La Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria del Oriente Antioqueño lanzó nuevamente una grave denuncia por la consolidación de grupos armados en el Oriente antioqueño. Según expresó la organización, fueron alertados nuevamente sobre el tránsito y reinstalación de un grupo fuertemente armado con armas largas en cuatro municipios del Oriente antioqueño.
Según la denuncia, los ilegales estarían haciendo presencia en las veredas del río Verde de los Montes y de los Henaos de Sonsón y en límites de El Carmen de Viboral en zona del Cañón del Melcocho. “A pesar de nuestras constantes denuncias, las autoridades siguen ignorando el llamado de la sociedad civil”, señalan en el comunicado. El tránsito de los ilegales abarcaría no solo Sonsón y El Carmen, sino los municipios de San Francisco y Cocorná.
La Mesa de Derechos Humanos advirtió que la comunidad está en este momento expuesta a quedar en medio de confrontaciones armadas y estigmatizaciones. “Oriente cuenta con 3 batallones, 3 distritos de policía y la nueva estrategia EMPÁS del gobernador, pero la única realidad de las comunidades es el peligro por el control armados y la presencia de estructuras ilegales en toda la subregión del Oriente antioqueño, incluyendo los cañones de Río Verde, Santo Domingo, El Melcocho, Aquitania, La Danta y San Miguel, sin que atienda constitucionalmente con presencia institucional para proteger a la población”.
Varias fuentes en la zona aluden al Clan del Golfo como el grupo que estaría sembrando terror y diseminándose lentamente en el territorio y le señalaron a EL COLOMBIANO que en municipios como San Francisco la situación se ha ido agravando a un ritmo acelerado con amenazas de limpieza social y diversas prácticas de control social. Según sostienen, el Clan estaría utilizando una estrategia similar a la que emplearon las Farc para controlar ese territorio, el cual es clave para todo grupo armado que busque ejercer dominio entre el Magdalena Medio y el Oriente cercano, conectando incluso con el Valle de Aburrá.
Las versiones apuntan que los integrantes del Clan del Golfo con armas largas estarían asentándose por la margen derecha del río Calderas, un posicionamiento que de concretarse les podría permitir controlar por toda esa cordillera a San Luis, Cocorná, San Francisco, San Rafael, San Carlos, Granada y hasta El Peñol y El Santuario. El llamado camino de Islitas les permite extender su corredor criminal hasta el Magdalena Medio y el Valle de San Nicolás.
Señalan también desde esas zonas que el aumento de laboratorios para el procesamiento de cocaína, como el desmantelado en agosto pasado en Marinilla, está estrechamente ligado a la instalación de dragas y motobombas para minería ilegal de oro en varios de los principales ríos del Oriente. Cocaína y minería serían dos de las principales rentas criminales que estarían financiando la expansión del Clan del Golfo en el Oriente antioqueño. EL COLOMBIANO publicó recientemente un informe que refleja el aumento de minería ilegal en cuencas como el río Calderas y el cañón del río Santo Domingo, zonas a las que según los testimonios recogidos el Clan del Golfo estaría llevando mineros del Bajo Cauca para adelantar dicha labor ilegal poniendo en grave riesgo los ecosistemas del Oriente. Esto no solo representa un riesgo para la seguridad y bienestar de los pobladores sino para la economía global de la región, pues sectores como el turismo, que actualmente es uno de los principales renglones económicos del Oriente, se verían afectados si esta problemática avanza.
El pasado 9 de agosto, el gobernador Andrés Julián presentó el primer Escuadrón Militar y Policial Antioquia Segura –EMPÁS- del Oriente antioqueño, que operará en las zonas rurales de los municipios de Abejorral, Nariño, Sonsón y La Unión. Según Rendón, “esta estrategia de los EMPÁS conjuga lo mejor del esfuerzo institucional por parte nuestra, por parte de nuestro Ejército, nuestra Policía Nacional y dan cuenta de una cosa muy sencilla pero muy poderosa, y es que juntos somos más contundentes para darle tranquilidad a la gente en todos los rincones de Antioquia”.
Los EMPÁS, según la administración departamental, son una iniciativa de seguridad integral, implementada por la Secretaría de Seguridad y Justicia en articulación con el Ejército y la Policía Nacional, que busca prevenir el delito y la criminalidad, principalmente, en las zonas rurales de Antioquia. Cada EMPÁS está conformado por 20 soldados y 20 policías que adelantarán patrullajes independientes en sectores rurales de estas poblaciones. En total, el departamento tendrá al final del cuatrienio 25 EMPÁS en 124 municipios, nueve subregiones y 25 zonas.
La Mesa de Derechos Humanos, por su parte, responsabilizó a la Gobernación de Antioquia, al Gobierno Nacional y a la Fuerza Pública “por los hechos que ocurran contra la población civil. “Es hora de que se tomen medidas efectivas y se garantice la seguridad y la no repetición de la violencia”, concluyó la organización.
