La demanda fue interpuesta hace más de cuatro años, pero las audiencias apenas comenzaron ayer. En ese tiempo todo había sido incertidumbre para los propietarios de Continental Towers, el edificio desalojado por fallas estructurales en 2013, que tuvo en su proceso constructivo a la misma firma de Space.
El proceso judicial avanza en Medellín ante la juez 24 Administrativa Oral, y durante el primer día fueron escuchados los testigos técnicos, entre los cuales se encontraba el ingeniero Roberto Rochel Awad, quien advirtió sobre las deficiencias en 9 complejos habitacionales a cargo de CDO.
Entre los demandados por las 70 familias que integran la acción grupal, además de la constructora y el ingeniero calculista Jorge Aristizábal, también aparece la empresa Concretodo, a la cual señalan como responsable por entregar materiales defectuosos, y el Municipio de Medellín, entidad acusada por falta de control y vigilancia en la obra.
En este último caso, Verónica De Vivero, secretaria general de la Alcaldía, manifestó que la entidad no podía exceder las competencias que le otorga la normatividad.
“El monitoreo y seguimiento a las construcciones por parte de la Administración Municipal en ese momento era de observación y de verificación de la correspondencia entre lo licenciado y lo construido en planos arquitectónicos, y de la disposición espacial de la estructura que soporta los edificios”, indicó la funcionaria.
Según Mauricio Ballesteros, uno de los propietarios, ni con un fallo emitido en 2016 por la Superintendencia de Industria y Comercio en contra de CDO (ver Origen) fue posible obtener la devolución del dinero a los compradores, por lo cual aunque criticó la falta de celeridad que se le dio a la acción grupal, celebró que la juez comenzó a escuchar a los testigos técnicos.
“No solo se trata de recuperar lo pagado por los apartamentos, sino los gastos de registros notariales, reformas, lucro cesante y costos de mudanza, que son gastos que tuvimos que hacer porque, entre otras, solo nos entregaron auxilio habitacional durante siete meses”, reveló.
Ballesteros comentó que muchos de los que fueron sus vecinos tienen que seguir pagando los cobros hipotecarios de los bancos o fondos de empleados, porque no todos congelaron la deuda.
