Durante la mañana del pasado lunes 29 de agosto, los vecinos de Continental Towers, uno de los edificios con fallas estructurales en El Poblado, se sorprendieron con el estruendo de un muro que se estrelló contra el suelo.
Pese a acostumbrarse desde 2020 al persistente sonido de los martillos que proviene del interior de esa construcción, aquel lunes, un reguero de ladrillos, pedazos de cemento y escombros que se precipitó hasta las calles les recordó el riesgo que corren desde hace más de ocho años.
Aunque según los diagnósticos del Departamento de Gestión del Riesgo de Medellín (Dagrd), desde 2013 esta estructura tiene una alta probabilidad de colapsar en caso de un sismo, Carlos Rueda, quien vive en una de las unidades contiguas, advierte que lo que en un principio se veía como un saqueo y un problema de seguridad, cada vez pareciera tornarse más en la antesala de una tragedia.
Parado en una de las azoteas del conjunto residencial Interclub, uno de los más cercanos y en el que viven al menos 140 familias, Rueda señala con preocupación el espacio vacío que antes ocupaba el muro que se vino abajo y advierte cómo una larga plataforma de concreto sostenida antes por el mismo está comenzando a inclinarse por su propio peso.
A su alrededor, tal como lo pudo constatar ayer este diario en una visita, los muros se muestran cada vez más agrietados.
“No tenemos ni idea de qué más le pueden sacar. Cuando uno mira eso ya está coco por dentro, pero siguen tumbando muros y extrayendo el hierro y la varilla. Por todas partes hay pedazos de varillas que han estado sacando. Nos preocupa que esa loza, que ya está bastante inclinada y con grietas, termine cayéndose y jalando la estructura principal”, dice.
Pese a las reiteradas denuncias públicas y llamados a la Policía, Rueda no entiende por qué sus alertas y las de la comunidad parecieran caer en saco roto. Recordando casos como el del edificio Space (cuyo desplome costó la vida de 12 personas y ubicado a tan solo una cuadra), cuestiona las razones que han llevado a las autoridades a negarse a emprender una demolición controlada.
Aunque desde 2013 la Alcaldía se ha negado a asumir directamente el control del lugar o apoyar su desmonte (tan solo este mes dejó en firme una polémica decisión de policía que ordenó a las antiguas familias propietarias a hacerse cargo de la seguridad del edificio), el alcalde de Medellín Daniel Quintero sostuvo esta semana que el Distrito estaría en la búsqueda de recursos para una demolición.
En una rueda de prensa realizada este martes, el mandatario local aseguró que se estarían adelantando conversaciones con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para financiar una demolición.
“Demoler el edificio vale entre unos $4.000 y $5.000 millones, que no habría a quién cobrárselo. Nosotros estamos hablando con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo a ver si conseguimos los recursos para demoler el edificio”, dijo Quintero, sin expresar mayores detalles de cómo avanza ese trámite.
Aunque tanto para los vecinos, como para los antiguos propietarios, aquellas palabras fueron vistas con expectativa, muchos no se explican por qué el tema no es una prioridad y se sigue dando margen de tiempo para que ese desmonte irregular continúe con el riesgo que conlleva de un posible desplome.
Señalando la entrada de su unidad residencial, en la que ayer salían e ingresaban decenas de carros, Rueda hizo un llamado a que la búsqueda de alternativas no se quede en palabras vacías.
“Aquí estamos completamente solos, el Dagrd no ha llegado a decirnos qué hacer en caso de una emergencia”, expresó Rueda, instando a que encuentre una salida.
