La resolución para delimitar el uso del suelo con fines de producción alimentaria tiene divididos a productores agrarios. Unos señalan sus bondades, mientras que otros sus lunares.
El artículo publicado el pasado 11 de enero en EL COLOMBIANO –que hablaba sobre el futuro que le espera al Suroeste antioqueño luego de que el gobierno de Gustavo Petro decretara en esta subregión la implementación de una Zona Especial de Protección para Producción de Alimentos– ha causado reacciones en el Ministerio de Agricultura, y en esta subregión.
En la mañana del pasado domingo 12 de enero, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino publicó un hilo en la red social X donde buscaba conjurar los “miedos y fantasmas” que, según ella, rondan la creación de la zona.
MinAgricultura aprobó la resolución 000377 que da vida a las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos APPA, con las que busca delimitar en polígonos el uso del suelo con fines de producción alimentaria en esta subregión para priorizar así la cosecha de 49 alimentos, hecho que, según algunas voces críticas, podría afectar la vocación económica de los territorios seleccionados y que podrían extenderse a hasta 250.000 hectáreas de los 23 municipios del Suroeste. Es decir, más del 39% de toda la subregión.
La cuestión es que si bien la principal actividad económica del Suroeste es la producción cafetera y agrícola (sobre todo en cítricos y otras frutas, y recientemente en aguacates), en ella también se desarrollan la minería, la ganadería y desde un tiempo para acá el turismo, actividades que –según los detractores de la resolución ministerial– quedarían en el limbo tras la publicación del documento.
Volviendo al “hilo” de la ministra Martha Carvajalino, esta comentó –sobre el artículo– que su despacho ha definido una zona de estudio para determinar las áreas que hoy garantizan el abastecimiento alimentario y allí, con posterioridad, declarar las APPA.
“Nuestra definición no limita actividades ni determina usos, y si nos permite acercarnos a donde hoy se desarrolla la actividad agropecuaria para protegerla. Con la declaratoria de estas áreas, una vez adelantamos el proceso iniciado, salvaguardaremos de los cambios de uso irregular del suelo rural las activadades agrarias que pone alimentos de las ciudades (SIC). Hablamos de proteger las actividades pecuarias, agrícolas y pesqueras, de esas actividades que hoy jalonan la economía. No se restringen usos, no hay relación alguna con procesos de adquisición de tierras”, aclaró la ministra inicialmente.
A renglón seguido, la ministra Carvajalino escribió que el suelo rural en Colombia, y sobre todo el suelo rural agropecuario, es un recurso natural protegido.
“El Código de Recursos Naturales impone un deber de conservar y restaurar la capacidad productiva y su integridad agrológica, lo que resulta esencial en la soberanía alimentaria de cualquier territorio (...) Se equivocan quienes creen que el suelo rural agropecuario es recurso sin restricciones y limitaciones. La omisión reiterada de las autoridades administrativas y judiciales en el control del uso del suelo y sus deberes de protección no se traduce en la libertad para degradar, erosionar o cambiar el uso del suelo de forma indiscriminada”, amplió.
Finalmente, Carvajalino dijo que el proceso iniciado con la APPA del Suroeste debe ser una oportunidad para discutir sobre las garantías que la producción agropecuaria requiere para ser sostenible.
“Imponer miedos y fantasmas en una apuesta por proteger a campesinas y campesinos que producen alimentos, a pequeños, medianos y grandes productores que ejercen una actividad difícil para lograr productividad y competitividad en las actividades ganaderas, agrícolas y pesqueras, no es coherente con los intereses generales de la Nación”, puntualizó en respuesta a los detractores de la medida.
Pese a las explicaciones dadas por la ministra, en el Suroeste antioqueño la discusión está abierta entre quienes ven las bondades de la resolución y entre le encuentran varias falencias.
EL COLOMBIANO habló con algunos productores y campesinos del municipio de Jericó y estos comentaron que veían con buenos ojos la resolución expedida por el MinAgricultura.
Por ejemplo, los propietarios de un proyecto de agricultura agroecológica y sostenible que produce cerca de 70 variedades de alimentos, comentaron que la norma les fue socializada desde 2024 por miembros de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA.
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Los campesinos indicaron que para ellos el documento protege la producción alimentaria y a su vez la vida, teniendo en cuenta que en el país –según dijeron– cada hora se pierden cerca de 11 hectáreas de suelo fértil para cultivar.
“En la socialización ya nos dijeron cuáles serían los polígonos. Para el caso nuestro, en el municipio de Jericó, se usó la información del Esquema de Ordenamiento Territorial de 2023 que señalaba donde había producción agrícola”, detallaron.
Sobre los diferentes usos del suelo –que según las explicaciones vía X de la ministra no será una “camisa de fuerza”, los labriegos detallaron que la ven bien toda vez que varias producciones están relacionadas.
“Está bien que no se ate el suelo a una sola actividad pues, por ejemplo, muchos cultivos como el maíz o el sorgo van para la producción pecuaria. O veamos por ejemplo lo que pasa con la producción maderera que también es una agroindustria y que puede estar ligada al cultivo de alimentos”, detallaron.
Las apreciaciones de estos campesinos consultados también fueron recogidas por el Cinturón Occidental Ambiental COA, una articulación de organizaciones sociales del Suroeste antioqueño que calificó el decreto como “importante propuesta con la que el gobierno da un avance” para salir de la “imposición minera y extractivista”.
Sin embargo, otra opinión tienen en otros municipios. Por ejemplo, un productor cítrico de La Pintada que habló con EL COLOMBIANO detalló que la resolución debió venir acompañado junto a una política de desarrollo agrícola que trajera líneas de inversión con tasas favorables, plazos amigables y períodos de gracia asequible para los campesinos para así apalancar la producción alimentaria. Sin embargo, esto no sucedió.
“Cualquier actividad agrícola, independiente de su tamaño, sino cuenta con un buen apoyo económico, se convierte en una tarea muy difícil. Por eso, sino hay líneas financieras para desarrollar, la producción es imposible”, detalló el productor.
Según el gremio productor de cítricos en el Suroeste, en los últimos tres años se han perdido cerca de 4.000 hectáreas de producción cítrica por falta de apoyo económico. Todas esas hectáreas tuvieron que dedicarse a la ganadería.
Otra queja es que, hasta ahora, tampoco se han definido en este territorio los polígonos donde se desarrollarán las APPA de forma concreta.
“Sí se han hecho discusiones con la UPRA en la provincia del Cartama, pero imagínese que ni siquiera ha venido el Agustín Codazzi –que es el que debe delimitar los polígonos –por acá”, apuntó.
Finalmente, el productor dijo que la norma se expidió “encima” de las recientes actualizaciones catastrales. Es decir que los nuevos avalúos catastrales aumentaron los valores de los impuestos prediales en el Suroeste, haciendo que la situación de los propietarios sea más asfixiante económicamente.
“Pero por el otro lado, si un propietario tiene una finca de varias hectáreas y ya está ‘alcanzado’ para pagar el impuesto, ya no puede vender parte de su finca para desarrollos urbanísticos y así alivianar la carga y cumplir con los pagos. Tampoco puede dedicar parte del suelo a otra actividad más productiva porque según entiendo yo el decreto no deja dividir la propiedad ni cambiar su uso. Esto limita o amarra los terrenos porque acá hay fincas muy grandes que en algún momento serán insostenibles en toda su extensión”, detalló.
Ante la continuación del debate, la ministra Carvajalino indicó que convocará a un “diálogo amplio y franco” para lograr que la producción de alimentos en Colombia se fortalezca.
En dichas discusiones se esperan que se toquen temas como el mejoramiento de vías para sacar la producción y la llegada de maquinaria y tecnología agrícola de todas las escalas. Pues estos reclamos históricos también deberían estar incluidos en la resolución, como lo señalan los productores, y, sin embargo, hasta ahora no se han visto incluidos.
Mientras tanto, la Gobernación de Antioquia anunció que demandará el decreto pues considera “que esta es una usurpación del Gobierno Nacional a las autoridades locales, en su lucha ideológica por oponerse al desarrollo de la minería”.
