“De esta manera, la UdeA tendrá un respiro financiero para atender los compromisos de operación con sus docentes, personal administrativo y estudiantes”, agregaron desde el IDEA.
Aunque esta medida, que pretende darle un alivio a la falta de liquidez que tiene en este momento la institución, ha sido celebrada desde la Gobernación de Antioquia, ha recibido sendas críticas, principalmente por la comunidad universitaria quienes cuestionan que con esta medida no se solucionan los problemas financieros de la segunda universidad pública más importante del país sino que, por el contrario, los agrava en el mediano y en el largo plazo, pues aumenta sus obligaciones financieras a futuro.
Hay que recordar que para este año la Universidad de Antioquia enfrenta un déficit de $138.000 millones. Según dijo en días pasados el rector John Jairo Arboleda Céspedes, con este crédito esperaba quedar al día con la mayor parte de las obligaciones que tenía hasta este fin de año.
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Arboleda añadió que también por cuenta de un plan de austeridad emprendido desde comienzos de este año, que implica recortes en gastos como viáticos, gastos operacionales y una controvertida reducción de horas cátedra, ha logrado eficiencias que ascienden a los $17.000 millones.
Por su parte, el rector señaló también que como medida de contingencia la Gobernación de Antioquia adelantó los giros presupuestados para los últimos dos meses del año.
Una solución de fondo
El origen de la crisis financiera, en gran medida, se atribuye al desfasado esquema de financiamiento establecido por la Ley 30 de 1992, que congeló los aportes del Gobierno nacional a las universidades y no los ajustó con la inflación.
“Como Consejo Académico, reconocemos la urgente necesidad de reformular el actual esquema de financiamiento de la educación superior pública”, señaló la institución mediante un comunicado el pasado sábado 16 de noviembre.
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Según el Consejo Académico, la UdeA debe gestionar cada año más del 50% de los recursos necesarios para su funcionamiento.
Otra de las razones de ese déficit, que en este momento es de $138.000 millones, es que los salarios de los docentes también han aumentado más rápido que la inflación, esto porque cada vez están mejor preparados y producen más investigaciones: en el 2000 solo el 11% de los profesores tenía un doctorado, mientras que ahora el porcentaje es del 66%.
Conforme lo indica la ley, el Estado es el responsable de cerca del 90% de las transferencias de la Universidad. “Nos sumamos al llamado urgente que la comunidad universitaria ha venido haciendo para que, de manera decidida, los gobiernos nacional, departamental y distrital garanticen el fortalecimiento y financiamiento de este importante proyecto colectivo”, continuó.