27 años tardó la patrimonial vivienda esquinera en Marinilla, conocida como “La otra casa” o la casa de Ernestina, hasta que finalmente venirse abajo y se llevó consigo más de dos siglos de historia.
En Marinilla casi que se volvió una tradición apostar en qué momento caería la casa, rezando, eso sí, para que el día que ocurriera nadie pasara por allí ni resultara herido. Por fortuna ocurrió así: la parte más afectada de la casa, ubicada en zona céntrica, a tan solo 10 metros de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en el cruce entre carrera 31 con calle 30, cayó en la madrugada de este martes 18 de junio.
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El derrumbe parcial de la casa no dejó lesionados ni afectaciones en locales comerciales vecinos. La alcaldía de Marinilla lamentó la pérdida de uno de sus bienes de interés cultural más importantes y aclaró que precisamente para evitar riesgos contra la vida de los habitantes declaró en enero la zona como no transitable, instaló barreras plásticas que habían sido retiradas por los mismos comerciantes que se quejaron porque el poco tránsito afectaba sus ventas, pero que era una medida cuyo fin principal era preservar la vida. También reiteraron que el municipio ha hecho todo lo que está a su alcance respecto al lío en que se convirtió esta casa, pero que es su propietaria y el Ministerio de Cultura los que han permitido que el problema haya llegado a esta instancia.
El Centro Histórico de Marinilla fue declarado monumento nacional en 1963 y bajo declaratoria patrimonial fueron cobijadas más de 30 manzanas, incluyendo cientos de viviendas y otras edificaciones históricas como la alcaldía, la casa cural la parroquia La Asunción. Entre estos bienes de interés cultural se encuentra la llamada casa de Ernestina, que recibe el nombre de su propietaria actual.
Dicha casa, tal como alegó la familia ante la justicia hace siete años, fue afectada por un atentado con petardos que le hicieron a la sede del partido Conservador en 1997. Desde entonces parte de su fachada: techos, muros y barandales quedaron irreversiblemente dañados, lo que se agravó con el paso del tiempo y la falta de intervención. La construcción de esta casa data de finales del siglo XVIII.
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La casa es un patrimonio de la Nación porque allí vivió el sacerdote Jorge Ramón de Posada, prócer de la Independencia y quien jugó un papel tan importante durante la convulsa época independentista que fue llamado el “Segundo libertador de Antioquia”. Resulta que el sacerdote, de familia rica y carácter patriótico, se inmortalizó por presidir en 1813 la ceremonia de libertad de 83 esclavos, un acto que marcó un punto de quiebre en la sociedad de la época. También fue mano derecha del general José María Córdova, lo ocultó en esta misma casa ahora derruida y también allí le dio refugio al joven ejército que el general Córdova llevó a la batalla de Chorros Blancos, en Yarumal, en 1820, con la que la provincia de Antioquia logró su libertad definitiva de la corona española. De ahí el apelativo que recibió el sacerdote.
Muchos otros personajes fundamentales en la historia de Antioquia y el país pasaron por esta casa. Pero el tiempo pasó factura y la declaratoria que recibió se convirtió en enemiga para poderla intervenir.
En mayo de 2017, el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, falló en contra de la propietaria Ernestina Ceballos y declaró que ella, como propietaria del derruido inmueble, era responsable por la vulneración de los derechos colectivos y de la seguridad y salubridad de los habitantes del municipio, así como responsable de velar por la defensa del patrimonio cultural de la Nación. En ese sentido, le ordenó hacer todo lo que correspondía para devolver a su estado la casa y acabar con los riesgos que generaba. Pero nunca lo hizo.
La propietaria instauró una acción popular también en 2017 con la que buscó ser reconocida como víctima por “omisiones” de la alcaldía y el Ministerio de Cultura. Pero la conclusión fue la misma: que a pesar de ser bienes de interés cultural de la Nación, son los propietarios los que debían garantizar su intervención.
Marleny Atehortúa, hija de la propietaria, señala que sí han sido las administraciones y el Ministerio responsables de la histórica casa haya quedado en un limbo que la llevó a la ruina. Asegura que la familia está cansada de que alcalde tras alcalde los pongan a voltear con proyectos de intervención con los que, según dice, solo quieren salirse del problema hasta que termina la alcaldía dejándolos en las mismas. “No pueden alegar que hemos sido negligentes porque llevamos años peleando por todo lado cómo se hace la intervención. En 2015 fui a Medellín a reunirse con un experto en temas patrimoniales y nos dijeron que era un proyecto muy caro, nosotros pensábamos que se trataban de 20 millones o tal vez un poco más y nos dijeron que por lo menos 1.000 millones. De dónde vamos a sacar esa plata”, relata Marley e insiste en que no es cierto que por voluntad hayan permitido el deterioro de la casa y que tienen los documentos de la Fiscalía que acreditan los atentados que causaron los daños.
En este punto hay que decir que no solo en este caso, sino de manera general, las declaratorias patrimoniales a inmuebles privados han terminado convertidos, según decenas de afectados, en una maldición, en una expropiación. Y es que resulta que una vez son declarados bienes de interés cultural intervenir estas casas se convierte casi en un imposible porque a pesar de ser propietarios deben pedirle autorización al Ministerio de Cultura, un trámite que a la luz de la ley general de cultura actual es uno de los más engorrosos y burocráticos que existe y que puede tardar años. Pero incluso si obtienen el permiso, los requisitos que les imponen incluye realizar millonarias inversiones para conversar la arquitectura y medidas tan estrictas como contratar expertos calificados, por ejemplo, en el manejo de techos construidos con maderas que ya ni siquiera son comerciales o especialistas en técnicas constructivas como la tapia pisada, ya en desuso. Tampoco pueden modificarla a su necesidad, ni venderla, ni demolerla, ni mucho menos venderla, porque nadie está interesado en comprar un inmueble del que no se puede usufructuar. El asunto concreto es que a pesar del fallo de hace siete años, la casa está en proceso de ruina. .
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Tras el colapso parcial, la alcaldía aseguró que elaborará con Planeación un informe para evaluar el estado del resto de la edificación. Y sobre todo que exigirán que la propietaria por fin haga presencia y cumpla con lo que le ordenó la justicia. Señalaron en la administración, que también adelantan a través de la Subsecretaría de Patrimonio un diálogo con el Ministerio de Cultura para que los propietarios de los inmuebles patrimoniales de Marinilla puedan acceder a trámites más fáciles para adecuar e intervenir las casas, conservando los valores arquitectónicos y patrimoniales, pero garantizando que estructuralmente no van a entrar en proceso de deterioro.
El fenómeno de la Niña puede arrasar con gran parte del patrimonio de Antioquia
El caso de Marinilla no es aislado. En 2021 EL COLOMBIANO narró en detalle la insólita situación en la que se encuentran en Abejorral, que tiene un Centro Histórico más grande que el de Santa Fe de Antioquia y uno de los más grandes del país y que se está convirtiendo en un pueblo donde amanecen cada semana con una casa o varias casas menos. En aquel momento, en medio de las mencionadas dificultades para poder intervenir sus casas y azotados por el brutal Fenómeno de la Niña, más de 150 casas entraron a la vez en proceso de colapso. Actualmente, decenas de esas casas que entraron en alerta en ese momento terminaron en el suelo y las restantes siguen en alto riesgo.
Antioquia tiene ocho de los 45 Centros Históricos que existen en Colombia: Abejorral, Jardín, Jericó, Sonsón, Concepción, Santa Fe de Antioquia, Rionegro y Marinilla. En todos estos municipios hay cientos de casas con declaratoria actual de emergencia por deterioro estructural, en medio de situaciones similares a las ya mencionadas. Las olas invernales en los últimos años han derrumbado casas en Abejorral, Sonsón, Santa Fe, Concepción, Rionegro y Marinilla. La gran paradoja es que a pesar de ser un factor de riesgo generalizado para la población y la infraestructura de estos municipios, precisamente por las restricciones que impone su declaratoria patrimonial, ni los municipios ni los organismos de gestión del riesgo pueden emprender estrategias de fondo que prevengan emergencias por cuenta del deterioro de estas casas. De manera que el Fenómeno de la Niña tiene un factor adicional de riesgo para los habitantes de los municipios que tienen patrimonio de la Nación.
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