Un lote comprado por $11.742 millones y que está siendo sometido a reparaciones es el único hecho concreto que ha logrado la Escuela contra la drogadicción, un instituto creado por la Asamblea de Antioquia a través de la ordenanza No.24 del 14 de noviembre de 2018.
A casi un año de su creación, y sin que se haya nombrado un director o una junta, la Asamblea empezó la discusión de otro proyecto de ordenanza que modifica, entre otras cosas, la fuente y destinación de los recursos con los que funcionará la escuela.
En el artículo 10 de la ordenanza de 2018 especifica que la Secretaría de Salud le entregará a la escuela $10.000 millones de presupuesto para el primer año, y una suma similar para el segundo año. Los dineros, agrega, provendrían del proyecto denominado “fortalecimiento de la red de servicios de salud del departamento de Antioquia”.
A eso se suman 1.280 salarios mínimos de presupuesto anual; es decir, unos $1.059 millones para funcionar. Dichos dineros vendrían de rentas cedidas (las que provienen de loterías, juegos de azar y apuestas, e impuestos a licores, de libre destinación).
Gabriela Cano, secretaria de Salud de Antioquia, explicó que la nueva ordenanza busca suprimir la destinación inicial de $10.000 millones, pues son recursos de destinación específica y, por lo tanto, solo se pueden utilizar para construir, ampliar o mejorar hospitales. “Hubo un error con esa ordenanza y lo que se busca es corregirlo”, aclaró.
¿Qué pasó?
El diputado Norman Correa, quien no apoyó la creación de la escuela pero hoy es ponente de su modificación, explicó el origen del malentendido.
“Por testarudez del anterior secretario de Salud (Carlos Mario Montoya) se aprobó que los recursos que llegaran fueran de destinación fija. Pero gastarse la plata de la red hospitalaria en otra cosa podría ser prevaricato”, dijo.
EL COLOMBIANO intentó contactar a Montoya, pero no obtuvo respuesta.
La secretaria Cano reconoció que la naturaleza del nuevo instituto es distinta y por eso el ajuste es indispensable: “Consideramos que la escuela no es una institución de la red de salud y por eso no puede beneficiarse de esos recursos, pues no va a atender pacientes, no es una IPS ni una Empresa Social del Estado”.
A vender servicios
El lote comprado para la nueva institución corresponde a la antigua sede de una hostería. Por eso, indicó Cano, no es necesario construir infraestructura para su funcionamiento.
“Nosotros creemos que los 1.280 salarios pueden funcionar para que un gerente tenga un equipo básico de trabajo: una secretaria, dos o tres profesionales, no es una carga exagerada”, manifestó.
Según Cano, lo que busca la Gobernación es que la escuela sea autosuficiente cuando empiece a operar con varias áreas: un laboratorio, una división de investigación y otra de importación de prácticas (modelos de prevención o tratamiento usados en otros países). El conocimiento que se genere allí será el servicio que se venderá a hospitales y entidades de todo el país.
El gobernador Luis Pérez sostuvo que la entidad es necesaria pues podrá crear políticas públicas de prevención de adicciones, cosa que hoy no pueden hacer las E.S.E Carisma y Hospital Mental de Antioquia.
Según el Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia, Antioquia lidera las estadísticas nacionales de consumo de sustancias ilícitas: 7,7 % de la población ha consumido alguna sustancia, especialmente marihuana y cocaína. Esa tasa es 3,6 % superior al promedio nacional .
