En el entorno de la Universidad de Antioquia circula una gran incógnita acerca de cómo repercutirán en el devenir del alma máter las tensas relaciones entre John Jairo Arboleda, el rector que repite en un tercer periodo, y el gobernador Andrés Julián Rendón.
Las primeras muestras de esa tirantez se notaron antes de la votación cuando se hizo evidente que este era un nuevo campo de batalla entre el presidente Gustavo Petro y Rendón; luego se filtró la manera en que los miembros del Consejo Superior (CSU) votaron y se reiteró lo que ya se sabía, y cuando salió ungido Arboleda, el 2 de abril pasado, el Gobernador no ocultó su desazón.
En ese trayecto también se hicieron públicas algunas críticas a la gestión de Arboleda, por ejemplo en temas como el manejo de los venteros informales y el expendio de drogas dentro del campus universitario.
Pero ahí no ha parado todo; por eso la incógnita de qué tan lejos podría llegar el asunto. La posesión del rector, el 5 de abril, pasó prácticamente inadvertida porque se hizo en un acto privado que rayó con la clandestinidad, sin antecedentes ni siquiera en la época de la pandemia, cuando Arboleda juró para su segundo envión, y muchos menos en comparación con el acto de auditorio lleno que lo posesionó por primera vez, el 9 de abril de 2018, en la sede regional de Oriente, en el Carmen de Viboral.
EL COLOMBIANO conoció por varias fuentes que de La Alpujarra impusieron la condición de que no hubiera discursos ni medios de comunicación. También dieron la instrucción de que los pocos asistentes fueran de traje informal, sin corbata, porque el gobernador no la iba a llevar. El ambiente aquella tarde dentro del Salón Consejo de Gobierno, en el piso 12 de la Gobernación, era de tal frialdad que todo se apresuró para que ocurriera en escasa media hora.
Es importante destacar que la U. de A. tiene un presupuesto cercano a 1,9 billones de pesos, siendo la mitad generado por ella misma y el resto por transferencias que provienen en un 96% de la Nación y solo entre 3% y 4% del Departamento y el Distrito de Medellín, por lo cual allí no radicaría el temor de los universitarios de que haya poca colaboración del gobierno regional en los siguientes tres años; sin embargo, quienes manifiestan zozobra señalan que sí podría haber alguna incidencia en los convenios interadministrativos que suelen firmarse.
Por esta razón, este medio entrevistó al rector Arboleda para hablar del tema.
Su elección fue muy difícil. ¿Eso afecta su gobernabilidad en la Universidad?
“Yo creo que sí fue difícil y además estaba mal acostumbrado. Mis dos designaciones previas fueron unánimes y eso, como usted bien lo dice, genera un buen mensaje para la comunidad universitaria, para la sociedad antioqueña y medellinense, pero en esta, a diferencia, hay unas posiciones claras con respecto a otra candidata, pero yo tengo una gran satisfacción y un enorme reconocimiento de parte de la comunidad universitaria; eso ayuda mucho en el tema de gobernabilidad”.
Usted se refiere a las consultas previas, pero en la votación del Consejo Superior el tema fue diferente; no tuvo el respaldo del Gobernador y ahí también hay que hablar de gobernabilidad.
“Yo no siento que tenga algún problema de gobernabilidad. De hecho, una vez elegido el gobernador me llamó, me felicitó y me habló de las diferencias de opiniones que él tenía frente a asuntos universitarios muy importantes. Yo le dije que coincidíamos prácticamente en muchos de esos asuntos y que contara que éramos muy conscientes de la necesidad de asumir, como responsables de la administración de la universidad, algunos de esos temas para tratar de solventarlos. Al final (me dijo) ‘usted es el rector y tiene todo el reconocimiento de parte del Gobierno departamental’, y yo casi que repetí las mismas palabras: ‘Usted es el señor gobernador de este departamento y esta universidad tiene un gran compromiso con el desarrollo y los programas de impacto y presencia en el territorio antioqueño’”.
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Pero la tensión se advirtió en la posesión sin medios de comunicación ni discursos.
“Esos son actos que organiza el señor gobernador; él es el presidente del CSU, esa fue la forma y el espacio también fue organizado por ellos; yo lo que hice fue invitar al comité rectoral, y al final resultó una ceremonia seria, muy corta; me tomó el compromiso, firmamos el acta de posesión, se escucharon los himnos y se terminó. Fue un acto muy cerrado, así lo quiso a bien el equipo de trabajo del señor gobernador, con el cual establecimos la conversación; así se determinó y así lo realizamos”.
¿Hoy día hay convenios con la Gobernación?
“Sí, tenemos unos convenios que ya venían andando y siguen su camino, y otros nuevos en temas muy específicos, importantes para el desarrollo de Antioquia. Yo creo que al final lo importante aquí es la importancia de la institucionalidad del Gobierno departamental y de la Universidad. Los que estamos en estas tareas administrativas siempre tenemos la mejor disposición de aportar, de contribuir a trabajar de la mano con el Gobierno departamental, para bien del departamento y sobre todo para bien de las comunidades más alejadas de estos centros poblados”.
¿Le parece que hay que hacer cambios en el sistema de elección de rector?
“Yo tengo una opinión personal, no como rector. A mí me parece, por ejemplo, que es muy importante que estén los estudiantes allí, aunque están contemplados en la norma hace bastantes años que no están haciendo escuchar esa voz diferente, propia, de lo que piensan alrededor de la administración institucional. Además, están un poco sobrerrepresentados el Gobierno nacional y departamental”.
¿En qué puntos le dijo el gobernador que tenía una opinión diferente a la suya y qué salidas acordaron?
El primero es la financiación de la universidad; es un tema muy preocupante y en él coincidimos porque habrá que hacer grandes esfuerzos institucionales para disminuir los gastos, sin que eso afecte el desempeño de la institución. En los últimos dos periodos en los que he estado de rector, aquí hay una reactivación grande de un comité de austeridad y unas políticas claras de disminución de los costos, pero dadas las condiciones tenemos que acrecentar un poco los esfuerzos.
El otro punto tiene que ver con el uso de los espacios en el campus de Medellín específicamente, que nos preocupa desde hace bastante tiempo. Tenemos propuestas muy importantes de acompañamiento por parte de la comunidad universitaria para estos temas fundamentales, pero la pandemia nos obligó a dedicarnos a la salud y la vida de nuestros integrantes y algunos asuntos que estaban en el plan de acción hubo que aplazarlos. Los vamos a retomar porque creemos que sí es fundamental tener un uso adecuado de los espacios de la Universidad”.
¿Eso implica hacer un mayor control o regular las ventas informales?
“Eso implica una sumatoria de muchas cosas. Generar conciencia de la importancia de regular las ventas y estamos trabajando en ello porque ya hicimos una encuesta, por ejemplo, en la cual un grupo muy importante de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas hace un análisis y unas encuestas alrededor de cómo percibe la comunidad universitaria las ventas informales, no ilegales. En términos generales no les parece que es que sea una enorme dificultad que interfiera con el desarrollo de las actividades, las ven como muy normales y nosotros queremos sobre la base de esos estudios mirar la posibilidad de que esta comunidad entienda la importancia de ese uso adecuado, de la no privatización de esos espacios para usufructo de personas que no son incluso de la Universidad”.
Si no se han aplicado las soluciones en dos periodos previos, qué haría pensar que ahora sí ocurrirá?
“Sí lo hemos hecho”.
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Pero ahí están las ventas.
Lo que logramos fue contener el crecimiento. Esto tuvo unos crecimientos muy importantes desde el 2014 hacia acá y los contuvimos precisamente con esas conversaciones y decisiones alrededor de que no vamos a permitir que haya más crecimiento de ventas. Lo que pasa es que después de la pandemia volvieron y se dispararon dadas las condiciones financieras o económicas tan difíciles.
Otra cosa muy importante a resaltar es que esta es una ciudadela construida hace 56 años, que estaba diseñada para servir espacios de cafeterías para una población calculada de 10.000 personas en ese entonces; ahora son 28.000 y este, además es un bien de interés arquitectónico patrimonial, por lo que para cualquier desarrollo de infraestructura necesitamos cumplir con una serie de requisitos y ha sido muy difícil”.
Un tema donde debe haber diferencias de estilo con el gobernador es el manejo del orden público y de si permitir o no el ingreso de la Fuerza Pública en caso de desórdenes en el campus. ¿Sobre eso hay acuerdos?
“Yo no conozco cuál será la posición del señor gobernador a ese respecto, pero sí sé la mía. A mí me parece que la Fuerza Pública no debe entrar a las universidades por tres razones fundamentales: la una es porque no evita que los asuntos que suceden ocurran; dos, no aminora ni siquiera las consecuencias de ese tipo de enfrentamientos, y tres, porque por muy difícil que esté la situación, siempre termina peor cuando ingresa la Fuerza Pública. Esos son temas que seguramente tendrán que ser puestos en consideración”.
Lo que uno siempre quisiera es que ese tipo de actos no se presentarán en la sociedad, que esta universidad y todas las universidades fueran declaradas territorios de paz, en los cuales la violencia es prácticamente una contradicción misma de la universidad; cada vez que dejamos de pensar, que dejamos de debatir, de argumentar y usamos la fuerza, ya sin duda estamos contradiciendo la labor de esta institución”.
El exrector Jaime Restrepo dijo después de su elección que ojalá el rector, o sea usted, tomara la falta de unamimismo para pensar qué andaba mal dentro de la universidad. ¿Cómo toma esas palabras?
“Bien. Uno debe tener muy clara la autocrítica; además hay un equipo de trabajo que permanentemente está dando opiniones sobre mucho de lo que sucede. Si hay una comunidad crítica en las sociedades son las comunidades universitarias públicas; aquí todos los días recibimos quejas, críticas”.
Él señaló cosas concretas como el manejo de los venteros y el expendio de drogas.
“Ya hablamos del tema del uso de los espacios; nosotros el consumo de drogas lo asumimos como un asunto de salud pública; tenemos grandes expertos, por fortuna, con respecto a cómo manejar las adicciones con nuestra comunidad universitaria. El microtráfico es un tema en el cual yo no tengo ninguna herramienta ni posibilidad de intervenir; siempre hemos solicitado el acompañamiento de las instancias pertinentes para el asunto, que son las que tienen que enfrentar estos temas tan difíciles de la sociedad, porque el microtráfico es ilegal y yo no tengo forma de actuar frente a asuntos ilegales”.
¿Pero cómo controlar el microtráfico dentro de la U. cuando al mismo tiempo mucha parte de la comunidad universitaria reclama que la Fuerza Pública no esté adentro?
“Es que hay muchas formas, no solo las fuerzas policiales; eso no se hace en caliente, sino a partir de inteligencia y nuestro país ha demostrado que tiene una gran capacidad en términos de inteligencia para descubrir los orígenes y las personas que estén involucradas en asuntos ilegales”.
El doctor Resterpo mencionó además el tema de la calidad y los bajos resultados en las pruebas Saber Pro.
“Con todo el respeto y con el reconocimiento que le tengo al doctor Jaime, no sé dónde busca las cifras y las pruebas. Yo lo que tengo es pruebas absolutamente en contrario. Acabamos de hacer un estudio largo, profundo de cómo le va a la Universidad de Antioquia comparada con las otras 9 instituciones más importantes del país en las pruebas Saber Pro, y le va muy bien”.
¿Qué cifras lo respaldan?
“En los resultados generales tenemos entre 18 y 26 puntos más que el promedio nacional, es una diferencia muy, muy grande y muestra los últimos diez años. Guardando todo el respeto por nuestras instituciones hermanas, siempre estamos superando a varias y no nos estamos comparando con universidades de provincia o pequeñas, o menos complejas, sino con las del grupo llamado G10, que son las 10 universidades públicas y privadas del país que primero se acreditaron. En cualquier ranking que usted evalúe o mire va a encontrar que la universidad no sale del top 5, a veces no baja del top 3 en investigaciones, en resultados, en emprendimiento, en innovación. Tenemos conciencia de que no hay una prueba que pueda decir con sus resultados cuál es la mejor universidad del país, las pruebas Saber Pro no sirven para eso”.
Otra crítica era al supuesto carrusel de las investigaciones y que la universidad ha sido laxa con los requisitos de evaluación.
“El 1279 de 2002 es un decreto de obligatorio cumplimiento en todas las instituciones públicas, vigente desde hace 22 años; no lo generó la universidad. Yo hice parte por dos años del comité de seguimiento al Decreto 1279 en representación de los rectores de universidades públicas y conocí todas las solicitud al respecto de dudas o preguntas y lo que puedo decir es que esta universidad no ha tenido una sola queja ni un solo escándalo de corrupción en el manejo de ese decreto. Al contrario, mucho de lo que hacemos aquí ha servido de modelo para otras universidades que no tienen tanta experiencia o necesidad porque el número de profesores y los niveles de producción no les da para generar un gran debate alrededor de esos temas”.
¿Cómo está la universidad financieramente?
“Como todas las universidades públicas, en crisis, en situaciones muy difíciles”.
¿Cuánto es el presupuesto de la Universidad y de dónde viene esa plata?
El presupuesto del año pasado fue de entre 1,4 y 1,5 billones de pesos, y de lo que nos entra, más del 50% es de recursos propios, o sea por contratos de consultoría, interventoría, venta de servicios, convenios interadministrativos, matrículas, inscripciones, cursos y talleres, todos los recursos que se generan por actividades que la universidad le presta a la sociedad.
Más o menos el 44% viene de transferencia del Estado; de ellos el 94% son del orden nacional y un 4% a 5% son del orden departamental. La mayoría de esos recursos se va pago de profesores. El Gobierno anterior y el actual han puesto recursos adicionales de base presupuestal, porque en 1992, para que no se perdiera el poder adquisitivo, pusieron como piso el aumento del IPC, pero eso terminó como techo; ningún gobierno incrementó por encima del IPC y la universidad que teníamos en esa época era una universidad en la cual menos del 15% de los profesores tenían un doctorado; ahora es el 65 por ciento. Cuando eso no había casi computadores, más las actualizaciones que hay que hacer, el tema de la producción; la regionalización no existía en 1992. Así es que los costos se incrementaron por encima del IPC y el Estado nunca reconoció esos recursos adicionales”.
