En un mundo que vaticina escasez aguda de agua potable en menos de tres años en grandes capitales como Londres, El Cairo y Tokio, el Valle de Aburrá se da el lujos. Por ejemplo, los habitantes de barrios de estrato 6 en Medellín se gastan en promedio 210 litros, más del doble de los recomendado por la OMS para satisfacer las necesidades de consumo e higiene. El consumo per capita en los 10 municipios supera con holgura los 100 litros diarios recomendados.
Para abastecer al Aburrá son necesarios más de 383 billones de metros cúbicos de agua, pero el 92 % que demanda el área urbana para abastecerse proviene de cuencas externas.
La carga que lleva a cuestas el Aburrá por el agua que consume y que se pierde en el proceso se calculó en una investigación titulada Deuda ecológica por el agua en el Valle de Aburrá a través del indicador de huella hídrica; un reto de gestión territorial, adelantada por Daniel Mejía Palacio para la Maestría en Estudios Urbano - Regionales de la Universidad Nacional, a través del indicador de huella hídrica con base en información de 2018.
Las preocupaciones
El investigador concluye que la dependencia de la región metropolitana a las cuencas abastecedoras de dos regiones, Oriente, con la del embalse La Fe y de los ríos Pantanillo, Buey y Piedras, y las del Norte antioqueño con los ríos Chico y Grande que corren al embalse Riogrande II han causado un estrés hídrico insostenible, incrementado por varios factores.
Uno de estos es la agresiva expansión urbana que desencadena cambios en los usos del suelo e intervención en áreas protegidas; otro es la desarticulación institucional y débil gobernanza traducidas en una pobre protección de ríos y cuencas, y finalmente, una educación ambiental con grietas hasta en los más elementales conocimientos. Por ejemplo, una encuesta realizada por Corantioquia y la Nacional en 2017, reseñada en el trabajo, evidencia que la mayoría de las personas no sabe ni siquiera de dónde proviene el agua que sale por el grifo de su casa.
EPM dice ser consciente de la dependencia hídrica y las amenazas sobre las cuencas abastecedoras. Según el vicepresidente de Agua y Saneamiento, Santiago Ochoa, desde hace cinco años la empresa planifica una estrategia para garantizar la disponibilidad de agua potable en los próximos 50 años. Esto implica un nuevo embalse, exclusivamente pensado para almacenar el líquido.
Ahora, es importante que los municipios del Oriente (principalmente Rionegro, El Retiro, Guarne, La Ceja, El Santuario y el Carmen) formalicen una integración administrativa que les permita coordinar junto con los municipios del Aburrá, desde la planificación urbana hasta la prestación del servicio de agua potable y acueducto.
Esto en el mediano y largo plazo, pero Leonardo Navarro, director de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, sostiene que existen herramientas para que la empresa garantice un mejor aprovechamiento del recurso.
Una de estas son las inversiones dirigidas a reducir las pérdidas de los sistemas. El último informe de gestión de EPM muestra que los objetivos frente a esta tarea quedaron cumplidos gracias a las estrategias de detección temprana de fuga, monitoreo de presiones, oportuna reposición de redes y reordenamiento del sistema, la renovación del parque de medidores de los clientes y los programas de detección y eliminación de fraudes.
No obstante, la investigación en mención sostiene que entre 2011 y 2018, las pérdidas del sistema de EPM (recurso que se pierde o no se factura) estuvieron en más del 30 %.
Las otras herramientas que menciona Navarro son los topes máximos de acceso a agua potable y las inversiones ambientales. La primera aplica una vez se superan los límites establecidos por consumo básico de metro cúbico al mes por usuario. De acuerdo a la altura sobre el nivel del mar de la ciudad o municipio se cobra un cargo por ese consumo adicional, que según el directivo debe desincentivar el gasto.
Más que a la penalidad económica apunta a lograr en los ciudadanos una posición responsable respecto al uso racional, algo que requiere una educación ambiental sólida, justamente una de las políticas públicas en las que más se ha rajado la ciudad en los últimos nueve años, según el último balance que entregó la Contraloría hace unos días sobre el estado y resultados de todas políticas públicas ambientales.
El otro recurso desde el marco regulatorio, expone, está orientado a definir inversiones para reducir los impactos alrededor de las fuentes de agua que garantizan el abastecimiento. También ahí está en deuda la ciudad, dice la contralora Diana Torres, quien asegura que la compra y gestión de predios para garantizar la protección de fuentes hídricas es insuficiente.
Hace una semana Cuenca Verde, la corporación dedicada a la seguridad hídrica y la gobernanza del agua con participación de la Alcaldía de Medellín, EPM, autoridades ambientales y sector privado, anunció que ampliará su rango de acción hacia la cuenca del Río Negro para proteger de manera integral las cuencas abastecedoras del Valle de Aburrá y del Valle de San Nicolás, una integración que estaba en mora. Cuenca Verde ha logrado en 8 años la firma de 444 acuerdos de intervención, la conservación y restauración de 3.349 hectáreas de bosque y la protección de 689 nacimientos de agua.
Agua mejor distribuida
Aunque el Aburrá está desfasado en el consumo de un recurso hídrico que no posee en su jurisdicción, es impreciso afirmar que toda su población derrocha este servicio.
Según la investigación mencionada, mientras el estrato 6 en Medellín duplica el consumo per capita diario recomendado por la OMS, en el estrato 1 están lejos de esos 100 litros que estima la organización y apenas consumen 68 litros diarios. Por eso, más allá de la regulación y gobernanza, otro reto crucial, plantea Navarro, es lograr equidad en el acceso a agua potable.
En esto último el Aburrá y Antioquia, asegura, son ejemplares. Justamente Navarro estuvo hace dos semanas socializando los esquemas diferenciales que permiten adaptar el servicio de acueducto a tres escenarios: áreas de difícil gestión (barrios subnormales), zonas de difícil acceso y con condiciones particulares. En esto el directivo reconoce que EPM va a la vanguardia. Este año, a través de su línea “Abastecimiento comunitario en áreas de difícil gestión”, la empresa superó los 1.500 hogares beneficiados con acueducto y 4.519 con alcantarillado.
Pero queda aún mucho por hacer y las amenazas están a la vuelta de la esquina. Hay informes que plantean que el recurso hídrico del Riogrande II tendrá una vida útil hasta 2022 y la calidad del agua de las pocas corrientes hídricas en jurisdicción del Aburrá que sirven para abastecerse es cada día más mala.
