Un barrio habitado por más de 470 familias está a punto de ser borrado del mapa ante el inicio de las obras del metro ligero de la 80. Ubicado en la franja norte de la base del cerro El Volador y habitado por al menos 2.200 personas, este barrio quedó incluido en los diseños de los talleres que atenderán esa futura línea de transporte masivo.
Aunque según el Metro los acercamientos con la comunidad por ahora son solo de carácter informativo y aún no se formula una propuesta oficial para la compra de sus casas, los habitantes de ese territorio acusan al proyecto de quererlos expulsar y anticipan desde ya que no abandonarán sus hogares si no se llega a un acuerdo justo.
De acuerdo con las proyecciones del municipio, de los cerca de $3,5 billones que costará la obra, al menos una tercera parte, es decir $935.000 millones, serán empleados para la gestión predial.
Durante ese proceso, según sostuvo Sergio López Muñoz, director del Departamento Administrativo de Planeación (DAP) y gerente del Metro de la 80, se aplicará la recién creada política de protección a moradores para respetar los derechos de los habitantes.
Las claves del conflicto
Jaime Lopera Quintero, quien desde los 60 construyó su casa en El Volador, explica que todo comenzó durante el segundo semestre del año pasado, cuando un equipo social y técnico del Metro comenzó a encabezar una serie de reuniones para contarles que en esa zona serán construidos los talleres de esa nueva línea.
Con un área aproximada de 55.000 metros cuadrados, de acuerdo con los diseños actuales, los futuros patios abarcarán terrenos con uso industrial y residencial.
Según advierte Lopera, aunque la comunidad entiende la importancia y la necesidad del proyecto para la ciudad, en lo corrido de este año han encabezado tres protestas ciudadanas señalando al Municipio de no darles garantías para una reubicación justa.
Organizados en un comité cívico, los reclamos de los vecinos se centran en dos puntos principales: que la compensación por sus casas sea justa y que los proyectos de reubicación les garanticen mantener su calidad de vida.
En materia predial, Lopera señala que el problema central consiste en que, pese a habitar en el barrio por décadas, cerca de 9 de cada 10 familias carecen de escrituras con las que puedan probar la pertenencia de sus casas.
Según sostiene, ante la falta de un documento que acredite esa condición, la mayor parte de los habitantes se quedarían en el aire ante una eventual compensación por sus casas o una reubicación.
Juan Carlos Duque, quien junto a su familia habita el barrio hace más de tres décadas, señala que la encrucijada consiste en que, pese a tener el derecho a reclamar la pertenencia de los predios, los altos costos para pagar un abogado les impiden iniciar un proceso de pertenencia.
Ante la velocidad a la que avanza el proyecto, su preocupación es quedarse sin casa.
“Nosotros solo pedimos, o que nos paguen a un precio justo por el valor de nuestras casas, o que nos reubiquen cerca al barrio, en las mismas condiciones en las que ya vivimos”, sostiene.
Según agrega Lopera, la alternativa para resolver la titularidad planteada por el Metro en las reuniones de socialización es que la compensación se haría por concepto de mejoramiento de vivienda.
“Por las mejoras de una casa no pagan sino 15 o 20 millones de pesos. ¿Dónde va a conseguir casa una persona con 20 millones?”, cuestiona.
El Metro responde
Al ser consultado sobre cómo avanza el proceso de gestión predial, José Toro Quijano, profesional de la Gerencia de Planeación del Metro, argumenta que, a pesar de que esa entidad ha encabezado cerca de 102 socializaciones con los habitantes de El Volador, aún no hay nada en firme.
De acuerdo con los registros del Metro, son al menos 188 los inmuebles que serán adquiridos para levantar los talleres.
“La gestión predial no la hace el Metro. El Municipio solicita que esa gestión la haga la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU)”, dice Toro, agregando que aún no ha iniciado el avalúo que fijará el precio de las propiedades, a cargo del Instituto Agustín Codazzi.
Así mismo, el funcionario agregó que tampoco se ha firmado un convenio interadministrativo con la EDU, que le permitirá a esta entidad comenzar con el proceso de gestión predial.
Según anticipó Toro Quijano, los cálculos del Metro apuntan a que luego de la firma de ese convenio, la compra de los inmuebles tomaría cerca de 42 meses.
