Parada sobre una roca gigante que flota sobre el famoso Charco Negro, Sorayda Castaño le cuenta de corrido y sin titubeos a la cámara la historia de su vereda La Esperanza, del Carmen de Viboral, donde llevan 27 años batallando contra el Estado y la impunidad para conocer la verdad sobre los doce habitantes que los paramilitares desaparecieron en 1996.
Por La Esperanza pasa un joven río Cocorná, que asume la forma de charcos profundos, piscinas impolutas y rápidos feroces conforme se escurre por la montaña y atraviesa el municipio que le da su nombre hasta encontrarse con el brioso Calderas.
Cuenta Sebastián Agudelo, un pelirrojo e inquieto líder social del municipio, que después de la guerra fue el río el que se encargó de unir los pedazos de un pueblo despedazado en todas las formas posibles. Y es que los fusiles no fueron las únicas armas que los paramilitares, guerrilleros y hasta el Ejército usaron para hacer la guerra en Cocorná y el Oriente antioqueño.
La desconfianza, relata Sebastián, fue un arma implacable y dejó tantos daños como las balas. “Nos dijeron que teníamos que desconfiar del otro, vigilarlo, denunciarlo. Que el vecino era de un bando u otro. Que defendiéndolo nos condenábamos y señalándolo podíamos salvarnos”, narra.
El río fue el terapeuta. Tras el lento retorno, ofrecer un plato de sancocho en la orilla, sumergirse en las mismas aguas, asolearse en las mismas piedras, ganarse la vida en torno al río fue la mejor forma de recuperar el tejido social, cuenta el líder.
Y no solo eso. También se convirtió en la motivación, dice Sorayda, para que decenas de jóvenes contemplen la posibilidad de seguir en su propio territorio y ejercer allí sus profesiones futuras.
Pero al río Cocorná lo están mutilando, legalmente, pero mutilado al fin y al cabo. El pasado mes de febrero Cornare entregó otra licencia más para construir una pequeña central hidroeléctrica –PCH– en el municipio: Cocorná III.
En Cocorná ya operan las PCH El Popal, Molino, San Matías y la Central San Miguel, que se ubica en la frontera que comparte con San Luis y San Francisco. A estas se le sumará Cocorná I que recibió licencia de construcción en 2020.
También engrosaría la lista Pantágoras, pero su licencia está demandada ante al Consejo de Estado. En total, podrían ser once las hidroeléctricas en un municipio con 210 kilómetros cuadrados. En todo el Oriente operan 17 hidroeléctricas, Cornare otorgó otras 20 licencias ambientales y otorgó 95 permisos de estudio en los últimos cinco años. ¿Cómo se llegó a este punto?
El cambio del buen vecino
Según explica Sebastián, a quien se le volvió una obsesión estudiar las hidroeléctricas y sus impactos, la masificación de las PCH en el Oriente se empezó a cocinar hace 40 años, pero su materialización se postergó por el conflicto armado.
En la primera década del 2000 se engranaron los ejes legislativos, políticos y financieros necesarios para copar de PCH las cuencas de la región, en cualquier lugar apto para generar hasta 20 megavatios aprovechando las caídas de agua sin necesidad de embalse.
Luis Alfredo Ramos las convirtió en prioridad de su gobernación entre 2008 y 2011 y en 2014 apareció la Ley 1715 de 2014 para estimular fuentes de energía no convencionales que creó un largo etcétera de gabelas fiscales, jurídicas y financieras para facilitarles el camino a estos proyectos.
La pionera en Cocorná fue El Popal, construida entre 2011 y 2013. Para los cocorneños la llegada de El Popal fue sinónimo de esperanza, relata Jaime Bustamante, líder comunitario del municipio.
“Llegaron diciéndonos que serían los buenos vecinos, prometiéndonos empleo, progreso, ingresos para el municipio y mejoría en la calidad de vida de sus habitantes. Nos creímos la mentira”, asevera.
La construcción de El Popal causó desplazamiento entre los habitantes de la vereda La Aurora. El uso de explosivos durante su montaje causó grietas y movimientos en masa que hicieron inviable la vida en buena parte de la vereda. La fuente de agua que abastecía la vereda para consumo y producción se secó y hasta se les llevó un trapiche que era fuente de economía comunitaria.
Ahí dimensionaron el futuro que les aguardaba, dice Jaime.
Pero también en La Aurora, en medio de la desazón, nació la organización social que durante la última década le ha hecho contrapeso a lo que ellos califican como la aplanadora de las PCH.
La mayoría de los campesinos afectados negociaron en desventaja. Otros lograron apoyo jurídico por parte de algunos jóvenes estudiantes y profesionales del municipio para reclamar compensaciones.
Con el tiempo llegó la organización. Los campesinos empezaron a movilizarse a través de las juntas de acción comunal y empezaron a relacionarse con grupos de activistas juveniles, conformados por profesionales en diferentes áreas. Así lograron convertirse, según cuenta Milton Giraldo, integrante de la Corporación Cocorná Consciente, en actores legítimos en medio de los procesos de licenciamiento de las PCH.
Los vacíos en los trámites
¿Cuántas PCH más tiene que albergar el territorio? ¿Quién los ampara ante los impactos inmediatos y futuros? Son las preguntas que retumban en la región.
Oladier Ramírez, secretario general de Cornare y quien siempre se ha mostrado dispuesto a explicar las decisiones de la autoridad ambiental, señala que Cornare ha actuado amparada en la ley en los trámites de licenciamiento, dando cabida a las comunidades y aumentando la rigurosidad de las variables sociales, ambientales y económicas para el otorgamiento de licencias. Y que muestra de ello son los trámites archivados, cinco que pretendían asentarse en la cuenca del río Samaná Norte.
Las afirmaciones de Ramírez son ciertas pero, cómo dicen, el diablo está en los detalles.
Los trámites de licenciamiento ambiental en Colombia funcionan como un colegio en el que los alumnos, por más que reprueben el examen, siempre recibirán otra oportunidad por parte del profesor.
La licencia otorgada a Cocorná III lo ejemplifica. Cornare había archivado dos veces el trámite por vacíos o irregularidades en el estudio de impacto ambiental presentado por la Sociedad Comercial Taborda Vélez & CIA S.A.S. Detrás de estos archivos estuvo la veeduría comunitaria.
Sin embargo, en abril de 2022 presentó una tercera solicitud que fue aprobada ante el rechazo de la comunidad. Pasó también con Cocorná I, de la misma empresa, que recibió la licencia a pesar de carecer de 19 requisitos, de los cuales subsanó apenas once. Y el patrón se repitió con el trámite de la PCH Pantágoras, que según Giraldo, Bustamante y Agudelo dejó a la comunidad todavía más perpleja. Dicho trámite había sido archivado en mayo de 2020, tras una movilización masiva y nutridas acciones jurídicas de colectivos y organizaciones que hallaron argumentos de peso en las graves inconsistencias presentadas en la solicitud de licencia.
Pese a esto, Anguloa S.A.S volvió a la carga y presentó en octubre de 2021 una nueva solicitud. A mediados de 2022, cuando las comunidades se dieron cuenta de esto, la licencia ya había sido entregada.
En el documento de Cornare, la entidad señala que la información evaluada fue suficiente técnica y ambientalmente para otorgar la licencia. Lo concluye a pesar de que consta en el documento que hay información incompleta que debe completar antes de la fase constructiva.
Esto motivó una acción de nulidad que hoy está por resolver en el Consejo de Estado y que argumenta que Cornare concedió arbitrariamente plazos adicionales para completar un estudio de impacto ambiental, beneficiando a un particular. Desde Cornare vuelven y reiteran que se apegaron a la normativa que se desprende de la ley 99 de 1993 relacionada con los trámites de licencias.
Perder un río
Sentado a orilla del río y con una mueca de cansancio, Jaime dice que después de una década hay algo que Cornare no ha visto o no ha querido ver. El líder comunitario señala que para la corporación autónoma, apegada a conceptos rígidos y tecnicismos, no existe tal cosa como la desaparición del río Cocorná.
Pero para la comunidad su relación con el río es orgánica. Si el afluente pierde el 70% de su caudal, si se desvía y fragmenta el caudal por kilómetro y medio por cada PCH, si los servicios ecosistémicos que presta el río a la gente se trastornan en beneficio de un privado, este deja de existir, recalca Jaime.
A finales de 2021, Cornare publicó el Estudio integral del recurso hídrico de las cuencas de los ríos Samaná Norte y Sur y sus afluentes. Es uno de los estudios más completos a nivel internacional para evaluar la capacidad de carga a partir de la oferta y demanda de recursos naturales y servicios ecosistémicos.
La comunidad esperaba que arrojara la conclusión concreta de que las cuencas del Oriente no aguantan más hidroeléctricas. No lo hizo, pero sí reconoció el informe que hay decenas de escenarios de conflictos sociales, ecosistémicos y económicos a causa de la existencias de PCH. Por eso para Milton la conclusión es inapelable: en Cocorná no caben más hidroeléctricas. “El municipio ya cumplió su cuota de generación de energía al país. Además, ¿qué beneficio nos ha dejado?”, deplora.
Isagen, que tras cesión de licencia aprobada por Cornare, entró a operar las cuatro activas de Cocorná, defiende su modelo de gestión con el que asegura en sus informe que se han trazado ambiciosas metas de reducción de consumo de agua concesionada. Enfatizan también que han adelantado rigurosos estudios de cambio climático en las cuencas que garantizan que no existen problemas de disponibilidad hídrica en el corto y mediano plazo y que cumplen a cabalidad con los planes de manejo ambiental.
Y es que el mismo informe reconoce que el déficit de vivienda en Cocorná es del 25,81%, el 85% de la población trabaja en informalidad, el 18% de su gente es analfabeta, el 10% no tiene cobertura de salud, el 32% no tiene acceso a una fuente de agua mejorada y persiste un 4% de población sin energía eléctrica. ¿Cómo se explica que un municipio con una riqueza hídrica deseada para construir decenas de hidroeléctricas tenga a tanta población sin acceso a agua de calidad y sin cobertura total de energía eléctrica?
El diputado Camilo Calle ha denunciado hasta el cansancio esto que él considera una inequidad intolerable. Solo el 6% del ingreso bruto generado por estas PCH termina en manos de las entidades territoriales y la corporación autónoma. Pero a las comunidades el desarrollo palpable ni siquiera llega.
En promedio la construcción de una PCH demanda 100 trabajadores. Luego, una vez en operación, solo requiere tres operarios. Es decir, no genera empleo, pero sí grandes transformaciones sociales, como lo señala Sebastián, quien dice que el país está en mora de investigar el fenómeno que él llama “los hijos negados de las hidroeléctricas”. Una especie de baby boom que queda en los pueblos una vez las decenas de trabajadores que llegan a construir la PCH se marchan y quedan en las veredas decenas de madres adolescentes.
Si el río se extingue se extingue también la posibilidad de que jóvenes como Sorayda, Milton y Sebastián, una generación con aspiraciones profesionales, se mantenga en el territorio tal como quieren hacerlo con las iniciativas para cualificar el agro, potenciar el turismo y liderar los procesos sociales. ¿El precio a pagar por generar energía será aceptar otro motivo para que los jóvenes abandonen el campo?, es lo que se preguntan.
