El lunes 28 de noviembre, poco antes de las 6:00 a. a.m., en el consejo de gobierno que encabezó el alcalde Daniel Quintero, pasó desapercibido un anuncio gracias a que el tema más rimbombante de toda esa semana era la expectativa de si finalmente Hidroituango comenzaría a operar con sus dos primeras turbinas. La otra noticia fue que Alethia Arango saldría de su cargo como subsecretaria de Defensa y Protección de lo Público.
Esa es una dependencia de la Secretaría General de la Alcaldía y allí, en su rol institucional, Arango era la encargada de representar a los medellinenses cuando se detecta una posible amenaza por parte de terceros con consecuencias para el patrimonio público.
Eso suena paradójico ahora que está teniendo que explicar en una comisión accidental coordinada por el corporado Alfredo Ramos (Centro Democrático) si ha incurrido en conductas que hayan menoscabado los recursos de la ciudad.
La indagación tiene este origen: la Subsecretaría de Defensa y Protección de lo Público cuenta con dos carros y en una revisión de las bitácoras del periodo en que Arango fue titular de esa dependencia el concejal halló que, unas veces a las 5:30 a.m. y otras incluso a partir de las 4:30 a.m., el automotor se desplazaba entre una urbanización de El Poblado, donde reside Arango, y sitios que coincidían con la dirección de gimnasios.
El “pecado” es que, según le respondió hace unos días la Secretaría de Suministros y Servicios de la Alcaldía a EL COLOMBIANO, los carros que se asignan a funcionarios del rango de ella solo deben utilizarse para cumplir con “actividades misionales” y para llevarlos y traerlos de la casa a la oficina y viceversa, al principio y al final de sus jornadas laborales. En ese uso permitido no se incluye otro tipo de diligencias personales.
La consulta se elevó porque periodistas de este medio revisaron las planillas de un carro asignado a la Secretaría de Gobierno y en el cotejo advirtieron que el auto al parecer era usado para las “vueltas” personales del exsecretario Esteban Restrepo, lo mismo que para transportar a familiares del funcionario, a su novia e incluso a quien le ayudaba en las labores domésticas; e incluso habría seguido sucediendo después de que este renunció al cargo para irse a reforzar la campaña del Pacto Histórico.
Las dudas sobre la manera como se está desarrollando el contrato de transporte que le cuesta más de 17.700 millones de pesos anuales al Distrito —como se llama ahora la Alcaldía— motivaron la conformación de la comisión accidental en el Concejo. El martes pasado era la tercera sesión y una de las invitadas fue Alethia Arango. A pesar de que su exjefe, el secretario General, Fabio Andrés García, también asistió, no musitó palabra. El concejal Carlos Romero no estaba citado pero apareció.
En el cuestionario incisivo que Ramos le hizo a la funcionaria que sirve de enlace para la supervisión del contrato de transporte en la Secretaría General quedó claro que se intenta controlar los recorridos de los carros que usa el personal operativo, pero no si quien va a bordo es alguien con rango de subsecretario.
Cuando le llegó el turno a Arango, Ramos le preguntó por qué el uso recurrente de los autos pagados con recursos públicos “por fuera del horario laboral normal” y si esto obedecía a un uso laboral o personal. Entonces, ella hizo alarde de ser una servidora que madruga mucho a trabajar, incluso desde que ocupó la dirección del Dagrd (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres).
Romero, que hace parte de la coalición favorable al alcalde Quintero, reforzó la explicación anotando que desde su experiencia —fue director del Inder— ha comprobado que en cargos públicos es natural comenzar la jornada más temprano y terminar tarde.
Estos “son cargos de manejo y confianza y no se nos restringe el horario”, apuntó la interpelada.
La recarga de Ramos no se hizo esperar al indagar por qué casi diario durante varios periodos las planillas registran que los madrugones no han sido hacia La Alpujarra sino a Ciudad del Río, la Loma de San Julián y La Aguacatala. Arango repuso con una explicación por lo menos exótica: que le gusta hacer reuniones en parques y sitios al aire libre.
Su respuesta posteriormente fue tímida al contrainterrogarla acerca de por qué esos destinos mañaneros coinciden con gimnasios reconocidos y, normalmente, según las planillas firmadas por ella, el carro va a la Alpujarra después de las 8:00 a.m, pero tras pasar de nuevo y esperar ratos en la urbanización donde ella reside. Su mirada se dirigía a cualquier parte, menos hacia quien le preguntó y con frecuencia movía la cabeza a la derecha y a la izquierda, como hacen quienes intentan aliviar una tensión en el cuello.
“Las afirmaciones que se están haciendo, a mi manera de ver, concejal, son especulación, finalmente hay que mirar cada una de las planillas y desvirtuar con una evidencia que permita definir si es como usted lo afirma o no; hoy es una especulación”, dijo Arango desde la esquina donde se sentó.
A pesar de que Arango, de 35 años, aceptó ser asidua visitante de centros de acondicionamiento físico, negó que lo haga en carros pagados por el Distrito, cuya hora en promedio cuesta más de $32.000, lo cual quiere decir que serían alrededor de $100.000 diarios del erario.
¿Va al gimnasio todos los días en el carro de la Alcaldia?, reiteró Ramos. “A las 5:30 comienza mi jornada laboral y a esa hora me recoge Rubén (el conductor)”, reiteró ella.
Vecinos de Arango indignados han puesto en redes fotos de la funcionaria con pinta de deportista mientras se monta en los carros contratados por el Distrito (ver fotos).
Alethia Arango ya había sido motivo de controversia como directora del Dagrd porque habría sido nombrada sin mucha experiencia para su misión; también era la encargada de defender al Municipio en el proceso legal en el que la administración aceptó conciliar con los antiguos dueños del megalote Aguas Vivas y pagarles más de 40.000 millones de pesos, una decisión a la que finalmente se opusieron el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Consejo de Estado. No obstante, desde hace dos semanas es la nueva subsecretaria de Organizaciones Sociales, una dependencia de la Secretaría de Participación Ciudadana.
