Esta semana el tema caliente en Antioquia fue el de la Zona de Protección para la Producción de Alimentos que el Gobierno de Gustavo Petro impuso por resolución en el Suroeste. A pesar de todo lo que se ha dicho, y del pulso entre el Ejecutivo y la Gobernación, quedó de lado lo importante: la discusión reposada de qué tanto sirve realmente esta medida para ayudarle a garantizar la soberanía alimentaria a un departamento que, aunque suene increíble, importa de otras regiones y de una decena de países (hasta de China) cerca del 74% de los alimentos que consume cada mes, según la FAO.
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La idea es analizar esta decisión desde el punto de vista de su aplicación real, sin dejar de desconocer la importancia de otros debates como el de hasta qué punto se coarta la autonomía de los departamentos con la imposición de normas como esta. O incluso, en qué medida el autoabastecimiento debe entenderse solo del mismo departamento, como si fuera un ente federal, y no del país entero, que de por sí tiene zonas con vocación agrícola más consolidadas que Antioquia.
El Plan de Ordenamiento Territorial Agropecuario, una herramienta de lujo que tiene Antioquia desde 2019, señala que el departamento tiene 3,3 millones de hectáreas aptas para desarrollo agrícola y pecuario. Pero la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra) asegura que la agricultura solo se desarrolla adecuadamente en menos de 500 mil hectáreas. Es decir, en el 15 %. Según plantea la FAO, la alta dependencia al mercado global y la baja eficiencia para producir alimentos son ingredientes para un cóctel que aumenta el riesgo de inseguridad alimentaria, que acerca la amenaza del hambre a cientos de miles de personas.
El interrogante que hay que despejar entonces es qué tan útil es la medida del Gobierno Nacional para mejorar la producción de alimentos, como garantía contra el hambre, tal como lo expresó la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino.
La Resolución 377 firmada en diciembre pasado por el Gobierno identificó y definió la Zona de Protección para la Producción de Alimentos del Suroeste, un polígono de 250.000 hectáreas que tiene un rol meramente divulgativo, pues lo que sigue es establecer dentro de dicho polígono las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos –APPA– que busca, según la ministra, proteger las áreas donde se cultiva la comida y definir qué producir y dónde hacerlo.
Carvajalino insiste en que lo que buscan es frenar el amenazante avance de la degradación de los suelos, la pérdida de la biodiversidad y, en general, los conflictos por mal uso del suelo, ya sea por turismo depredador y ganadería extensiva, así como por sobreexplotación o subutilización.
El gobernador Andrés Julián Rendón anunció demandas a la resolución por considerarla improcedente y que vulnera la competencia de los municipios de definir los usos del suelo. Varios alcaldes y gremios aseguraron que la medida tiene la intención velada de coartar el desarrollo de sectores como la minería, el turismo, el inmobiliario, la ganadería y agricultura extensivas, entre ellas, la citricultura que predomina en el Suroeste.
Lo primero es organizar la tierra
Para Julián Londoño, gerente de la Corporación para el Desarrollo Industrial Agropecuario —DIA— de la UdeA, el país se habría ahorrado la discusión alrededor de las APPA si hubiese saldado la histórica deuda del catastro multipropósito como herramienta rectora de planificación. Pero no fue así. De modo que esta resolución, que emana del Plan de Desarrollo de Petro pretende suplir esos vacíos de planificación y, en este caso puntual, determinar qué producir, dónde y cómo hacerlo siendo rentable económica, social y ambientalmente, según explica el investigador.
Londoño, investigador Senior del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, químico Farmacéutico, ratifica que son los municipios los encargados de ordenar su territorio, pero también que el Estado es el llamado a entregar las herramientas para garantizar que estos los hagan. Un ejemplo para ilustrar esto es el caso de Betulia, mencionado esta semana porque su alcalde Néstor Camilo Serna manifestó sentirse preocupado porque en la resolución el Ministerio recomienda que entre los 41 cultivos propuestos para sembrar en su territorio (14 de los cuales ya se siembran allí) incluyó el arroz, incompatible con la vocación cafetera y las características de la zona.
Pero el verdadero problema de Betulia, más allá de la recomendación de la siembra de arroz, es que tiene un Esquema de Ordenamiento Territorial envejecido desde hace 25 años y un catastro que no se actualiza desde hace 17 años.
El problema es generalizado
En un artículo de noviembre de 2024, EL COLOMBIANO detalló la bomba de tiempo que tiene entre manos Jardín por cuenta del agresivo proceso de parcelación y cambio de usos de suelo en zona rural para fines turísticos y desarrollo inmobiliario, lo que ha desencadenado una progresiva expulsión del campesinado y de la producción agrícola, todo esto amparado en las zonas grises que ha dejado un Plan Básico de Ordenamiento Territorial que, tras siete años, quedó caduco ante las dinámicas turísticas e inmobiliarias.
En cuanto al tema de los cultivos que integran esa extensa lista de 49 alimentos priorizados para las APPA del Suroeste, Londoño considera que la discusión técnica no puede centrarse solo en el factor biofísico, es decir, la aptitud del suelo para cultivar uno u otro producto, sino también en la vocación productiva y el factor social. En ese orden de ideas, Londoño apunta que lo que se espera es que una vez la UPRA empiece a definir cómo funcionarán esas áreas de producción tenga en cuenta los factores socio-culturales, por ejemplo, las relaciones con los departamentos vecinos que han sido históricamente tan fuertes en el Suroeste y las dinámicas de comercio, para que esos productos que se cultiven en las APPA no terminen siendo un encarte y tengan circuitos de comercialización e intercambio.
¿Resuelven los otros problemas?
Aunque productores pequeños, medianos y grandes consultados señalan que las APPA pueden ayudar a posicionar al Suroeste como una de las despensas agrícolas del centro del país, la mayoría asevera que dejan sin resolver otros problemas de fondo.
Un gran productor de cítricos aseguró que en ninguna instancia en las que ha sido socializada la medida el Gobierno ha tocado el tema de cómo piensa garantizar que los campesinos y productores tengan cómo cultivar con éxito, gracias a líneas de financiamiento y desarrollo de agroindustria. Señala, por ejemplo, que en 2021 más de 20.000 toneladas de cítricos se dejaron de producir en el Suroeste por falta de apoyo estatal y 4.000 hectáreas que antes estaban destinadas a cultivo fueron reconvertidas a ganadería extensiva.
Apuntan también que los productores en todas las escalas se las están arreglando como pueden para contener todo tipo de plagas y vicisitudes climáticas ante la falta de inversión del ICA en programas de ciencia y tecnología para optimizar la producción.
Londoño insiste en que de nada sirve proteger unos suelos para producir alimentos si no se despliegan acciones para garantizar el relevo generacional. El promedio de edad de los campesinos en Antioquia es de 57 años, según el Dane.
También implica, reitera el investigador, establecer unos circuitos de comercialización más cercanos que garanticen precios justos al productor, al consumidor y reduzca las pérdidas poscosecha.
Según la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Antioquia –MANÁ– en esos interminables circuitos que hacen los alimentos antes de llegar a la mesa se pierden cada año 1,3 millones de toneladas.
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Octavio Ocampo, magíster en Ciencias Agrarias de la U. Nacional, estima que el gran problema a resolver es el entuerto agrologístico que tiene Antioquia para abastecer a su población, un problema que aumenta el riesgo de desabastecimiento a los habitantes de Medellín y el área metropolitana ante las mínimas contingencias ambientales, sociales o del mercado.
Por ejemplo, las verduras y legumbres que cargan en una plaza de mercado como la de San Vicente Ferrer llegan a la Mayorista 24 horas después, a pesar de que la distancia es escasamente de una hora. La papa que se consume en Medellín en los primeros tres meses del año viaja más de 800 kilómetros desde el sur del país.
Para una ciudad como Medellín, explica Ocampo, estos modelos de comercialización representan una zozobra por la alta dependencia que tiene la ciudad para abastecerse. Se necesita un área de tierra 100 veces mayor al tamaño de Medellín para producir la comida que consume su población al año. De ahí que sean fundamentales los circuitos cortos de comercialización y la diversidad en la producción de alimentos.
En el departamento se han hecho avances para revertir todas estas problemáticas, pero hasta ahora su aplicación ha sido lenta o desarticulada. El Plan de Ordenamiento Territorial Agropecuario –POTA– que tiene Antioquia desde 2019, desarrollado por la Universidad Nacional sede Medellín, es único en Colombia, y logró determinar mediante 88 variables los 72 productos agrícolas y pecuarios más importantes para la cadena agrícola y nutricional en el departamento y recomendó dónde sembrarlos y cuáles son los mejores suelos.
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No obstante, su implementación entre los esquemas de ordenamiento territorial en los municipios no ha sido el esperado. Incluso, según el secretario de Agricultura de Antioquia, Manuel Naranjo, el POTA no fue contemplado plenamente para la definición de la Zona de Protección para la Producción de Alimentos que estableció el Gobierno en el Suroeste, a juzgar por varios productos priorizados en la resolución para municipios como Andes (papaya y cebolla bulbo), Salgar (fresa) y Amagá (granadilla y pimentón) que no concuerdan con su vocación ni con parámetros técnicos de sus suelos.
Hace cuatro años el departamento y la FAO se embarcaron en la creación del Sistema de Abastecimiento Agroalimentario de Antioquia –SABA– para garantizar transferencia tecnológica a los productores (para poder, por ejemplo, hacer producción controlada con uso eficiente de agua y bajo invernadero), y aumentar la asociatividad y optimizar los circuitos de comercialización.
Según el secretario Naranjo se han logrado nuevas figuras de asociatividad campesina en Urabá, Oriente, Suroeste, Norte y Bajo Cauca, así como un modelo de integración logística y comercial para disminuir la cadena de intermediación en procesos comerciales y aumentar los ingresos de los pequeños productores a través de un pago justo a los productores.
No obstante, Naranjo asegura que actualmente SABA tiene retos difíciles en la sostenibilidad administrativa y financiera de los Centros de Operación Logística y Comercial, por lo que se necesita trabajar más en el apoyo a las cooperativas subregionales en temas como costos, cadena de abastecimiento y acceso a mercados.Según Juan Fernando Zuluaga, coordinador nacional territorial de la FAO, menos del 10% de la producción agrícola familiar en Antioquia logra llegar de manera asociada a los mercados de abasto, eso los deja vulnerables en la negociación de precios y, en general, en toda la cadena del abastecimiento alimentario.
De manera que las APPA deben ayudar a resolver estos problemas o de otro modo blindar los suelos para producir comida no ofrecerá verdaderas garantías. Londoño sostiene que la adecuada implementación de las APPA, que deberá quedar lista en los próximos meses, será favorable para el departamento teniendo en cuenta que actualmente el Oriente carga con gran parte del peso como despensa productiva mientras lidia con la presión de la expansión urbana y la transformación de suelo rural.
De hecho, buena parte de la producción de hortalizas que tenía el Oriente ha tenido que migrar al Norte cercano en municipios como Donmatías, San Pedro y Entrerríos, una subregión que también está en proceso masivo de reconversión del modelo de producción pecuaria.Lo cierto de todo es que una vez superado el momento de los señalamientos y los debates públicos, ahora al Gobierno, Gobernación, gremios y campesinos les toca sentarse a acordar en estos próximos meses cómo funcionarán esas APPA.
La ministra Carvajalino anunció nuevas instancias de concertación en las que los gremios esperan que se resuelvan las ambigüedades y puntos grises que quedaron de la resolución. Por ejemplo, una de las principales incertidumbres es si se podrá dividir la propiedad para usos mixtos pues muchos propietarios dicen que lo que da a entender la resolución es que no es posible, lo que haría que el sostenimiento de grandes fincas sea insostenible en el mediano plazo. También es obligatorio aclarar qué pasará con los proyectos minero-energéticos que están dentro del polígono y qué restricciones o ventajas tendrán los cultivos a gran escala que sostienen en gran medida las economías locales y tienen amplio peso en las exportaciones.
