Pregunte por lo que no vea. Así se podría decir en el mundo criminal, donde cada vez más organizaciones incursionan en el manejo y suministro de los servicios públicos con el fin de obtener la mayor cantidad de ingresos posible. Agua, energía y gas forman parte de la oferta de estas organizaciones, tanto en las zonas de invasión como en algunos sectores urbanos del Valle de Aburrá, llegando a ser utilizados por más de 40.000 viviendas y negocios.
Esto quedó evidenciado en los recientes operativos realizados por la Secretaría de Seguridad de Medellín y la Policía Metropolitana en las partes bajas del cerro Pan de Azúcar y los corregimientos Altavista y San Antonio de Prado, donde encontraron instalaciones ilegales de estos servicios por los cuales pagaban un monto a la estructura criminal que tiene el control de la zona.
“Con la Secretaría de Gestión y Control Territorial, con la Fiscalía y con la Policía creamos un grupo de trabajo especializado para luchar contra este fenómeno, puntualmente en esos 64 puntos en los que los hemos detectado y donde están las principales alertas. Hay que destacar que si se compara el mapa urbano o las sombras urbanas del 2019 a la del 2023, esto creció desbordadamente, literalmente sin control”, expresó el secretario de Seguridad de la ciudad, Manuel Villa Mejía.
Este crecimiento desbordado de las invasiones se presenta con el loteo de territorios que, en teoría, se encuentran a la deriva. Teniendo las estructuras que garantizar el suministro de los servicios públicos y al ser zonas que no están autorizadas por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), tuvieron que crear una especie de empresas públicas, en la que no solo instalan las redes, sino que cobran por ello.
Actualmente, este fenómeno se registra en las comunas 1 (Popular), 2 (Santa Cruz), 3 (Manrique) y 7 (Robledo), además de los corregimientos San Cristóbal y Santa Elena, los sectores de Granizal y Nuevo Jerusalén en Bello, y el corregimiento El Manzanillo en Itagüí, principalmente en sus laderas. Sin embargo, también hay algunos territorios baldíos que se encuentran en áreas centrales, como el barrio La Paralela, en la comuna 5 (Castilla), o la nueva invasión construida entre los barrios Vallejuelos y Santa Margarita, en la comuna 7 (Robledo), siendo estos los más visibles de la ciudad.
Lo que deben pagar los usuarios de servicios públicos ilegales
La situación ilegal con estos servicios públicos se presenta tanto utilizando las redes instaladas de EPM, como interviniendo las de agua o energía, principalmente. Según expertos en el tema consultados por EL COLOMBIANO, “hacerlo con las de gas puede ser mucho más peligroso”.
Para el caso del agua, las tuberías de la empresa pública metropolitana o de los acueductos veredales no son la única opción. El vicepresidente de Aguas y Saneamiento de EPM, Santiago Ochoa Posada, también explicó que “muchas veces la sacan de nacimientos, quebradas o incluso hacen extracción para llevarlas a las viviendas, sin contar con las mínimas condiciones para su potabilización”.
En el caso de la energía, según la explicación de EPM, estas personas interceptan los medidores y las redes de energía. En algunos casos, recurren a personas expertas en su manipulación para instalar cables que permitan abastecer de electricidad a un territorio invadido.
“Se valen de cualquier medio clandestino alterando contadores, medidores o elementos de la red y derivaciones de la acometida (líneas directas, puentes, entre otros) para apropiarse de estas redes de servicios”, indicaron desde esta empresa.
Una vez instaladas las redes para abastecer sus territorios, las bandas comienzan a cobrar por los servicios, de manera similar a como lo hace EPM con los hogares legalmente conectados. Sin embargo, en este caso, los cobros se realizan de forma ilícita: recorren casa por casa y cobran de manera independiente por el agua, la energía y el gas a quienes disponen de estos servicios.
Santiago Tobón, profesor e investigador del Centro de Valor Público de la Universidad Eafit, indicó que los cobros se hacen dependiendo de lo que puedan pagar los interesados, por horas, días o de manera permanente.
“Sabemos que hay sectores en los que le pueden estar cobrando $40.000 el día completo, pero esto se flexibiliza y hay personas que usan este servicio por algunas horas y pueden estar pagando $5.000 por uno de estos servicios en un corto periodo de tiempo”, manifestó Tobón.
En muchos casos, para la prestación del servicio de agua, las estructuras solo instalan mangueras hasta un sector, y a partir de ahí cada ocupante debe hacer la conexión. En el caso de la energía, las instalaciones sí se realizan hasta la propiedad, y luego cada residente se encarga de organizar el resto de las conexiones.
En cuanto al gas en las viviendas, este se suministra a través de la venta de cilindros, negocio que también es monopolizado por las organizaciones criminales, que recurren al reenvasado de las pipetas para luego venderlas en las viviendas.
Alejandro Martínez Villegas, presidente de la Asociación Colombiana de Gas Licuado de Petróleo (Gasnova), indicó que esta situación genera problemas para distribuir cilindros de gas en las comunas 1 (Popular), 2 (Santa Cruz), 3 (Manrique), 4 (Aranjuez) y 13 (San Javier) de Medellín, así como en los municipios de Itagüí, Bello, Copacabana y Barbosa. Para este servicio, se utilizan más de 600.000 cilindros que son reenvasados.
Esta problemática se diferencia de la que afecta a las redes de gas natural de EPM, donde hay manipulación ilegal de los contadores, tanto en el sector comercial como en el residencial. Estos usuarios alteran los dispositivos para usar el servicio de forma ilegal, además de pagar a las organizaciones criminales por ello.
El secretario de Seguridad de Medellín afirmó que, en los operativos recientes, se han encontrado invasiones donde no solo se suministran servicios ilegales a las viviendas, sino que también se instalan negocios que se abastecen de estas redes de agua y energía.
“Nos venimos encontrando con un lugar allá de San Antonio de Prado donde estaban concentrados más o menos 12 estructuras de madera y lo que había ahí era un parqueadero ilegal, unos talleres ilegales y obviamente estos contaban con servicios instalados por bandas ilegales”, aseguró Villa Mejía.
¿Y si no pagan los servicios públicos ilegales?
Cuando una persona deja vencer dos facturas de los servicios de agua y energía, que presta EPM, la empresa procede con la suspensión del servicio hasta que se materialice el pago. Sin embargo, las medidas de estas organizaciones delincuenciales son más extremas, puesto que “colgarse” con una factura le puede costar hasta quedarse sin techo.
“Se presenta el caso que si una persona no cumple con el pago del servicio que están prestando estas bandas, simplemente la obligan a desplazarse, dejándole la casa a este grupo delincuencial, que procede a entregársela a otra persona para que viva en ella bajo sus condiciones”, manifestó el profesor Tobón.
Lo mismo ocurre cuando son, por ejemplo, lavaderos a los cuales les dan agua de las fuentes hídricas y se niegan a pagar. Para este caso, por medio de intimidaciones, los obligan a cerrar sus negocios.
En el caso de las empresas y viviendas que alteran estas redes, solo se paga por la modificación, lo que disminuye el riesgo de extorsión por parte de grupos delincuenciales. Sin embargo, esto aumenta la probabilidad de enfrentar sanciones penales por parte de EPM y las autoridades competentes.
Las sanciones establecidas por la ley para el delito de defraudación de fluidos, en cualquiera de sus modalidades, incluyen penas de 16 a 72 meses de prisión, además de multas que pueden alcanzar los 150 salarios mínimos mensuales ($195 millones).
“Es importante tener en cuenta que se considera delito de defraudación de fluidos eléctricos, de agua o de gas cuando alguien utiliza fraudulentamente estos servicios, incluso si no fue la misma persona quien realizó la instalación”, afirmaron desde EPM.
Las pérdidas de EPM por los servicios públicos de bandas criminales
Por este tipo de defraudaciones a las redes de servicios públicos, EPM estima sus pérdidas en más de $1.000 millones en un año, equivalentes a agua, gas y energía, de acuerdo con el avalúo realizado por cada una de estas dependencias.
Se estima que se pierden 495.000 metros cúbicos de gas mensualmente, mientras que la cantidad de agua perdida asciende a 117 millones de metros cúbicos. En cuanto a la energía, se estima una pérdida de 1.046 gigavatios hora al año, lo que equivale al consumo de 211.000 usuarios de este servicio que no pagan por él durante más de un año.
Para evitar que estas pérdidas continúen siendo millonarias y terminen afectando el bolsillo de los usuarios, EPM hace un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier red ilegal. Se pueden realizar de manera sencilla a través de la línea 123 o al teléfono 604 4444141.
