A las 7:00 de la noche del pasado viernes comenzó en el corregimiento de Puerto Venus, en el municipio de Nariño, un hostigamiento armado a la estación de policía que duró cerca de 15 minutos y causó zozobra entre la población. No fue para menos. Hacía por lo menos dos décadas sus habitantes no vivían una situación similar, que les recordó los peores años del conflicto armado con las tomas guerrilleras.
Varios videos grabados de manera temerosa por los habitantes, registraron cómo los policías vestidos hasta de civil corrían con armas largas para atrincherarse y repeler el hostigamiento. El hecho no dejó víctimas ni lesionados y las primeras hipótesis apuntan a que se trató de una retaliación por la captura de alias Agustín, uno de los cabecillas del Clan del Golfo que operan en la Zona de Páramos en el Oriente antioqueño.
Andrés Felipe Berrío Echeverri, alias Agustín, fue capturado ese mismo viernes 6 de septiembre en plena vía pública cuando se movilizaba en una moto por el sector Santa Rosa, en zona urbana de Nariño. El presunto cabecilla de 33 años de edad es sindicado de coordinar las extorsiones, homicidios, minería ilegal y microtráfico en Zona de Páramos, particularmente en Argelia, Sonsón y Nariño.
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Como respuesta a la intimidación del Clan del Golfo, el Coronel Carlos Andrés Martínez Romero, comandante de la Policía Antioquia, manifestó que “bajo ningún momento la Policía Nacional se va a dejar amilanar por acciones criminales. Tenemos toda la capacidad de respuesta ante esta y amenazas más grandes que se puedan presentar”.
El pasado 7 de septiembre, en un supuesto comunicado del firmado por el Frente Gener Morales, el Clan del Golfo negó su participación en el hostigamiento a la estación de policía y le pidieron a las “fuerzas del Estado investigar quiénes son los verdaderos culpables”, pues según dicha carta de la cual se desconoce su autenticidad, detrás de este hecho estarían “enemigos de la paz que quieren desestabilizar los acercamientos del EGC con el gobierno nacional, que llevarían a una posible negociación de paz, estos actores están haciendo todo a su alcance para impedir que se siga adelante”, señalaron.
El hostigamiento ocurrió apenas cuatro días después del consejo de seguridad que presidió el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en relación con los hechos de violencia desatados en el Oriente vinculados directamente al plan de expansión del Clan del Golfo, que según fuentes de inteligencia y decenas de denuncias de habitantes del Oriente, estaría en una etapa de consolidación en corredores estratégicos como el corredor de Santa Ana, en Granada, que desde el corazón del Oriente permite controlar las rutas que conectan el Magdalena Medio y el Valle de Aburrá.
En dicho consejo de seguridad, el gobernador hizo una declaración que no cayó bien entre varios sectores de dicha subregión, pues el mandatario aseguró que, más que un aumento en los hechos violentos como los homicidios, lo que pasa en el Oriente es “un tema de percepción de inseguridad”.
No obstante, hechos como el ocurrido en Puerto Venus y también hace unos días en San Luis, donde el Clan del Golfo le arrebató de las manos a la policía a un sicario en pleno parque principal, sugieren que sí existe un escalamiento del conflicto. Lo ocurrido en Puerto Venus representa un golpe para la tranquilidad de los pobladores, que esperan que las tomas armadas ocurridas a finales de los 90 y que dejaron el pueblo en ruinas no se repitan.
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El próximo jueves 12 de septiembre se realizará la sesión de Control Político de la Comisión II del Senado, en el Teatro Regional Valerio Antonio Jiménez de Marinilla, con presencia del Gobierno Nacional y departamental, la cúpula de la Fuerza Pública y demás entidades del Estado, así como los alcaldes de toda la región, gremios y organizaciones sociales donde se espera que se tomen por fin medidas de largo plazo, mucho más allá de los operativos de la Fuerza Pública adelantados y cuyo alcance para frenar el avance del Clan del Golfo han mostrado ser insuficientes.
Una de las propuestas que plantean en el Oriente es que la subregión sea declarada Zona Especial de Seguridad Integral, lo que permita agilizar estrategias integrales como inversiones para combatir flagelos como el reclutamiento de jóvenes por parte de los grupos armados.