La Cámara Colombiana de la Infraestructura alertó que solo una empresa presentó oferta para el proyecto del intercambio vial en la calle 31 con Autopista Sur, sector Fábricas Unidas de Itagüí.
La única oferente tras el cierre del proceso el pasado 27 de octubre fue el consorcio Conexión Vial 2023, CONVIAL 23, con una propuesta por $78.870 millones más un seguro de $7.800 millones.
La CCI criticó nuevamente la modalidad de contratación: “la licitación pública en Colombia ha sido reemplazada por procesos de invitación de ofertas a través de Empresas Industriales y Comerciales del Estado bajo régimen privado, lo cual dificulta la pluralidad de oferentes”.
Además, advirtió que el proceso no tuvo plenas garantías para participación. Dicho proceso licitatorio se abrió el pasado 17 de octubre con una reunión en la que estuvieron los posibles proponentes, lo que significa que el plazo para la entrega de las propuestas vencía a los 10 días y solo contó con una firma habilitada.
“Se les ocurrió poner un requisito exótico y difícil de cumplir y es que todo el equipo técnico debía estar presente en la visita; así descabezaron a tres firmas con gran trayectoria como Conconcreto, Provías y Gisaico, quedando solo una empresa costeña a la que no conocemos”, expresó la fuente. A juicio de la agremiación, esto muestra que hubo un proceso sesgado que va en contra de los principios de la contratación.
Para completar, el presupuesto publicado no estaba en formato editable, aumentando la posibilidad de cometer errores al hacer las cuentas.
Y la perla fue que la CCI halló un desfase de entre el 35% y el 140% entre los precios de las actividades principales del contrato (concreto, acero, excavaciones y estructura de pavimento) con los precios de referencia del Invías.
La CCI señaló que es “exagerado e inconveniente” el plazo de 5 años que se fija para la obra, pues además de las incomodidades para la comunidad, implica que crezcan los costos administrativos.
Y las presuntas irregularidades no paran ahí. La CCI también cuestionó la falta de experiencia de la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí (Adeli) para emprender este proceso y que al contratista se le exija experiencia en construcción de urbanismo o espacio público, un campo considerado de baja continuidad, “muy diferente al objeto principal del contrato: construcción de un intercambio a desnivel (alta complejidad)”. Ni siquiera le exigieron experiencia en ese tipo de infraestructura pesada al director de obra y al residente de estructuras.
Es importante recordar que la Adeli está siendo investigada por la Contraloría General de la Nación porque se habría convertido en especie de una “fábrica de contratos” que se entregan de manera directa y no por licitación, burlando así los principios de la contratación estatal que privilegia las licitaciones.
EL COLOMBIANO buscó la versión de Adeli. Su gerente, Johnatan Serna, contestó su teléfono móvil y dijo que estaba en vacaciones y que le pasaría el mensaje a la gerente encargada para ver si quiere pronunciarse.
La CCI lamentó que a pesar de las denuncias y alertas, el proceso siga arrastrando dudas e irregularidades y que tres empresas antioqueñas con amplia experiencia y capacidad técnica para la ejecución de la obra quedaron por fuera y que solo quedara un consorcio conformado por empresas ajenas a la región.
