El miércoles 30 de noviembre a las 4:36 de la mañana EPM informó que las pruebas de banda que había realizado en las unidades uno y dos de Hidroituango fueron exitosas; tres horas después, a las 7:44 de la mañana, ofertaron la energía al sistema interconectado nacional señalando así a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) que después de meses de zozobra habían cumplido con lo pactado.
Empezó a tomar vocación de realidad la última gran hazaña paisa; una epopeya que ha sido difícil, como Ulises regresando a Ítaca.
Aunque en los últimos cuatro años todo ha sido crisis y navegar con el viento en contra, Hidroituango empezó como un sueño hace más de 70 años. Fue una idea del ingeniero José Tejada —entre otras cosas, fundador de la empresa de consultoría Integral—, quien tenía una obsesión por la energía eléctrica.
Cuentan quienes lo conocieron que su afición era tal que se inventaba viajes vacacionales con su familia por las zonas más difíciles para tener la excusa de ver ríos, hacer cálculos y soñar con represas. Entre todos los ríos tenía uno que era su quimera mayor: el Cauca.
Tejada viajó muchísimas veces entre el Valle del Cauca y Antioquia para conocer los lugares más adecuados para construir hidroeléctricas y encontró más de ocho. En la investigación académica de Sarah Thénot Tejada llamada José Tejada, visionario de la ingeniería colombiana, dice: “En uno de esos recorridos cerca del río Cauca reconoció el potencial del caudal de éste como posible fuente de energía (...) once millones y medio de kilovatios y una generación anual de cincuenta mil millones de kilovatios por hora, resultados que se podrían obtener con una serie de grandes hidroeléctricas”.
Hoy en el río Cauca funcionan varias pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH), pero nada se parece, ni de cerca, a Hidroituango. En 1969 Integral presentó un primer estudio de una hidroeléctrica en el cañón del río Cauca. Pero se trataba de un sueño, no había manera de construir ese monstruo en Colombia y los esfuerzos energéticos de Antioquia se concentraban en aguas más mansas, como las del oriente, en lo que sería la cadena de embalses más tozuda del país.
Pese a la imposibilidad, los ingenieros, geólogos y profesionales sociales de Integral continuaron explorando la posibilidad de la represa y entre 1979 y 1983 hicieron los primeros estudios de factibilidad para construir la central hidroeléctrica de Ituango. Estos estudios fueron recordados después de la crisis de 2018, pues algunos estudios de suelos nunca se actualizaron desde entonces, y para algunos —entre ellos concejalas como María Paulina Aguinaga, e incluso académicos de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional—, ese fue uno de los motivos de la contingencia, pero los geólogos aseguran que los cambios en la tierra suceden en miles de años, no en décadas.
Ya en 1998 se creó la Sociedad Promotora de la Hidroeléctrica Pescadero Ituango, y estaban detrás la Gobernación de Antioquia, EPM y un grupo de particulares. Aunque todavía no se podía construir, la Sociedad tenía como misión unir los esfuerzos de empresarios y sector privado, además de vigilar las demandas energéticas del país, que acababa de salir de un racionamiento que se recuerda como el “apagón”.
Cuando se conformó la Sociedad, se determinó que las partes mayoritarias eran dueñas del proyecto por mitades, es decir, cada una tenía el 46,5% de las acciones, eso mantendría el equilibrio y aseguraría que la construcción se haría solo cuando todos estuvieran de acuerdo. Pero en 2008, Luis Alfredo Ramos —por entonces gobernador de Antioquia— y Álvaro Vásquez —director del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea)— decidieron comprar algunas acciones de los minoritarios y quedaron con la mayoría, en lo que se recuerda como “la toma hostil”.
Historia de la toma
Se trató de un Juego de Tronos paisa en el que la sobradez de EPM pasó, tal vez, la factura más costosa de su historia. El asunto fue que nunca su cúpula directiva calculó que alguien en Colombia pudiera darle un zarpazo en el campo de la energía conociendo de antemano su suficiencia técnica, rigor jurídico y gruesa billetera. Cuando quisieron reaccionar ya era demasiado tarde porque se había consumado la toma hostil del Departamento, mejor dicho, se durmieron en los laureles, y no creyeron lo que se decía por lo bajo, que la Gobernación de Ramos iba a dar un golpe en la mesa por la megacentral.
Todo ocurrió en cuestión de 24 horas y con $100.000 millones sobre la mesa.
La operación la lideró Álvaro Vásquez, quien se avivó en abrir primero el sobre de la propuesta a los minoritarios por la compra del 6,1% de las acciones.
Después de recibir la estimación del proyecto de un banco, unos 696 millones de dólares, Vásquez les ofreció 36.854 pesos por acción a quienes una década atrás habían comprado a 1.000 pesos. Pasadas las 11:00 de la mañana del 15 de julio de 2008, aceptó Integral, el más grande de los minoritarios. Después todos desfilaron hasta las 4:00 de la tarde cuando la toma hostil estaba consumada. El Idea se hizo así a la mayoría con el 52,8% de las acciones. EPM quedó como minoritario con el 46,5%.
Ya en enero de 2010, con la licencia ambiental en la mano, la Sociedad hizo una subasta para entregarle al mejor postor el megaproyecto. A la etapa de precalificación pasaron cuatro firmas brasileñas, una surcoreana, una china y EPM. Entonces, hubo una cruzada regional en la que estuvieron metidos políticos y columnistas de radio y prensa escrita para que se cancelara el proceso y la obra se le entregara directamente a EPM, todo bajo el argumento de que era un proyecto de Antioquia y para Antioquia. La propuesta era que la empresa financiara, construyera y operara la megacentral por 50 años. Decían que esa plata no se podía ir del departamento.
Fue tan unánime la idea, que cuatro meses después, el 27 de mayo, se firmó un primer acuerdo de voluntades entre EPM y la Sociedad, que se perfeccionó casi un año después cuando suscribieron el famoso contrato Boomt (Build, Own Operate, Maintain and Transfer, por sus siglas en inglés), mediante el cual EPM Ituango, una filial que creó EPM como empresa espejo para realizar la obra, se obligaba a efectuar las inversiones necesarias para la financiación, construcción, operación, mantenimiento y entrada en operación comercial.
La construcción, según el contrato, demoraría ocho años y la operación 42. El proyecto debería, y así permanece hasta hoy, transferirse a sus dueños en 50 años.
Años después, la Fiscalía denominó este contrato Boomt como el pecado original de Hidroituango, por lo que procesó a varios funcionarios públicos que estuvieron inmersos en dicha firma, como el alcalde Alonso Salazar y el gobernador Luis Alfredo Ramos, por el presunto delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales al haberlo otorgado de forma directa. Esa decisión, que no ha llegado a ningún puerto, ha sido duramente criticada por abogados y especialistas.
Finalmente, el 28 de agosto de 2012, EPM adjudicó la construcción de las obras civiles principales al Consorcio CCC Ituango (integrado por la firma brasileña Camargo Correa y las colombianas Conconcreto y Coninsa Ramón H.).
La mala hora
Hidroituango arrancó sus obras principales con un piano encima: tenía que empezar a generar energía en noviembre de 2018. Por eso se trazaron en el cronograma original que tenían que desviar el río Cauca en el primer trimestre de 2013, la cuota inicial para empezar una de las obras más importantes: levantar el muro de presa.
La ejecución del contrato tuvo todos los tropiezos del mundo, porque hubo problemas para comprar los predios, y además arreció un invierno que todo lo empantanó, impidiendo la apertura de los túneles de desviación y trayendo demoras en la construcción de las vías de acceso. Como si fuera poco, tuvieron problemas de orden público con la guerrilla, que en varias oportunidades hostigaron a empleados, algunas veces a tiros. También fueron muy evidentes las dificultades constructivas en los pozos de las compuertas.
En consecuencia, el río se desvió en febrero de 2014. Este atraso de más de un año derivó en un alto impacto programático en el cronograma y de costos para el proyecto, con las consecuentes implicaciones por el incumplimiento de las obligaciones de energía adquiridas.
Por eso, en 2013, EPM le solicitó a CCCI que iniciara trabajos de manera paralela con el contratista que estaba construyendo los túneles de desvío y se tomó una decisión que cambió para siempre el curso del proyecto: hacer la desviación del río en 2014 con los dos túneles originales sin compuertas, las cuales estaban previstas en el diseño original. Esta determinación conllevaba la necesidad de construir, más adelante, un tercer túnel de desviación que no estaba en el radar.
EPM defendió años más tarde su decisión, argumentando que para avalar el nuevo túnel se desarrollaron modelos hidráulicos a escala en la Universidad de Paraná (Curitiba, Brasil).
Este túnel, conocido como Galería Auxiliar de Desvío (GAD), fue el que se derrumbó el 28 de abril de 2018, originando la crisis que postró la megaobra y la tuvo a punto de destruirse para siempre.
Resulta que en 2015, el retraso acumulado ya iba en 20 meses. Bajo ese panorama, el consorcio indicó que estaba en capacidad de recuperar 18 de los 20 meses de atraso con un plan de aceleración de obras.
El 23 de diciembre de 2015, ocho días antes de que terminara la administración de Sergio Fajardo en la Gobernación y la de Aníbal Gaviria en la Alcaldía, se firmó un acuerdo para llevar a cabo el plan de aceleración.
Se pactó entonces una prima de éxito de $70.000 millones si la primera unidad operaba en noviembre de 2018, por lo que el constructor se comprometió a poner mano de obra adicional en tres jornadas, más equipos para aumentar rendimientos, y tener mayor avance en la construcción de pozos y revestimientos de los túneles.
Las obras avanzaron dentro del cronograma, tanto que en julio de 2018 iba a empezar el llenado controlado del embalse. Pero el taponamiento de la GAD, con los derrumbes del 28 de abril de 2018, generó una crisis sin precedentes.
“Aplicamos el plan desde 2015, 2016 y 2017 y lo veníamos logrando. Llevábamos 95 % del total de la obra. Íbamos cumpliendo con esa súper meta que nos trazamos. Desafortunadamente se presentó este evento que no tiene que ver con la aceleración”, explicó tiempo después Santiago García, director Comercial y Contractual del Consorcio CCC Ituango.
Lo cierto es que la construcción del famoso tercer túnel empezó sin tener permiso. La Contraloría revisó los informes de interventoría, realizados durante la construcción de las obras civiles y el montaje de equipos electromecánicos, y concluyó que se iniciaron obras en el sistema auxiliar de desviación desde agosto de 2015, es decir, 13 meses antes de que se aprobara la modificación de la licencia.
A todas estas, el derrumbe del tercer túnel desató una emergencia nacional, con la probabilidad de una avalancha de 250.000 metros cúbicos por segundo. Para hacerse una idea, eso es tanto como toda el agua que caben en 6.000 piscinas olímpicas bajando cada minuto por el río Cauca en forma de olas de 26 metros. Era una auténtica película de terror.
Los primeros afectados por el derrumbe en el túnel y el posterior taponamiento del 12 de mayo de 2018 fueron las comunidades que están aguas abajo del muro de presa. En Puerto Valdivia la crecida del río Cauca se llevó el puente Simón Bolívar, varios salones de una escuela y varias casas, además de cosechas y animales de engorde.
Cuatro días después, el 16 de mayo, se creyó que el muro de presa cedería ante la presión del agua, por lo que en Puerto Valdivia y varios municipios del Bajo Cauca sonó una alarma que derivó en pánico y lágrimas. Las autoridades decidieron evacuar a 17.184 personas, nunca antes había sucedido una evacuación así en Colombia.
Miles se hospedaron en casas de amigos, en hoteles y los que no tenían a quien acudir ocuparon el coliseo de Valdivia, donde el Ejército y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) se enfrentaban a un reto mayúsculo. Miles estuvieron en la errancia durante más de un año.
Desde entonces, y a pesar de muchos días críticos en los que la obra quedó a la suerte de Dios y de la rapiña política entre alcaldes y gobernadores, EPM, bajo el liderazgo en la obra del ingeniero William Giraldo Jiménez, junto con el Consorcio CCC Ituango, empezaron a ganar control del proyecto paso a paso, en el silencio de las noches más oscuras para la suerte de Hidroituango.
Para EPM mientras tanto siguió una misión maratónica que nunca antes se había contado en la ingeniería colombiana. En 2019 lograron cerrar las compuertas de la casa de máquinas, por la que había pasado la potencia del Cauca sin ningún control, arrastrando consigo todas las máquinas que ya se habían instalado; también terminaron de construir la presa, obra en la que hombres y mujeres trabajaron muchas veces con el agua del río en las botas; también se levantó la alerta roja aguas abajo de la presa y Mapfre reconoció el pago del seguro, el cual se ajustaría en la medida que se conocieran el total de los daños.
Y ya en 2021 la construcción recuperó el porcentaje de ejecución que tenía cuando comenzó la crisis en 2018. Con el agua menos agitada, aunque con la misma premura por los compromisos ante la Creg, EPM logró sacar adelante las dos primeras unidades y transmitir sus primeros gigavatios al sistema interconectado nacional muy madrugados el miércoles, un hecho que emocionó hasta las lágrimas al ingeniero William Giraldo y a todo su equipo, tal vez porque costó y se sufrió mucho cumplir el sueño que había nacido en la cabeza de Tejada en 1969.
