107
candidaturas se han revocado en Antioquia por situaciones ilegales.
66
municipios registran casos de violencia por diferencias entre las casas políticas.
Al menos 152 candidatos, al parecer con vínculos con estructuras criminales, ya sean guerrillas, paramilitares, herederos de la parapolítica, narcotraficantes o bacrim, participarán en las elecciones de autoridades locales y regionales del próximo 25 de octubre. De ese total el 81 por ciento tiene altas probabilidades de ganar en los comicios.
Así lo reveló una investigación de la Fundación Paz y Reconciliación, que fue entregada ayer y que se desarrolló en 21 departamentos. Sin embargo, el informe se centró en ocho regiones: Antioquia, Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena, Santander, Sucre y Valle del Cauca.
De acuerdo con Alejandra Barrios, directora de la MOE, el objetivo fue establecer las relaciones entre estructuras políticas y grupos criminales, de cara a la jornada electoral.
Según la información recopilada por la Fundación Paz y Reconciliación, Sucre, con 47 aspirantes (25 de ellos a alcaldías) es el departamento con mayor riesgo en ese sentido. Le siguen Antioquia con 30 candidatos (22 a alcaldías), Magdalena con 11 y el Valle del Cauca, Bolívar y Cesar, cada uno con nueve aspirantes.
En el caso de Antioquia, las campañas cuestionadas están en los municipios de Heliconia, Yarumal, Bello, Campamento, Apartadó, Nechí, El Bagre, Tarazá, Puerto Triunfo, Ituango, Carepa, Valdivia, Turbo, Santa Bárbara, Caucasia, Yalí, Zaragoza y Medellín (en este caso varios candidatos al Concejo de la ciudad y la Asamblea), así como un aspirante a la Gobernación, según el reporte.
Ariel Ávila, vocero de Paz y Reconciliación, sostuvo que el informe encontró varias tipologías en lo que tiene que ver con los vínculos entre candidatos e ilegalidad. Por ejemplo, dice, están los considerados herederos de la parapolítica, es decir, quienes buscan continuar con los planes de algún político investigado o condenado en el pasado por nexos con grupos de autodefensa. El investigador advirtió que en la mayoría de los casos son familiares en primer grado, como hijos, esposas, hermanos, primos, o personas que han trabajado en cargos políticos o administrativos del parapolítico en cuestión.
Otras presiones
Pero eso no es todo. Ávila añadió que la delincuencia mutó y dejó el proselitismo armado para presionar un resultado en las urnas. Hoy, recalcó, la forma de intervenir en política de las organizaciones criminales es influenciar en las candidaturas.
“Conocimos 152 casos en los que los dineros ilegales han llegado a financiar campañas. Esto no respeta partidos políticos pues los casos están por todos lados: Cambio Radical, Partido Liberal, Partido Conservador, Partido de la U, Centro Democrático, Opción Ciudadana, por mencionar algunos. Hay casos emblemáticos como el de Jorge Coral Rivas, candidato conservador a la Gobernación del Putumayo, quien ya fue detenido por tener nexos con un jefe de una banda criminal. En Antioquia hay varios casos, como el de Caucasia, el de Bello o lo que ocurre en el Urabá. A esto se suman las denuncias que existen contra un candidato a la Gobernación de Antioquia. Consideramos que la situación es crítica”, aseguró el investigador Ávila.
Ante este escenario, la MOE destacó la labor que cumple la Fiscalía, pues en los últimos días ha venido actuando para frenar la situación. La directora de la MOE señaló que los principales problemas de las elecciones 2015 se han dado por la ligereza de las organizaciones políticas a la hora de otorgar los avales.
“En total tenemos 46 capturas, de las cuales 44 están relacionadas con candidatos y se han realizado en los departamentos de Córdoba, Meta, Sucre, Atlántico, Casanare y Tolima. En estas 44 capturas tenemos 13 candidatos que han sido detenidos por delitos electorales y 31 por delitos comunes”, afirmó Barrios.
De acuerdo con Elisabeth Úngar, directora de Transparencia por Colombia, es un hecho que las organizaciones políticas están en deuda en lo que tiene que ver con la transparencia porque ni siquiera cumplen con lo que manda la ley. “Por ejemplo, el bajo reporte en cuentas claras de ingresos de campaña no es solo culpa de candidatos sino de los partidos que los avalan, pues no han presionado ni ejercido un papel más proactivo para que sus candidatos sean más transparentes”.
Úngar agregó que el argumento de fondo, y por lo que en realidad el país debería trabajar, es en las buenas prácticas versus opacidad, “y es clave que los candidatos entiendan que entre más transparentes sean, mucho mejor para ellos y obviamente para los electores”, sostuvo.
Violencia política
Otro de los fenómenos que denunciaron la MOE y Paz y Reconciliación fue el impacto de la violencia en el proceso electoral venidero. En total se han presentado 161 casos hasta la fecha, entre ellos 119 amenazas, 18 atentados y 17 asesinatos a candidatos a cargos públicos o políticos en ejercicio, lo cual significa que la participación política sigue siendo un ejercicio de alto riesgo en Colombia.
Según la investigación, desde el primero de enero hasta el 15 de octubre de este año, todos los partidos se han visto afectados por la violencia, y los casos más recurrentes se han presentado en el Partido Liberal, el Centro Democrático, el Partido de la U y la Unión Patriótica.
Todo esto lo que permite asegurar es que “el ejercicio de la política sigue siendo peligroso, un ejercicio de alto riesgo. Pero además permite hablar de la intolerancia y pugnacidad en las campañas, lo que está generando que lleguemos a las elecciones con una temperatura muy alta a nivel local”, afirmó Barrios.
Los candidatos siguen siendo los más afectados por los hechos de violencia con un 61 por ciento, le siguen los funcionarios públicos con un 17 por ciento, los directivos de partidos con el 3 por ciento, los funcionarios de libre nombramiento con el 1 por ciento y los registradores con el 1 por ciento.
La organización especificó que desde el 25 de julio hasta el 15 de octubre se registraron 67 eventos violentos, de los cuales seis corresponden a asesinatos, diez a atentados, 50 amenazas y una desaparición. Los departamentos más afectados son Valle del Cauca, Arauca, Antioquia, Bolívar, Nariño y Sucre.
“Tuvimos 161 casos de violencia política en la medición que hicimos. Se dieron amenazas, secuestros y otros hechos violentos. El registro que tenemos es que las situaciones se dieron en 99 municipios, de esos en 33 existe presencia de grupos armados ilegales. En los otros 66 la violencia obedece a disputas entre casas políticas. Lo que está claro es que la competencia política ha tenido niveles insospechados y se han dado casos en los que, por ejemplo, un político contrata un sicario para frenar a su contendor”, denunció Ariel Ávila.
Delitos electorales
La MOE también informó que la ocurrencia de delitos electorales se desbordó, tal como lo han denunciado el Consejo Nacional Electoral, el Ministerio del Interior y otras organizaciones oficiales.
Entre octubre de 2014 y hasta el 15 de octubre de 2015, la MOE ha recibido un total de 2.134 reportes ciudadanos sobre presuntas irregularidades en el proceso electoral.
De acuerdo a los informes, las tres principales irregularidades son: la publicidad extemporánea, la trashumancia y la intervención indebida en política por parte de funcionarios públicos
Alejandra Barrios, de la MOE, recordó que al 26 de junio pasado la organización entregó al CNE un total de 283 reportes sobre posible publicidad extemporánea, sin embargo hasta el momento no se ha tenido conocimiento de alguna sanción impuesta por parte de la máxima autoridad electoral.
Además de ser la segunda irregularidad más reportada a través de la herramienta www.pilasconelvoto.com con 510 reportes, la MOE ha hecho un análisis al comportamiento de inscripción de cédulas desde el 25 de octubre de 2014 hasta el 25 de agosto de 2015 y encontró que uno de cada dos municipios presentaba riesgo por trashumancia electoral.
“Es urgente hacer una revisión integral del censo electoral, en la medida en que 69 municipios tienen una población inferior al número de votantes registrados. Si bien hay que resaltar el trabajo del CNE al anular la inscripción de 1.605.109 cédulas, no debe olvidarse que ese número también refleja la gravedad del problema, pues indica que es una práctica recurrente y de uso común de numerosas campañas”, añadió Barrios.
A pesar de que el Gobierno Nacional ha destacado que las elecciones del 25 de octubre serán de las menos violentas de los últimos años en Colombia, según el investigador Ávila, “serán las más corruptas de la historia reciente”.
