Militar Antioquia, en extorsiones desde las cárceles, que funciona a través de llamadas, en 2016 se pagaron 51 millones de pesos, pero las exigencias llegaban casi a los 550 millones. La intervención de las autoridades sirvió para evitar el pago de 499 millones de pesos.
El hecho no es exclusivo de Antioquia, según el Gaula de la Policía Nacional, por denuncias ciudadana, el departamento más afectado con las extorsiones en lo que va de 2017 es Cundinamarca, con 50 casos; le sigue Valle, 48; y Antioquia con 37 casos.
Los expertos consultados coinciden en que, para colmo, dar un peso a una de estas organizaciones es aumentar su capacidad de daño. A corto plazo ni Fenalco ni demás expertos le ven alivio al flagelo. La gente debe creer en las autoridades y estas ganarse la confianza de la ciudadanía. Es la única fórmula posible para impactar un fenómeno que para muchas de sus víctimas parece un asunto normal
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centros carcelarios han sido detectados por el Gaula desde donde algunos presos hacen llamadas extorsivas.
