Al ser Medellín uno de los ejes estructurales de la paz total propuesta por el gobierno de Gustavo Petro, dos cabecillas serían los que están abanderando los acercamientos en las calles por parte de La Oficina, aprovechando que están libres: “Pichi Gordo” y “Barny”. Además, desde las prisiones, otros jefes de seis estructuras están alzando la voz y entregando directrices para dar las suficientes garantías para estos diálogos.
Édinson Rodolfo Rojas, alias “Pichi Gordo”, se encuentra en libertad condicional desde el 21 de enero de 2020 y, según fuentes cercanas al proceso, estaría tomando las banderas de los primeros acercamientos para esta negociación con el Gobierno Nacional, la primera de su tipo que tiene en cuenta a las organizaciones vinculadas con el conflicto urbano.
Junto con él estaría integrado a los inicios de este proceso Julián Andrey González Vásquez, alias “Barny”, quien en antaño tenía las banderas del sicariato de La Terraza y quien pagó cinco de los 17 años de prisión a que fue condenado en enero de 2015.
Las primeras muestras de acercamientos con el actual Gobierno por parte de La Oficina se evidenció el pasado 28 de julio, cuando señalaron en la misiva: “Después de varios gobiernos y proyectos de sometimiento fallidos, recibimos con esperanza su llamado a la construcción de una paz total, que solamente será posible en la medida que se tenga la grandeza de reconocer la urbanización de la guerra en Colombia”.
Pero estos no son los únicos que se encuentran tomando la vocería en las calles por parte de las estructuras. En el caso del norte metropolitano, la banda Pachelly, una de las más fuertes en Bello, delegó los acercamientos al Movimiento Sinergia, una entidad que lleva 25 años trabajando en los barrios, y que están haciendo los enlaces entre el Gobierno y la organización.
Los acercamientos para este proceso de pacificación, tal como lo dio a conocer EL COLOMBIANO en su publicación del pasado 4 de septiembre, buscaron dar como un primer paso una tregua total entre estructuras, la cual llevó, incluso a tener una racha de siete días sin un asesinato en Medellín, entre el 23 y el 30 de agosto.
El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, expresó que por ahora avanza el proceso con el ELN y las disidencias de las Farc, aunque hay exploraciones tanto con el Clan del Golfo como “con estructuras delincuenciales de las ciudades como las que operan en Medellín”.
En estos primeros contactos para la paz total con estructuras urbanas de Medellín no solo estarían participando estas dos personas que formaron parte de bandas delincuenciales hace una década y están en las calles, sino también estarían interesados algunos de los líderes delincuenciales que están pagando sus penas en prisión.
Uno de los más interesados sería Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom”, quien fue capturado el 9 de diciembre de 2018 en el municipio de El Peñol, Oriente antioqueño, y quien era uno de los líderes de La Oficina y Los Chatas. Actualmente paga una condena a 16 años de prisión por narcotráfico.
También estarían presionando la negociación desde las prisiones Freyner Alberto Ramírez, alias “Carlos Pesebre”, en representación de la banda Los Pesebreros o Robledo, y José Leonardo Muñoz, alias “Douglas”, en representación de La Terraza. En el norte del Valle de Aburrá, también estaría gestionando estos contactos Albert Antonio Henao, alias “Albert”, uno de los máximos cabecillas de Pachelly.
Los que se necesitan
La clave para que este proceso sea completamente exitoso debe pasar por los 10 Grupos Delincuenciales Organizados (GDO) y 350 estructuras reconocidas por las autoridades, a través de los diálogos con sus cabecillas, sin importar si estos se encuentran en las calles o tras las rejas.
Voceros del Movimiento Sinergia señalaron que si bien hay algunos que están tomando la vocería en estos primeros acercamientos, “todos están interesados en participar de estos diálogos, los cuales aún no han comenzado.
Según fuentes de inteligencia, con quienes se tendría que entrar a negociar para lograr una exitosa paz total en Medellín, están Frank Andrés Vargas Cardona, alias “Frank”, quien durante años fue uno de los hombres fuertes de La Oficina y quien actualmente se encuentra en libertad desde diciembre de 2019, tras pagar siete años de prisión.
Otro de los denominados peces gordos de las bandas delincuenciales que serían claves dentro de este proceso sería Elkin Fernando Triana Bustos, alias “El Patrón” quien se encuentra preso desde el 2018 por sus vínculos con la banda que se origina de su apellido, Los Triana.
En el sur metropolitano habría dos hombres claves si se quisiera articular una negociación: Félix Alberto Isaza Sánchez, alias “Beto”, por la banda El Trianón, de Envigado, y Didier de Jesús Ríos López, alias “Tuto”, vinculado con el grupo delincuencial La Raya, aliado a La Unión.
Y según los expertos, es fundamental la participación de todas las estructuras delincuenciales urbanas, pero sin olvidar su esencia, que no es ideológica sino con fundamentos económicos.
Carlos Builes, docente de Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, señaló que uno de los principales factores a tener en cuenta es que esta negociación no se debe hacer con el mismo modelo que se tiene con el ELN o con las disidencias de las Farc.
“El elemento político y social es que muchas de esas bandas surgieron en contextos sociales que han sido, de acuerdo con la banda, legitimados por comunidades o familias en sus lugares de origen”, dijo el docente.
El acogimiento
La propuesta de esta negociación se haría bajo el modelo de acogimiento, que busca integrar a las estructuras delincuenciales, las comunidades y el Estado, para conocer las necesidades que dieron origen a estas y buscar solucionarlas.
“Se va a participar en un diálogo, entre la sociedad civil, el Estado y el factor del poder. Se va a reconocer un conflicto armado urbano, que ha sido producto del abandono estatal en las comunidades. Los factores de poder armados llenan estos espacios con sus diferentes actividades”, expresaron desde el Movimiento Sinergia.
Así las cosas, los cabecillas que se encuentran en libertad y quienes están tras las rejas podrían adquirir estatus de gestores de paz, en caso de salir avante este proceso, aunque no sin antes encontrar una medida de justicia para aquellos que han sido procesados por los delitos que han afectado a las comunidades.
El alto comisionado Rueda aseguró que no se busca en ningún momento la impunidad para los integrantes de estas estructuras, sino una justicia alternativa, cuya sanción se pueda hacer de acuerdo con la magnitud del delito y mediante la restauración de los derechos de las víctimas y las comunidades.
Pero es fundamental que ninguna organización se quede por fuera para evitar que aquellos territorios en los que tienen presencia, en caso de un eventual acogimiento por parte de las estructuras, no sean tomados por otras organizaciones, como ya ha ocurrido en el pasado.
“Tiene que darse algo importante y es que una estructura delincuencial urbana llega a negociar, hay que ocupar inmediatamente el espacio que dejan, porque si no eso será controlado por otro de los grupos criminales”, señaló Andrés Rico, docente e investigador de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) y de la Universidad Católica Luis Amigó.
En medio de la estructuración del proyecto de sometimiento, que a partir de la próxima semana será discutido en el Congreso, y que ya está siendo estudiado por los parlamentarios, el presidente Gustavo Petro manifestó que se hará un cese al fuego bilateral.
El comisionado Rueda expresó que el silencio de las armas comenzó desde los inicios de este gobierno, cuando los grupos insurgentes y hasta las estructuras delincuenciales han mostrado voluntad de inmiscuirse, no solo de palabra, en la pacificación del país.
“Ellos han iniciado un ejercicio interno de tiempo atrás de reducción de la violencia y de un cese unilateral. Eso se ha visto en las cifras de las ciudades. Los asesinatos aún siguen, pero ha habido una reducción”, señaló Rueda.
Pero la voluntad del Gobierno para dar vía a la negociación no estaría vinculada a la libertad para mantener las rentas criminales y debe haber un compromiso de los actores en dejar cualquier hecho que esté por fuera de la ley, tal como lo expresó el ministro de Defensa, Iván Velásquez. En caso de no hacerlo, se mantendrán los procesos judiciales.
“A partir de la inteligencia, en su vínculo estrecho con la investigación, se puede identificar no solo las estructuras sino las economías ilícitas que son, además, la razón de ser de esas estructuras”, manifestó Velásquez.
En todo caso esta no es la primera vez que bandas como La Oficina o Pachelly intentan hacer un llamado al Gobierno para buscar vincularse a procesos similares. Este Gobierno busca garantizar la paz total y las bandas están dispuestas a dar las condiciones para que se materialicen, pero con todas las garantías para que el proceso de pacificación no termine dejando un espacio para que la delincuencia resurja en los territorios.
