Savia Salud sigue con un profundo boquete en sus cuentas. Como si se tratara de un barco, la EPS del régimen subsidiado más importante del departamento continúa sumergiéndose en un cada vez más profundo mar de deudas y costos operativos.
Mientras al cierre de 2023 los pasivos de la entidad ya se acercaban al $1 billón, el camino para una capitalización, desde hace varios años la solución de corto plazo más tangible para alejar a la entidad del fantasma de la liquidación, continúa mostrándose cuesta arriba.
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A pocos días de completarse un año de la decisión del Gobierno Nacional de intervenir la EPS, la medida ha profundizado las grietas entre Bogotá y las administraciones de Medellín y de Antioquia, quienes señalan no tener garantías para invertir recursos en la maltrecha entidad.
Lo que dicen las cifras
Según se desprende de los estados financieros reportados por Savia Salud a la Contaduría General de la Nación, durante los últimos cuatro años los pasivos han crecido como una bola nieve.
Mientras en 2020 ese indicador estaba $656.724 millones, en diciembre de 2023 se trepó a los $969.763 millones.
Este último indicador, también con corte a diciembre de 2023, seguía siendo más grande que el patrimonio mismo de la EPS, calculado entonces en $789.734 millones (es decir, $183.028 millones por encima).
De igual forma, la entidad también registró un incremento en sus gastos de operación y administración, que pasaron de $80.976 millones en 2021, a $85.005 millones en 2022 y $95.731 millones en 2023.
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Mientras la gerencia de la EPS argumenta que durante los últimos meses ha desplegado un plan para que la entidad honre sus compromisos con la red hospitalaria y se garantice la operación, voces críticas en la Asamblea de Antioquia han cuestionado el manejo administrativo de la organización.
Por el lado de la entidad, el gerente Edwin Carlos Rodríguez sostuvo que el total de pasivos con corte a abril ascendía a los $955.450 millones, habiendo recibido ese mismo indicador en un rubro de $822.900 millones al momento de la intervención hace un año, lo que se traduce en un incremento del 13,3%.
Los $955.450 millones de abril pasado estaban compuestos por $495.690 millones correspondientes a cuentas por pagar reconocidas por la EPS, $452.404 millones a reservas técnicas y provisiones y $7.355 millones a cuentas por pagar administrativas.
De acuerdo con Rodríguez, dicho incremento estaría principalmente asociado al alza en la demanda de servicios que viene experimentando la EPS durante los últimos meses.
“Ha habido un aumento de la demanda en los servicios y tecnologías por parte de los usuarios, también se presentó el aumento de tarifas en 2024, lo que conllevó a un alto volumen de facturación”, adujo, señalando que durante los últimos meses la EPS ha logrado estar a paz y salvo con los presupuestos máximos
Por su parte, al ser interrogado sobre el incremento de los gastos de operación y administración, argumentó que a raíz del incremento en la demanda de servicios la entidad ha tenido que reforzar el personal administrativo que atiende en las sedes.
En total, según Rodríguez, el área de auditorías médicas fue reforzada con 20 empleados, la de atención al usuario con 15 y cerca de 70 personas pasaron de trabajo remoto a presencial precisamente para reforzar a la EPS ante el alto volumen de trabajo.
Estos cambios, añadió el gerente, se suman a un proceso de nivelación salarial sobre 187 gestores de municipios, un incremento salarial del 7% de toda la planta y el inicio de un proceso de transición en el que cerca de 200 empleados tercerizados fueron vinculados a la EPS con contratos directos.
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En la orilla opuesta, para diputados como Jorge Correa Betancur, la profundización de los pasivos y de los gastos de administración constituirían un mal mensaje para los cerca de 1,7 millones de afiliados de Savia en Antioquia, que se mantienen en el riesgo de quedar en el aire si la EPS no se endereza y se liquida.
Capitalización está varada
Por su parte, el exgerente de Savia Salud, Luis Gonzalo Morales, planteó que a raíz del crecimiento de los pasivos y los gastos de administración, que mostrarían que la EPS se sigue deteriorando y acumulando más deudas, sería imperativo destrabar su capitalización; un proceso que aún no ha logrado concretarse en medio de la incertidumbre por la reforma a la salud y la cautela que manejan los accionistas principales: la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.
“Capitalizar hubiese sido una medida que habría ayudado a paliar o disminuir ese deterioro que se está observando. Desafortunadamente la situación de Savia es de incertidumbre, como todas las EPS del país, generada por el Gobierno Nacional con su reforma y su idea de acabar con estas entidades”, opinó Morales.
Al ser consultado por la capitalización, el gerente Rodríguez aseguró que la Supersalud dio un visto bueno para una inyección de $65.000 millones, que ayudaría a mitigar los pasivos de la EPS previos a la intervención, pero que todavía no se concreta por parte de los accionistas.
Cabe recordar que esos planes se aguaron desde el año pasado cuando, luego de la intervención, el exgobernador Aníbal Gaviria envió una dura carta a la Supersalud señalando no ver garantías para invertir recursos del departamento en la EPS luego de la intervención.
Para conocer su posición frente a ese plan, EL COLOMBIANO consultó tanto con la Alcaldía de Medellín como con la Gobernación de Antioquia. La Secretaría de Salud de Medellín dijo que la vocería era de la Gobernación.
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La secretaria de Salud de Antioquia, Marta Cecilia Ramírez, señaló que, pese a ser imperativo que Savia salga a flote para que la red hospitalaria del departamento no se quiebre, desde el gobierno seccional aún no se encuentran garantías en el manejo de los recursos que serían girados.
“No hay un verdadero proyecto de salvamento que implique transparencia en el manejo del recurso, que implique eficiencia institucional, y que implique garantías de prestación a la población. Es por eso que no se puede, en la situación que está hoy, capitalizar a Savia Salud, así se tuviera la intención, pero el hecho de hacerlo, donde no aprobamos los estados financieros y tampoco aprobamos el informe de gestión por fallas profundas, sería irresponsable, además riesgoso y no sería ninguna garantía para la continuidad en la prestación de los servicios de salud”, expresó la funcionaria.
