Ninguna persona ocupaba ayer los 56 asientos de la sala de espera de las urgencias de la sede principal de la IPS más grande de Antioquia. El único movimiento en el salón del primer piso de la Clínica León XIII era el del televisor que, por un canal de cable, presentaba en mute a Harry Potter.
La escena se repite, con otras películas, desde el viernes pasado cuando la IPS Universitaria, administradora de la clínica, anunció la suspensión temporal de sus servicios de salud, excepto la atención de urgencias vitales y de los pacientes hospitalizados antes del cierre (hay 487).
La determinación fue tomada debido al embargo de las cuentas institucionales, ordenada por un juez, en razón a la deuda de $6.345 millones que la IPS tiene con el Sindicato Antioqueño de Anestesiología (Anestesiar).
La IPS es la primera en el departamento en número de camas habilitadas (647) y presta servicios de alta complejidad a las EPS en Antioquia.
Realiza, en promedio, 1.055 cirugías mensuales y atiende 3.970 urgencias. Desde el cierre ha cancelado 52 intervenciones y están en veremos los procedimientos programados para el resto de la semana.
Según Marta Cecilia Ramírez Orrego, directora de la IPS Universitaria, la atención en urgencias disminuyó en 30 %, unos 120 pacientes menos con relación a los 300 usuarios que reciben en un día usual.
¿Qué originó la crisis?
Según Ramírez, la IPS debe $214.000 millones. A su vez, le adeudan $392.000 millones.
El embargo que causó el cierre actual se originó por un fallo del 20 de junio pasado.
El Juzgado 17 Civil del Circuito de Oralidad Medellín decretó una medida cautelar y avaló el embargo de cuentas de la IPS Universitaria, dentro de un proceso ejecutivo en el que la organización Anestesiar es la demandante.
La medida cobijó dos cuentas: una, del giro que a través del Adres (anterior Fosyga) le debe consignar Savia Salud a la IPS, por $7.000 millones; y el giro de la Seccional de Salud por $2.000 millones. Ramírez dijo que el juez envió el mandamiento de pago a 25 entidades para que no le consignaran a la IPS sino a la cuenta de depósitos judiciales.
“Aunque el fallo es de junio, los abogados empezaron a radicar las solicitudes desde noviembre. Apenas empezaron las radicaciones colapsamos”, dijo la directora.
Otro hecho que vuelve más compleja la situación es que al no prosperar una acción de tutela contra el mandamiento de pago, se debe esperar hasta que culmine la vacancia judicial (11 de enero) para buscar alguna salida jurídica.
La directora contó que la institución requiere al menos $17.000 millones para estabilizar la prestación de servicios y de $28.000 millones mensuales para seguir abierta.
Indicó que hoy son esperados representantes del Ministerio y de la Superintendencia de Salud para tomar medidas que garanticen el flujo corriente mientras termina la vacancia judicial.
“Si no se giran estos recursos no saldremos de la situación actual”, advirtió.
Deudas salariales
En el pasivo de $214.000 millones están incluidos $14.000 millones de los salarios que se le adeudan a 3.500 empleados correspondientes a los meses de noviembre y diciembre.
La deuda llevó a que varios miembros del personal médico realizaran una movilización en las afueras del bloque tres de la sede, en la zona de urgencias, el viernes pasado.
Ramírez anticipó que si llegan recursos del Gobierno Nacional, sumados a los pagos anticipados que harían algunas EPS, esta semana pagarían los salarios de noviembre y en los primeros 10 días de enero las asignaciones de diciembre.
La posición de Anestesiar
Mauricio Echeverri Díez, director ejecutivo de Anestesiar, dijo que la crisis es la consecuencia de “malas decisiones administrativas” y que su entidad, demandante en el proceso de ejecutivo que derivó en el embargo, es una consecuencia y no una causa del actual panorama.
Contó que la IPS rompió el 17 de agosto pasado un acuerdo de permanencia por cinco años de los 35 anestesiólogos que laboraban en la institución. Añadió que, luego de la terminación unilateral, establecieron una mesa para acordar el pago de la deuda.
“Mientras negociábamos interpusieron una tutela contra el mandamiento de pago. El juez la negó”, mencionó.
Echeverri añadió: “No aceptamos ahora que se utilice el no pago a los empleados y la emergencia sanitaria para intentar tumbar una decisión judicial. Buscamos lo justo: el pago de nuestros afiliados ante una deuda que también pone en situación crítica a nuestra institución”, explicó.
Dijo que aún con mandamiento de pago en firme, esperan la llamada de la Universidad de Antioquia, propietaria de la IPS, para buscar salidas. “No es placentero ver cerrada la clínica”, concluyó.
Incertidumbre en pacientes
La película Harry Potter también se emitía en silencio en la sala de espera del piso quinto, en la sección de cirugías. Gloria Elena y Jhon Freddy Londoño, no veían el televisor porque aguardaban noticias del procedimiento que le estaban practicando a su mamá por una herida en una prótesis.
“Llevamos 20 días y esta es la tercera intervención. Nos enteramos de la situación de la clínica con la protesta del viernes pero no hemos tenido problemas con la atención”, dijo Jhon Freddy.
María Aurora Gómez esperaba ayer en la chaza de los tintos por la evolución de su hermano que sufrió múltiples fracturas en un accidente de tránsito en San Pedro de los Milagros (Norte de Antioquia).
“No le han inmovilizado el tobillo. La atención ha sido lenta porque el personal es reducido, está en cuidados especiales desde el viernes. Nos preocupa una infección”, dijo.
La madre de Resfa Osorno se fracturó la cadera el martes 18 de diciembre. Pese a que está pendiente de un traslado a la unidad de cuidados intensivos, Osorno dijo que “no nos quejamos del servicio”.
Los que sí notan la merma en afluencia de pacientes y familiares son los comerciantes de la zona. “Ha estado solo, le dijeron a la persona de turno que no viniera. La Navidad pasada fue muy diferente”, dijo la mesera de una panadería.
$214
mil millones es la cartera actual de la IPS. A su vez, le adeudan $392.000 millones.
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