Al exmilitar Antonio Alberto Vásquez González le dieron medida de aseguramiento domiciliaria por el caso del homicidio del hombre al que debía proteger, luego de la decisión del juez de control de garantías, que determinó que el procesado no tenía antecedentes judiciales y el arma de fuego con la que se habría cometido el crimen en la madrugada del domingo tenía permiso para portarla.
Este hombre es procesado por el asesinato del empresario de la construcción Johan Camilo Torres Galeano, de 38 años, ocurrido en la diagonal 55 con la avenida 40, cuando los implicados estaban en un establecimiento comercial departiendo, ya que además de la relación escolta-protegido que llevaba cinco meses, también tenían una cercanía de amigos desde hace varios años.
En medio de los tragos, se presentó un altercado personal entre ambos, según los informes judiciales, y acabó con un tiroteo en el que Torres Galeano recibió 11 impactos en todo su cuerpo, al parecer, a manos de la persona a la que había contratado para que le cuidara su integridad ante las amenazas que venía recibiendo desde hace cuatro años.
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Luego del ataque, en el que también resultó afectado un joven de 20 años con un impacto en el abdomen, al constructor lo enviaron a la Clínica del Norte, de Bello, en su vehículo, donde llegó sin signos vitales. El otro lesionado fue llevado al mismo centro asistencial, pero se encuentra fuera de peligro, según los reportes oficiales.
Tras el ataque, las autoridades comenzaron la búsqueda del responsable y en el sector La Luz del Mundo, en la parte más alta de Niquía, lograron la captura de Álvarez Vásquez, a quien le encontraron un arma de fuego, que tras las investigaciones confirmaron que fue con la que se le propinaron los impactos a la víctima.
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El capturado había sido contratado de manera directa por parte del empresario, teniendo en cuenta la cercanía y confianza, además de su experiencia en el Ejército. En ningún momento, Vásquez González había pertenecido a una empresa de seguridad o a alguna entidad dedicada a la protección desde que retomó la vida civil.
Durante las audiencias concentradas, al procesado se le imputaron cargos por el delito de homicidio, a los cuales no se allanó ante el juez, pero con base en sus antecedentes decidieron que comenzara a purgar su pena en su residencia, a la espera del avance del proceso judicial en su contra por estos hechos.
Por su parte, Torres Galeano era accionista y empresario de la empresa Construcciones S.I. S.A.S., una entidad dedicada a la construcción de edificios no residenciales y participación de proyectos de ingeniería de gas y metalmecánicos, los cuales se desarrollaban, principalmente, en Antioquia y el Caribe colombiano. Fue fundada en el 2016 y se encuentra ubicada en el barrio Simón Bolívar, en la comuna 12 (La América), de Medellín.
