Los habitantes de Camilo C., corregimiento de Amagá que quedó partido en tres por el paso de la 4G Pacífico 1, no aguantaron más la renuencia de la Concesionaria Vial del Pacífico (Covipacífico) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ante sus pedidos de construir corredores peatonales que garanticen su seguridad. Como los diálogos con esas entidades no han arrojado soluciones tras varios años, ocho habitantes de este punto del Suroeste interpusieron una acción popular en búsqueda del amparo de sus derechos colectivos.
Sandra Patricia Cardona, una de las abanderadas de la petición, afirma que esta era la última herramienta que les quedaba. “Acudimos a este recurso porque no encontramos respuesta. Lo que pedimos es sencillo: que nos dejen como estábamos. Todo el tiempo les hemos pedido un paso peatonal que conecte los sectores aislados, pero eso no ha sido posible”.
El argumento base es que la escuela, la iglesia y los centros deportivos quedaron aislados por el intercambiador del proyecto vial que allí se construyó. “El trayecto que teníamos era corto y plano. Servía para las personas en silla de ruedas y de bastón. Ahora es inseguro: transeúntes y carros se mueven por el mismo lado”, dice Sandra, quien confía en que el mecanismo de acción popular les devuelva la tranquilidad.
El pedido
En el documento, de 205 páginas, se pide la protección de los derechos al goce del espacio público, la seguridad y prevención de desastres, y la realización de desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas y dando prevalencia a la calidad de vida de los habitantes. Este último derecho está consagrado en el artículo 4 de la Ley 472 de 1998.
Se afirma, a su vez, que el puente de reemplazo construido por Covipacífico es más extenso, cuestión que dificulta el desplazamiento de ciudadanos con movilidad reducida, adultos mayores y niños. “Los accesos peatonales atraviesan vías de alto nivel vehicular”, reza la acción popular.
El recurso fue admitido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, según Diana Sánchez, otra habitante de Camilo C. que ha puesto el pecho en este pleito. Cuenta que esta es la última carta que se juega la comunidad, la cual salió a manifestarse hace poco más de un mes debido a la falta de respuestas.
La temporada invernal, por ejemplo, ha convertido a este corredor en la llave que conecta al área metropolitana con el Suroeste de Antioquia. Esa carga la han reseñado los medios de comunicación, afirma Diana, pero la problemática de movilidad que los agobia es interna.
“La gente no percibe el cierre de los caminos de toda una vida y la división del territorio. Lo que pedimos es que nos ayuden, al menos, con unos puentes para que la comunidad pueda recuperar la cotidianidad”. Este deseo se resume en la petición que engloba la acción popular: “Ordenar a Covipacífico, la ANI y el Consorcio Servinc Eta Cose —que ejecuta parte de las obras— la construcción de dos puentes peatonales elevados: uno entre el sector la Virgen y la 80, y otro entre el sector el Hoyo y la Escuela”.
Manzana de la discordia
El tramo de la 4G que pasa por Camilo C. es de 23,5 kilómetros (el proyecto impactará 50,2 kilómetros) y hace parte de la etapa cuatro de la intervención. Esta irá hasta Ancón Sur y comprende una doble calzada hasta Cuatro Palos (5,5 km), la operación y mantenimiento hasta Ancón Sur (18 km), diez puentes y un intercambiador —la manzana de la discordia—.
Lo que ha dicho Covipacífico sobre las peticiones de la comunidad es que desde que se socializó el proyecto se sabía que el corregimiento quedaría dividido, y que para solventarlo se construirían un puente vehicular y un paso soterrado —ambos transitables para peatones—.
Sobre la acción popular, Mauricio Millán Drews, gerente general de la concesionaria, sostuvo: “(...) Desde Covipacífico respetamos estos mecanismos de participación; sin embargo, aclaramos que la ejecución de obras adicionales es una decisión que está en cabeza de la ANI, puesto que el alcance del contrato no contempla este tipo de intervenciones”.
Aunque esta vez la ANI no compartió una respuesta previo al cierre de esta edición, lo que le respondió a este diario en marzo de 2021 es que su alcance no puede ir más allá del Apéndice Técnico 1 del contrato de concesión, “por lo que no es posible exigir obras adicionales que no estén contempladas en el alcance establecido (...)”.
Sandra y los demás habitantes de Camilo C. confían en que este mecanismo les permita recobrar la vida que llevaban antes: “Creemos que lo lograremos amparados bajo la acción popular. No pedimos nada nuevo ni lujos. Solo que nos dejen como estábamos. Ese fue el compromiso”. Habrá que ver en qué termina este pulso entre una comunidad para la que el desarrollo también ha implicado retrocesos.
