Hasta este viernes 29 de septiembre hay plazo para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) se pronuncie sobre las candidaturas que podrían cargar con inhabilidades en Antioquia.
En el alto órgano se libra una semana maratónica porque a través de audiencias exprés, a cuentagotas, miles de candidatos conocen su futuro con miras al 29 de octubre.
Nada más ayer el viento sopló en favor de Julián Bedoya, quien se salvó a último minuto de la revocatoria de su aspiración a la Gobernación. A través de la resolución 11257, el CNE decidió negar la solicitud de revocatoria del candidato que estaba inmerso en un proceso por una supuesta inhabilidad. Así, con un texto similar y con la posibilidad interponer un recurso de reposición —nadie lo hizo en este caso—, el alto órgano dio a conocer esta decisión y otro par que, contrario al caso de Bedoya, terminaron por enredarles el caminado a varios candidatos en el departamento.
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Hubo revocatorias de aspiraciones a los concejos de Cañasgordas y Puerto Triunfo, y la cosa es que como los dolientes no aparecieron no procede el recurso de reposición. Pero los de ayer fueron solo un par de las decenas de fallos divulgados esta semana por el CNE. Aunque el corre corre que allí tiene lugar impidió que nos precisaran cuántos casos estudian en Antioquia, fue la Procuraduría la que dijo que el departamento tiene la mayor cantidad de alertas por posibles inhabilidades.
Según este órgano, fueron 81 los casos que compartió para estudio por parte del CNE relacionados con candidatos que podrían estar inmersos en inhabilidades. La cifra pone al departamento a puntear por encima de Santander (con 66), Cundinamarca (con 63) y Valle del Cauca (con 43). Y aunque la mayoría son candidatos a concejos, en Apartadó y San Francisco fueron impugnadas dos candidaturas a alcaldía. De hecho, la primera fue tumbada ayer por el CNE. Pero ya se habían cantado decisiones en otros casos más sonados. Nada más el lunes la candidatura de Liliana Ramírez —prima del alcalde Daniel Quintero—, quien hacía carrera por la Alcaldía de La Estrella, fue revocada.
Lo que dijo el CNE fue que Ramírez tuvo que renunciar a su cargo como personera de la misma localidad un año antes de su inscripción como candidata, pero resulta que las fechas se enredaron: dice el fallo que Ramírez se apartó tarde del cargo, en agosto del año pasado. La candidata le salió pronto al paso a la decisión y sostuvo que interpondría un recurso de reposición.
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“Daremos las peleas jurídicas y políticas para hacer posible que este próximo 29 de octubre participemos”, expresó. Recordemos que el nombre de Ramírez fue relacionado en principio con Quintero por su vínculo familiar, pero fue ella quien desde temprano le puso freno a las versiones que la acercaban a las movidas de su primo en Medellín. “Somos primos hermanos, pero somos dos personas completamente diferentes, con procesos políticos aparte”, expresó.
Otro caso sonado descartado por el CNE fue el del exalcalde Federico Gutiérrez, que otra vez corre por la Alcaldía de Medellín. Según la resolución 7773 de este año, Gutiérrez no incurrió en causal de revocatoria de acuerdo al artículo 2 de la Ley 1475 de 2011. Es decir, Gutiérrez no incurrió en doble militancia por pertenecer simultáneamente a más de un partido político. Recordemos que la denuncia que puso a Gutiérrez a rendir cuentas ante el CNE, interpuesta por el ciudadano Sergio Mena, se soportaba en la supuesta doble militancia del exalcalde en el Centro Democrático y Creemos. La cosa fue que Mena no allegó pruebas, entonces eso llevó al cierre del proceso. Así lo reseñó el CNE: “Si bien el denunciante indica que Gutiérrez es aspirante a la alcaldía por el Centro Democrático y Creemos, dicha afirmación está desamparada por la verdad (...) y aún en el caso de haber sido así, dicha posibilidad también es lícita”.
Ahora bien, hay casos picantes pendientes por el pasado judicial que asiste a los candidatos (aunque el CNE no ha precisado si los tiene entre los que estudia actualmente con finalidad de su revocatoria). Uno es el caso de Turbo, donde el exalcalde Alejandro Abuchar busca repetir aspiración, pese a que es investigado por la Fiscalía por presuntas irregularidades en la adjudicación —durante su administración— de lotes baldíos a particulares por un monto que supera los $1.000 millones.
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Justo el 16 de agosto pasado se conoció que un juez ordenó una medida de aseguramiento no privativa de la libertad en contra de Abuchar, revocando así la decisión que en primera instancia lo había dejado en libertad. Con el nuevo fallo, el candidato por la coalición Turbo Esperanza de Vida puede defenderse en libertad, pero debe presentarse ante la Fiscalía cada vez que sea necesario, no salir del país y algo paradójico para su actual aspiración: no hacer presencia en reuniones políticas.
Otro caso es el de Margarita Lopera, hoy con posibilidades de convertirse nuevamente en alcaldesa de Cañasgordas. Lopera, candidata de la coalición Amor por Cañasgordas, está imputada por el desvío de $2.162 millones. El caso, que ahora podría tener repercusiones penales, señala a la exalcaldesa de supuestos malos manejos de plata del sistema general de participaciones.
También está pendiente si se cae la aspiración de Ferney Darío Fernández a la Alcaldía de Venecia. Según la solicitud de revocatoria ante el CNE, Fernández estaría inhabilitado, ya que desde el 5 de septiembre de 2022 y hasta la fecha su hermano Carlos Mario Fernández Gómez es el representante legal del Acueducto Multiveredal Cerro Bravo, el cual está ligado a la Alcaldía de Venecia. Se esperaba decisión ayer pero el caso sigue abierto para resolver la apelación.
