La polémica por las presuntas irregularidades en la cesión del lote Tulio Ospina revivió por cuenta de un auto de la Procuraduría que le cayó como un baldado de agua fría al exalcalde de Sabaneta Iván Alonso Montoya Urrego.
En un proceso que podría sentar un precedente, el órgano de control formuló cargos en contra del exmandatario y su antiguo jefe jurídico, Héctor Darío Yepes, tras considerar que habrían transgredido las normas cuando entregaron a la Gobernación de Antioquia un pedazo de ese terreno en 2017.
Además de poner en suspenso la campaña recién lanzada por Montoya, que durante los últimos meses viene recogiendo firmas en su municipio buscando ocupar otra vez el cargo, la decisión del Ministerio Público abre la posibilidad de que otros exmandatarios enfrenten el mismo problema. Aunque en el auto de 38 páginas que dejó en firme la formulación de cargos contra Montoya el órgano solo estudió el caso de Sabaneta, varios detalles de la investigación apuntan a que el proceso podría crecer.
Las claves del caso
El papel que hoy le complica la vida al exalcalde Montoya se trata de un oficio que envió el 5 de mayo de 2017 al entonces gerente general del ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), Luis Humberto Martínez, en el que señalaba que ese municipio no estaba interesado en recibir su pedazo del lote Tulio Ospina.
“(el municipio) no tiene interés alguno en recibir los derechos derivados de la condición que obliga al Departamento de Antioquia a entregarnos el porcentaje recibido por la entidad mediante Escritura Pública 2003 del 2 de agosto de 1973”, quedó plasmado en esa comunicación, que hoy la Procuraduría considera como una extralimitación de sus funciones.
La explicación de este último cargo se extiende por varios frentes, que van desde la historia del terreno, hasta las normas que regulan la manera en cómo los municipios manejan sus bienes.
Por el primer lado, cabe recordar que la historia del lote Tulio Ospina se remonta a la década de 1970, cuando la familia Ospina, propietaria entonces de esa franja de 97,31 hectáreas, decidió cederlo de forma gratuita a los municipios del Valle de Aburrá con la condición de que allí se hiciera un parque público y gratuito para toda la ciudad.
Según se concibió entonces, cada municipio del Aburrá recibiría un pedazo proporcional a su número de habitantes. La administración del lote quedó en manos del ICA y la Gobernación medió en ese proceso en calidad de intermediaria.
Aunque el proyecto del parque nunca logró concretarse, ni siquiera en 2014 con un anteproyecto que adelantó el Área Metropolitana, durante la gobernación de Luis Pérez el terreno volvió a adquirir importancia para la Gobernación, esta vez para construir un autódromo, una de sus principales promesas de campaña.
A raíz del complejo mecanismo ideado por la familia Ospina, la Gobernación empezó a desempolvar las escrituras del predio y a tocar la puerta de cada uno de los municipios buscando su aval para hacer el escenario deportivo.
En el caso de Sabaneta, que tenía derecho al 1% del lugar, el proceso fue todo un caos, ya que el municipio primero aceptó y luego renunció a sus derechos.
Según se lee en el auto de la Procuraduría, en 2014, cuando la Gobernación buscaba hacer el parque diseñado por el Amva, la entonces secretaria de Hacienda María Eugenia Escobar le envió una carta a la alcaldesa Luz Estela Giraldo, informándole tener derechos sobre ese terreno. Pese a que el 11 de marzo de 2014 Giraldo envió un oficio aceptando el pedazo del lote que le correspondía a su municipio, en mayo de 2017 el alcalde Iván Alonso Montoya le dijo al ICA no tener interés en el mismo, en el oficio que hoy lo tiene en problemas.
Más allá de esa contradicción, la Procuraduría concluyó en su investigación que la principal falta del exalcalde Montoya fue pasarse por la faja la aprobación del Concejo de Sabaneta que, de acuerdo con la ley, es el que debe decidir sobre esos inmuebles que pertenecen al municipio.
Para agravar el caso, el ente destapó que el Concejo ni siquiera discutió el tema, ya que en sus archivos no había ningún documento en el que se aceptaran o rechazaran los derechos sobre el lote. A juicio de la Procuraduría, esto implicaría que Montoya se habría extralimitado en sus funciones y habría incurrido en una falta disciplinaria.
Aunque el proceso de Montoya aún no concluye, el contexto del caso llama la atención por recordar polémicas similares que afrontan otros municipios, como por ejemplo Bello, que en 2019 señaló no tener en el archivo de su Concejo registros sobre la discusión de la cesión.
Bajo esa óptica, Jorge Gómez, exrepresentante a la Cámara que lideró varias audiencias de control político al proyecto, recuerda que también hay denuncias sobre Copacabana por inconsistencias en sus archivos, al igual que en muchos otros municipios.
