Las autoridades capturaron en las primeras horas de este lunes al exalcalde de Apartadó, Felipe Cañizález, y a cinco personas entre exconcejales y exfuncionarios de este municipio del Urabá antioqueño, además de familiares del exmandatario, por presuntos casos de corrupción registrados durante su administración entre 2020 y 2023.
La detención del exmandatario se registró en su vivienda en Apartadó, donde unidades de la Policía Nacional llegaron y lo detuvieron al señalarlo de irregularidades contractuales, de acuerdo con las primeras informaciones.
Por esta razón, las autoridades también capturaron al exconcejal Carlos Manco; al exsecretario de Agricultura y Medio Ambiente, Óscar Vélez, y al exsecretario de Movilidad, Joaquín Gómez. También capturaron a los contratistas Alexis Morelo y Herley Bedoya. Otras cinco personas también son investigadas por estos hechos.
Los procesados por estos hechos serán presentados en las próximas horas ante un juez de control de garantías para que respondan por los hechos judiciales por los que se les investiga. Se informa que se avanza en otras capturas relacionadas por estas irregularidades.
El proceso en contra del exmandatario estaría relacionado con dos factores. Uno de ellos sería la contratación de unos uniformes de la Secretaría de Movilidad de Apartadó, para los cuales se habría registrado un detrimento de cerca de 30.000 millones de pesos, según fuentes judiciales.
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También se habla que las autoridades habrían intervenido en el proceso de la entrega de un lote de 53.000 metros cuadrados en una zona de alta valorización en Apartadó, avaluado en 6.329 millones de pesos, a una empresa constructora por menos de 200 millones de pesos para la construcción de un proyecto de Vivienda de Interés Social (VIS), tal como lo informó EL COLOMBIANO el pasado 5 de agosto.
Este hecho ya es de investigación por parte de la Fiscalía y la Procuraduría, ya que se estaría evidenciando otro caso de detrimento patrimonial y del cual ya se le habría informado al alcalde de Apartadó hasta la semana pasada, Héctor Rangel Palacios Rodríguez.
Las detenciones de los exconcejales tendrían vinculación con problemas de contratación de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente de la localidad por la construcción de un albergue para animales. De acuerdo con las denuncias, los dineros destinados para la atención de los animales no habrían llegado a su destino y, por el contrario, se habrían quedado en manos de los corporados, parejas y contratistas aliados.
Además, la construcción del Coso Municipal, como se le denomina a este albergue, se habría estructurado en un predio que sería propiedad de la familia del exconcejal Manco y que por las irregularidades contractuales no contaría con las condiciones aptas para que puedan estar los perros y los gatos abandonados de este municipio.
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