Ante el Consejo de Estado fue radicada este jueves 18 de abril una demanda de pérdida de investidura en contra del representante a la Cámara por Antioquia Alejandro Toro Ramírez, del Pacto Histórico, por una presunta inhabilidad que tenía para inscribirse a la lista de esa colectividad en 2022 para las elecciones legislativas.
Con la demanda, presentada por el abogado Juan David Giraldo Mora, se pretende que Toro Ramírez pierda su curul porque habría estado inhabilitado para participar en las elecciones a la Cámara de Representantes, en vista de que firmó un contrato que suscribieron su fundación Avanti Centro de Formación y el Colegio Mayor de Antioquia, una de las instituciones de educación superior del Distrito de Medellín, cuya ejecución se fue hasta diciembre de 2021, tres meses antes de ser elegido como congresista, lo cual está prohibido.
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Toro Ramírez creó y representó a Avanti, como consta en los certificados de registro anexados a la demanda. Asimismo, en esta se demostró que el congresista firmó el contrato 89766-094 de 2021 en representación de dicha corporación con el Colegio Mayor de Antioquia, con un plazo de ejecución del 24 de agosto al 31 de diciembre de 2021 y un valor inicial de $50 millones para prestar servicios profesionales en el marco de un semillero con víctimas del conflicto armado.
El contrato fue firmado por el hoy congresista el 23 de agosto de 2021, quien claramente figura como contratista en representación de Avanti. Adicionalmente, el demandante incluyó informes de las actividades ejecutadas en el contrato con evidencias y fotografías en las que Toro Ramírez figuró también como tallerista.
Tras ser notificado sobre la demanda radicada en su contra, el congresista se pronunció en redes sociales y manifestó que con esta actuación quieren callarlo. “Mis denuncias en la OEA, en la CIDH, en la justicia colombiana están volviéndose una piedra en el zapato para quienes quieren perpetuar un sistema injusto y plagado de corrupción que le niega los más elementales derechos a mis compatriotas. La Procuraduría está politizada, sin embargo, seguiremos dando la batalla para cumplir con las promesas del gobierno del presidente @petrogustavo, a quien hemos respaldado y apoyado desde hace años”, escribió.
Asimismo, en un video que acompañó el mensaje manifestó que la demanda se da porque él ha hecho denuncias sobre la actual alcaldía de Medellín. Algunas han estado relacionadas con los hallazgos que el alcalde Federico Gutiérrez ha dado a conocer sobre presunta corrupción en la administración de Daniel Quintero, la cual fue y sigue siendo defendida a capa y espada por el congresista, pese a que carga con múltiples escándalos que hoy están bajo investigación de varias autoridades penales y de control.
Al respecto, el abogado Giraldo Mora sostuvo que presentar la demanda no fue una decisión que tomó recientemente, sino que empezaron a estudiar su viabilidad a finales del año pasado luego de que el contador Daniel Salazar conociera sobre el contrato firmado por Toro y le siguiera la pista. A partir de ese momento, solicitaron muchas piezas documentales y las analizaron a la luz de la jurisprudencia.
“Fuimos haciendo este trabajo, haciendo los derechos de petición y recolectando las pruebas necesarias para cerciorarnos; cuando ya tuvimos plena confianza entre nosotros, tomamos la decisión de que yo presentara la demanda”, indicó el abogado.
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Adicionalmente, el demandante le solicitó al Consejo de Estado decretar una medida cautelar consistente en suspender de forma provisional al congresista mientras avanza el proceso y se tenga un fallo de fondo.
Esto, porque en consideración del abogado, Toro Ramírez obtuvo su curul “mediante engaño a las autoridades electorales del país, la organización electoral y los votantes de su colectividad y desde luego a los ciudadanos de Colombia, Antioquia y de Medellín”, puesto que tenía el conocimiento de la presunta inhabilidad para inscribirse como candidato y prefirió omitirla.
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Toro Ramírez debutó en la política con la candidatura a la Cámara de Representantes por Antioquia en el Pacto Histórico, una lista cerrada en la que le garantizaron una curul al ponerlo en la cabeza, es decir, los votos que obtuvo no fueron sobre su persona, sino sobre el Pacto, pero al estar en primer lugar entraba directo a la Cámara.
Esto generó gran descontento en su momento y fue una de las causas, aunque no la más importante, de las rupturas que tuvo la colectividad del presidente Petro en Antioquia y Medellín, pues había personas de los partidos en coalición que llevaban años de trabajo y liderazgo en las regiones que no fueron incluidas o fueron ubicadas en los renglones inferiores.
Muchos en el Pacto vieron con muy malos ojos que se privilegiara a Toro, puesto que era cercano al equipo político de Quintero y no contaba con la misma experiencia y trayectoria de otros militantes de los partidos que se sumaron a esa coalición. El trabajo del hoy representante había sido más en el campo de las organizaciones sociales, la paz y la defensa de los derechos humanos, como él mismo lo explicó en la campaña.
Ahora, el representante usa sus redes para defender al exalcalde y fue uno de los congresistas, al lado del senador Álex Flórez, también aliado de Quintero, que presentó derechos de petición a la actual Alcaldía de Medellín para que le entreguen detalles de los más de 500 hallazgos de presunta corrupción, pero Gutiérrez ha respondido que lo que no darán a conocer son los nombres y testimonios de las personas que se han atrevido a denunciar las presuntas irregularidades de todo nivel que ocurrieron entre 2020 y 2023.
