El dato es alarmante. Doce niños y niñas menores de 4 años murieron por desnutrición aguda en Antioquia entre el 1 de enero y el 24 de mayo de este año, según los reportes oficiales. Es alarmante porque no son solo cifras, son doce vidas que no pudieron salvarse por un mal que persiste aunque es evitable. Si bien, el departamento es uno de los que registra menos de estos casos en el país, la situación evidencia una vez más la necesidad de que la gobernación dé en el clavo al ejecutar los recursos con los que combatirá el hambre este cuatrienio, una bandera del plan de desarrollo. Y no es tarea fácil.
En todo 2023, según el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), en Antioquia fallecieron 17 niños y niñas menores de 5 años por desnutrición aguda, moderada y severa, mientras que en todo 2022 fueron 11. Por ello, las autoridades departamentales están en alerta con las muertes de este año, pues se registraron solo en cinco meses. El Urabá es la región con la mayoría de los fallecimientos este año, con un caso en San Pedro de Urabá, dos en Turbo, dos en Vigía del Fuerte y dos en Murindó. En Cáceres (Bajo Cauca), San Pedro de los Milagros (Norte), Frontino (Occidente), Medellín y Bello (Valle de Aburrá) se registraron los demás, con un caso por municipio.
Le puede interesar: Asamblea de Antioquia aprobó el proyecto para que el 100% del impuesto vehicular sea para reducir el hambre
Ante este panorama, desde la gobernación informaron que recibieron una Antioquia con aumento del problema. Mientras que en 2017 la desnutrición aguda tuvo una tasa de 263,8 casos por cada 100.000 menores de 5 años (1.173 casos), en 2023 casi se duplicó con 2.281 casos, una cifra que ratificó en enero pasado el Ministerio de Salud.
Consecuencia de hambre severa
El doctor Javier Díaz Amaya, pediatra social y especialista en derechos de la niñez, explicó que existen enfermedades que pueden producir desnutrición, pero que la mayoría de los casos se presentan como una consecuencia médica más severa de inseguridad alimentaria y el hambre que aún viven muchos hogares. “Es inaceptable en derechos humanos que un niño o niña mueran por razones prevenibles y tratables. A pesar de que la muerte se llama desnutrición aguda, generalmente, es un problema de varios meses o años de carencia nutricional y hambre”, expresó.
Además: El hambre “no se resuelve con discursos de voluntad”: Defensoría al Gobierno por desnutrición de niños en La Guajira
Hay que tener en cuenta que en el departamento también persiste la desnutrición crónica, denominada un mal silencioso, porque en apariencia el niño puede verse normal, aunque más bajito para su edad, pero llega a ser mortal si no se ayuda a tiempo o puede dejar consecuencias hasta la edad adulta.
Según el índice de desnutrición crónica de la Fundación Éxito, Antioquia ha mantenido niveles sobresalientes en los últimos años; no obstante, algunos municipios han llegado al nivel más bajo del medidor, entre ellos los que este año han tenido los fallecimientos. Y para que estos se den, explicó Díaz Amaya, se necesitan meses o años de carencia nutricional y hambre: “Las muertes por desnutrición suelen revelar una cadena de vulneraciones y errores en la prevención, en la detección, en la atención y seguimiento en el sector salud, e incluso, en la inobservancia de la garantía integral de los derechos de la niñez desde otros sectores”.
Hablando de hambre, según Antioquia Cómo Vamos, en el departamento hay 490.000 hogares en inseguridad alimentaria, cerca de 2 millones de habitantes, lo que aumenta el riesgo de desnutrición infantil. Además, hay determinantes que influyen: bajo peso al nacer (en 2020 el porcentaje de niños nacidos en Antioquia con bajo peso fue del 9,2% y en 2022 subió al 10,7%); madres muy jóvenes (solo en 2022 fueron 11.052 embarazos en menores de 19 años) o con nivel educativo bajo; falta de agua potable; ruralidad dispersa; y prácticas de negligencia o desconocimiento en las familias.
Comunidades indígenas, entre las más afectadas
En Vigía del Fuerte, donde se han muerto dos niños este año por desnutrición aguda, la situación es compleja especialmente para las comunidades indígenas que viven en zonas muy alejadas y de difícil acceso. Joni Olea, auxiliar de atención al usuario de la EPS y líder comunitario, dijo que aunque aún pueden acceder a alimentos como pescado, plátano, maíz, arroz, lentejas o fríjoles, la comida escasea porque son hogares muy numerosos, en los que pueden vivir hasta tres familias con muchos niños.
A esto se suma que los menores de edad cogen enfermedades respiratorias, enfermedad diarreica aguda o malaria, que se complican o son menos fáciles de tratar porque ya hay una malnutrición de base; cuenta que hay niños que pueden enfermarse hasta tres veces al mes. Para él, es crucial que les den capacitaciones, además de las otras estrategias contra el hambre, que lleguen incluso a las zonas más remotas, donde a veces el solo hecho de no manipular bien los alimentos puede afectar a niños y niñas.
Urrao, por ejemplo, aunque no ha tenido muertes por desnutrición este año, es el municipio con mayor cantidad de casos de desnutrición infantil en el Suroeste antioqueño, con 113 en este momento, según informaron desde la Secretaría de Salud municipal. No es el pueblo más crítico, pero el hospital local recibe con frecuencia menores de edad en esta condición y saben que detrás de cada uno hay razones estructurales, como pobreza, madres solteras sin oportunidades o falta de acceso a servicios básicos.
La realidad se refleja mucho en comunidades indígenas lejanas, donde a veces en las cocinas de hogares con tres y cuatro niños pequeños solo hay plátano, en ocasiones pescado o huevo. Y persiste incluso cuando se van para el casco urbano a vivir en hogares de paso. Pero no es exclusivo de los indígenas, también hay en comunidades afro y campesinas.
El panorama representa un enorme reto y muchos tienen puesta la fe en la promesa del gobernador Andrés Julián Rendón de mantener la lucha contra el hambre como una de sus banderas. En marzo pasado, la Asamblea le aprobó el Proyecto de Ordenanza 02 con el que se destinarán recursos recaudados por impuesto vehicular (más de $300.000 millones anuales) para disminuir el hambre. Desde la gobernación indicaron que ya se inició un proceso escalonado para ampliar la cobertura y la calidad en la alimentación de niños, niñas y adolescentes, madres gestantes y adultos mayores.
La estrategia contra el hambre incluye un plan de choque que ya se está implementando en zonas como Urrao, donde también se han hecho dos entregas de paquetes alimentarios y capacitación nutricional a 123 hogares beneficiarios del programa Arrullos, liderado por la primera dama del departamento en todas las subregiones y que incluye acompañar a las familias gestantes y lactantes y priorizar a los niños desde la gestación hasta los 2 años en el sector urbano y hasta los 5 años en el sector rural.
Asimismo, se busca aumentar a dos raciones por día el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y que sea no solo en el año escolar, sino los 365 días del calendario, así como consolidar el PAE Indígena, que se ejecuta por primera vez en el departamento para dar un enfoque diferencial.
Entre otros aspectos, la Gobernación impulsa el Sistema Departamental del Cuidado, que incluye programas y estrategias con la mayoría de dependencias articuladas para atender a las poblaciones más vulnerables; el acompañamiento a los hospitales públicos en la implementación de lineamentos de vigilancia y atención de la malnutrición por déficit; las Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral; las Salas amigas de la familia lactante; y el Plan de desaceleración de la morbimortalidad por desnutrición, con el que se busca fortalecer la identificación, captación, atención y seguimiento integral en salud de los niños y niñas con riesgo de desnutrición y desnutrición aguda moderada y severa.
El pediatra Díaz Amaya recalcó que para acabar con el hambre es fundamental la corresponsabilidad (familia, Estado, sociedad) con la protección de los derechos de los menores de edad; el fortalecimiento de las familias, muy especialmente de la mujer; pero también en las acciones de los trabajadores de la salud. “Para lograr lo anterior, se debe priorizar la asignación de recursos para la niñez en los planes de desarrollo”, dijo.
Siga leyendo: “Uno cae muy fácil”: adolescentes víctimas y en riesgo de explotación sexual en Medellín
En Antioquia la inversión es histórica, pero justamente por eso trae el desafío de tener resultados mucho mejores que los de gobiernos pasados. Esto incluye garantizar el acceso al agua potable, disminuir los embarazos adolescentes, fomentar la lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses y complementaria hasta los 2 años, formar a las familias, garantizar los controles de crecimiento y desarrollo y la vacunación y hasta promover la asociación comunitaria alrededor de la comida, una de las falencias que han identificado las autoridades en algunas zonas rurales, donde ya no se cultiva, pero donde hay potencial para que se cambie plátano por maíz u hortalizas por huevos.
En todo caso, los primeros mil días de vida son cruciales (270 días de la gestación y 730 días hasta los 2 primeros años de vida del niño o niña). Lo que se haga o deje de hacerse en ese tiempo tiene consecuencias irreversibles.
