En medio de la intensa confrontación que se desató esta semana luego de que la Alcaldía buscara revivir el proyecto de acuerdo con el que EPM pretendía vender su participación accionaria en Tigo-Une, el alcalde Daniel Quintero emprendió una arremetida en sus redes sociales en contra de varios concejales y líderes de opinión que se opusieron a la transacción.
Desde publicaciones en las que calificó de “sinvergüenzas” y “ladrones” a quienes expresaron su desconfianza al uso que la administración distrital les daría a los recursos recaudados, hasta calificar como una “expropiación” la fusión aprobada en 2013 hicieron parte de su discurso.
Más allá de dichos ataques y descalificaciones personales, que se han convertido en uno de los rasgos distintivos de su discurso, Quintero también incurrió en afirmaciones engañosas y planteamientos abiertamente falsos.
Para desglosar dichas falacias, retomamos algunas publicaciones difundidas por el mandatario local y hacemos un repaso por el contexto del proyecto.
EPM no “perdió” $3 billones tras la negativa del Concejo
Desde el inicio del debate, uno de los postulados que el alcalde ha buscado posicionar con mayor insistencia es la de comparar la enajenación de las acciones de EPM con una pérdida, un robo o hasta un “regalo” a Millicom, argumentando que los concejales que la negaron estarían salvaguardando los intereses de esa multinacional.
Durante la noche del pasado jueves, minutos después de que el Concejo de Medellín negara la apelación con la que la Alcaldía buscaba resucitar la venta, Quintero se desató en sus redes sociales y buscó de nuevo imponer esa interpretación.
“EPM acaba de perder 3 billones de pesos. Como lo anticipamos, al uribismo y sus aliados no les bastó con privatizarla en 2014, esta vez fueron por sus restos. Pido al Gobierno Nacional explorar una Nacionalización de Tigo para recuperar los recursos públicos robados”, dijo esa noche el alcalde.
“UNE fue privatizado hace 8 años vendiendo el control público a TIGO. Queríamos activar una cláusula que permitía recuperar 3 billones de recursos públicos que tenía TIGO. Al perderse la cláusula esos 3 billones se pierden y Tigo ya no tiene que pagar nada”, expresó posteriormente.
Tal como lo ha venido registrando EL COLOMBIANO desde agosto pasado, si bien el proyecto de la Alcaldía buscaba activar un mecanismo que fue diseñado para que EPM pudiera vender sus acciones en condiciones más favorables, comparar el cierre de esa posibilidad con una pérdida o un robo constituye un postulado abiertamente engañoso.
Además de redondear la valoración de las acciones $200.000 millones por encima del rango entregado por EPM (que lo calculó entre $2,3 y $2,8 billones), la afirmación de Quintero es debatible dado que las acciones siguen formando parte del patrimonio del conglomerado público de Medellín.
Si bien es cierto que con la negativa del Concejo EPM ya no podrá activar la cláusula de protección al patrimonio público, diseñada para que la venta de las acciones tuviera la oportunidad de realizarse directamente con Millicom en una primera instancia, no era claro si esa multinacional tomaría esa opción.
Cabe recordar que, de acuerdo con ese mismo mecanismo, en caso de que Millicom se negara a la compra, ambas partes tendrían que salir a vender sus participaciones abiertamente en el mercado, lo que tampoco garantizaría que se recaudaran exactamente los $2,8 billones calculados por EPM.
“El alcalde dice que se van a perder $3 billones. EPM dice claramente que no es que las acciones se esfumen de un día para otro. La cláusula de protección del patrimonio público es una garantía para hacer una venta con mayor probabilidad de éxito. Ahora bien, ¿y los que no queremos vender qué? Las acciones están ahí”, expresó por ejemplo el concejal Simón Pérez, del movimiento Todos Juntos, demostrando que la transacción tenía múltiples lecturas.
Ahora bien, bajo el supuesto de que la venta se hubiera logrado concretar en el rango calculado por EPM, la destinación de esos recursos es justamente la variable que ocupó el lugar central del debate y terminó sepultando el proyecto cinco veces.
Aunque en su último intento EPM hizo una presentación en el Concejo en la que aseguró que los recursos serían invertidos en proyectos eólicos y en adentrar a la entidad en el negocio de la producción de hidrógeno, el éxito de esas inversiones tampoco estaba garantizado por completo.
“La discusión no debe centrarse en si vender o no vender, es también qué hacer con estos recursos. Me preocupa que digan que esos $2,3 - $2,8 billones producto de la venta estarían destinados a un proyecto estratégico de EPM para la generación de energías renovables. Me preocupa, porque en el Parque Eólico Los Cururos perdimos más de $700.000 millones, el Parque Eólico Jepírachi en La Guajira nunca pudo funcionar de manera correcta”, dijo la exconcejal María Paulina Aguinaga.
Si bien la exconcejal es una de las voces que apoyaba la activación de la cláusula de protección al patrimonio público y critica del desempeño de la empresa de telecomunicaciones desde su fusión, su opinión también muestra que los planes revelados por EPM tampoco deben interpretarse como inversiones infalibles.
En resumen, si bien es cierto que con la negativa al proyecto EPM se quedó sin tiempo para activar la cláusula de protección del patrimonio público, comparar dicha situación con un robo es abiertamente una afirmación engañosa.
El uribismo no privatizó UNE
Tal como se lee en sus trinos, otra de las afirmaciones en las que incurrió Quintero fue la de responsabilizar al “uribismo y sus aliados” de la entrada de Millicom a Une en 2014.
Si bien es cierto que el Centro Democrático tuvo un papel crucial para que la venta de UNE se hundiera cinco veces en el Concejo este año, a causa de su voto clave en la Comisión Primera y el peso de su bancada en las votaciones en la plenaria, afirmar que su papel fue clave para la aprobación de la fusión en 2013 es impreciso, sobre todo porque durante ese año ese partido no tenía asiento en el Concejo.
Cabe recordar que el sí a esa operación, propuesto entonces por la administración del hoy gobernador Aníbal Gaviria, estuvo por cuenta de un grupo de once concejales: Nicolás Albeiro Echeverri Albarán, Aura Marleny Arcila Giraldo, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Fabio Humberto Rivera, Carlos Mario Mejía Munera, Roberth Bohórquez, Carlos Mario Uribe, Jefferson Miranda, Jaime Roberto Cuartas, Carlos Alberto Bayer y Álvaro Munera Builes.
De ese grupo de concejales, aún permanecen en la corporación Aura Marleny Arcila Giraldo, Fabio Humberto Rivera y Jaime Roberto Cuartas, todos de la coalición de gobierno de Quintero y que apoyaron la enajenación este año.
Paradójicamente, dentro de los nueve concejales que votaron en contra en 2013, el único que hoy se mantiene en la corporación es Luis Bernardo Vélez Montoya, opositor a la Alcaldía y que volvió a votar en contra de la venta.
