Con una vela roja honraron la memoria de Diana. La pusieron sobre una roca espolvoreada con tierra amarilla y su llama era casi imperceptible en medio de alguna imponente montaña de Briceño, norte de Antioquia. Ahí, donde ahora estaba la vela, escarbaron hasta hallar el cuerpo de Diana, en febrero o marzo de 2022, cinco años después de que su familia la viera por última vez. En 2017, fueron a su casa, preguntaron por ella, se la llevaron, y sus seres queridos tuvieron que aprender a convivir con un dolor atropellado por la incertidumbre. Luz Marina, la madre, la buscó, hizo preguntas, denunció, no supo nada de ella por mucho tiempo.
Puso su esperanza en el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y empezaron a buscar: “No sabíamos dónde estaba, si estaba muerta o viva, aunque una amiga mía había dicho que la asesinaron en Briceño y que la enterraron en un monte. Entonces, la puse en contacto con el CICR y así la encontraron, la recuperaron y me la entregaron”. El hallazgo no fue definitivo, el cuerpo fue enviado a Medicina Legal para cotejar la información genética con la muestra de ADN que le tomaron a Luz Marina. Con la coincidencia llegó la certeza que ella esperaba hacía tanto y le devolvieron el cuerpo de su hija en noviembre de 2023 para darle una sepultura digna.
El de Diana es una de las 1.730 nuevas desapariciones relacionadas con el conflicto armado y la violencia que el CICR ha documentado en Colombia desde el 1 de diciembre de 2016, cuando quedó en pie el Acuerdo de Paz, hasta el 31 de julio de 2024. De ellos, 130 los registró en Antioquia.
“No es cosa del pasado”
José Guillermo Londoño Giraldo, jefe adjunto de la subdelegación de la entidad en Medellín, señala que la desaparición no es un hecho solo del pasado, pero que existe un alto subregistro por el temor de muchas familias a denunciar, en medio de las dinámicas propias de las zonas afectadas por el conflicto, que se ha deteriorado en los últimos siete años, no solo con nuevas desapariciones, sino también con confinamientos, desplazamientos, vinculación de menores de edad a grupos armados y homicidios, entre otros delitos.
En los registros más recientes de desaparición asociada al conflicto Antioquia ocupa el sexto lugar de departamentos con más casos del país, superado por Arauca (308), Nariño (244), Cauca (231), Chocó (207) y Norte de Santander (206). No obstante, sigue siendo el primero, por mucho, en reportes anteriores al Acuerdo de Paz. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) consolidó 111.640 casos de víctimas de desaparición en el marco del conflicto armado antes de dicho Acuerdo, de las cuales cerca de 24.500 corresponden a Antioquia, casi la cuarta parte del total.
Al hacer zoom en el Valle de Aburrá son por lo menos 4.000 hechos documentados hasta diciembre de 2016, entre los que más de 3.100 corresponden a Medellín. Esta es una de las subregiones del departamento donde la UBPD tiene activos planes regionales de búsqueda; los otros son los de Oriente, Occidente, Norte, Nordeste, Suroeste y Bajo Cauca y Valdivia. Otras oficinas territoriales de la entidad también tienen competencia en la búsqueda de algunos municipios antioqueños de zonas como el Urabá y los tres puertos del Magdalena Medio, entre otros.
Gloria María Araque, coordinadora del grupo territorial Antioquia de la Unidad, señala que en el primer semestre de este año, en el marco de los siete planes de búsqueda de su jurisdicción, recibieron 215 solicitudes de búsqueda, tomaron 288 muestras de ADN a familiares y recuperaron 72 cuerpos de personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado. La búsqueda puede empezar por solicitud de la familia u organizaciones civiles, por información de aportantes como exintegrantes de grupos armados o por indicios de posibles víctimas en cementerios o en fosas a cielo abierto.
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En el departamento hemos avanzado en la intervención de cementerios como el de Yarumal, Campamento, Briceño (Norte); en Bajo Cauca hicimos una recuperación en Zaragoza y estamos haciendo la caracterización del de Caucasia; en Occidente vamos a hacer intervención en Santa Fe de Antioquia y en Frontino; en el Suroeste tenemos en Urrao; también en el Jardín Cementerio Universal de Medellín estamos articulados con la JEP en el marco de los cuerpos recuperados allí, que supera los 170”, señala la coordinadora.
Ya sea una intervención en camposantos municipales o en fosas a las que llegan tras recorridos de varias horas a lomo de mula, lo que sigue es abrir, excavar, esculcar con cautela, llegar tan profundo como sea necesario para encontrar un cuerpo. En este proceso también se revisan bases de datos de instituciones oficiales, actas de necropsia, registros de ingreso de cuerpos en parroquias y cementerios. Todo puede dar una pista sobre quién es la posible víctima del conflicto que fue inhumada sin identificar. En términos generales, cuando un cuerpo es recuperado lo envían al Instituto de Medicina Legal para una plena identificación y si se logra saber quién es la familia, se procede con la entrega digna que también tiene un proceso de acompañamiento.
Araque indica que, con corte al 15 de marzo pasado, en los siete planes de su jurisdicción se llevaban 2.504 solicitudes de búsqueda, de las cuales 1.045 son del Valle de Aburrá. Y aunque la cifra sube hasta 4.435 si se incluyen las de municipios de Antioquia cuya competencia es de otra territorial, es evidente la gran diferencia que persiste entre el universo de personas dadas por desaparecidas en el departamento, frente a las peticiones ante la UBPD para que las busquen.
Con este panorama y las demoras que a veces puede representar el proceso de identificación en Medicina Legal, la Unidad ha venido implementando una estrategia que ya deja buenos resultados. Se trata de tomar muestras in situ a los cuerpos recuperados que tenían acta de necropsia desde cuando fueron inhumados, algunos hace incluso más de tres décadas. A veces, los párrocos, sepultureros o personas de otras entidades tenían el cuidado de escribir detalles de la forma cómo llegó el cadáver: con heridas múltiples por arma de fuego, llevado por hombres uniformados, entregado con otros cuerpos u otras condiciones que permiten deducir que se trata de una víctima del conflicto armado.
En estos casos, cuando hay tantas piezas del rompecabezas que siempre debe armarse, el cuerpo recuperado no es enviado a Medicina Legal, sino que queda bajo custodia de la Unidad, con todos los protocolos que exige la ley al respecto, para agilizar el proceso de identificación. Esto ha permitido resultados como los obtenidos en el cementerio de Rionegro, en este momento en la segunda fase de intervención. En la primera recuperaron 19 cuerpos y en solo dos meses y medio lograron hacer la entrega de uno de ellos plenamente identificado.
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Bajo esta misma línea también hacen una búsqueda a la inversa para dar con las familias de víctimas ya identificadas, pero que nadie ha reclamado. Esto es clave, porque a veces, tras 20 o 30 años de desaparición, solo se encuentran algunos restos óseos, un escapulario, pedazos de lo que alguna vez fue una camisa o un pantalón, prendas y elementos que los seres queridos pueden reconocer y facilitar la identificación y entrega. Este 2024, agrega Araque, han entregado 7 cuerpos en su territorial y la meta es llegar a 16 a fin de año.
Justamente, el carácter humanitario y extrajudicial de esta labor, dice José Guillermo Londoño, permite dar una respuesta más rápida a las personas buscadoras, por lo cual cree que es necesario que el mandato que tiene la UBPD se extienda y que se incluyan las nuevas víctimas registradas después del 1 de diciembre de 2016.
En este momento, el CICR es la única alternativa exclusivamente humanitaria para atender hechos de desaparición relacionados con el conflicto armado después de la firma del Acuerdo de Paz. Para el jefe adjunto, también es clave la atención en salud mental a las familias de las personas desaparecidas, pues es una de las afectaciones más graves que sufren con esta situación, a lo que se suma que muchas veces los daños de hechos así afectan comunidades enteras.
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Desde la Unidad hicieron un llamado a las familias que tienen un ser querido desaparecido para que presenten la solicitud ante la UBPD, aun cuando hayan reportado el caso en otras instituciones como la Fiscalía. Pueden hacerlo, con garantía de confidencialidad, en los números 316 278 39 18 y 316 282 32 06 o el correo electrónico servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co. Es un primer paso para avanzar en la búsqueda.
“A la niña la sepultamos en el Cementerio Universal de Medellín, donde vive otra hija, que fue la que pidió que la dejáramos allá. Uno nunca olvida eso, se siente maluco, triste, pero a la vez se siente uno contento de salir de la duda de si estaba viva o muerta”, dice Luz Marina, tal como lo han dicho decenas de personas que han recuperado a sus seres queridos tras la angustia por no saber nada de ellos.
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María Inés recibió a dos de sus cuatro hijos desaparecidos
María Inés Parra carga con el dolor de la desaparición de cuatro de sus hijos. Recuerda que la familia huyó del conflicto en Uramita, occidente antioqueño, y llegó desplazada a Medellín.
Pero encontraron una finquita en Cocorná, en el Oriente, y retornaron al campo. Allí, la desaparición se ensañó con ellos. En octubre de 1999, a José Luis, uno de los hijos, lo sacó un grupo armado del hospital de Rionegro mientras cuidaba a su hermano Jorge Enrique por una mordedura de serpiente.
En abril de 2003, a Jorge Enrique lo desaparecieron cuando salió a jornalear al campo y ese mismo año, en agosto y diciembre, desaparecieron a Francisco Javier y Jorge Emilio, respectivamente, tras vivir otro desplazamiento.
Pasaron 25 años de la desaparición de su primer hijo cuando la UBPD recuperó el cuerpo de Francisco Javier, en diciembre de 2021, en el Cementerio Universal de Medellín, donde fue inhumado como cuerpo no identificado, y se lo entregaron a la madre en septiembre de 2023.
Seis meses más tarde, en marzo de 2024, durante la primera fase de intervención al cementerio de Rionegro, encontraron el cuerpo de Jorge Enrique y, con la nueva metodología de muestras in situ, ya lograron hacerle también la entrega digna del segundo de sus cuatros hijos desaparecidos.
El de Jorge Enrique fue el primer cuerpo de los 19 recuperados en el camposanto de Rionegro que devuelven a su familia para que tuviera una sepultura digna y avanzan en la segunda fase hasta el 6 de septiembre próximo. María Inés sigue esperando que más pronto que tarde le entreguen a sus otros dos hijos, que la UBPD sigue buscando.
