La maquinaria que busca hacer realidad la conformación del Área Metropolitana del Oriente antioqueño (AMO) con los municipios más poblados y económicamente más fuertes de la subregión parece estar marchando: el gobernador Andrés Julián Rendón está volcado a lograrlo, la mayoría de alcaldes le camina a la figura, parte de la bancada antioqueña en el Congreso la empuja con fuerza, y fuerzas políticas y empresariales la movilizan.
Pero, claro está, también la maquinaria estuvo aceitada en el pasado, en 2019, cuando el hoy gobernador Rendón lideraba la iniciativa como alcalde de Rionegro trabajando en llave con la bancada uribista en el Congreso y el entonces gobernador Luis Pérez. Pero el panorama que parecía despejado en ese momento se nubló; el apoyo político en los municipios se mermó, mientras crecían las inquietudes de los habitantes de los municipios participantes.
Finalmente Luis Pérez se quedó esperando el aval de la Registraduría para convocar a las urnas y una carta de mandatarios al gobernador electo Aníbal Gaviria le echó tierra al asunto: “(...) no hay ambiente para el área metropolitana”, fue la sentencia que le escribieron en dicha misiva.
El AMO es tal vez el tema más caliente política y socialmente que se está moviendo actualmente en esa región. Esta vez, aunque parece que hay más ambiente y también más tiempo antes del cambio de gobiernos locales, también hay oposición política y social, y a la pelea parecen faltarle todavía varios asaltos. Este es el ABC del proyecto, cómo avanza y cómo se mueven las cargas y argumentos a favor y en contra.
Quiénes son y cómo va
El AMO estaría conformado solo por los nueve municipios del Valle de San Nicolás: Rionegro, Guarne, El Retiro, La Ceja, El Carmen, El Santuario, La Unión, Marinilla y San Vicente. Rionegro sería el municipio núcleo, el que manda la batuta (como Medellín en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Amva). El músculo económico de los nueve municipios llega a los $8 billones y suman una población de más de 550.000 habitantes.
Rendón puso al frente de la iniciativa a un hombre que conoce al dedillo el tema y sabe cómo moverse: Eugenio Prieto, actual director de Planeación y quien desde la época de director del Amva ha liderado la discusión de la creación de esta figura en el Oriente antioqueño.
Con Prieto al frente la estrategia para sumar aliados ha ganado terreno en poco tiempo. De los nueve alcaldes que deben dar el sí solo hay una voz disonante: el alcalde de Marinilla (más adelante abordaremos sus críticas).
Según el senador del Centro Democrático, Esteban Quintero, todo estaría dado para que la carta de intención que deben firmar los alcaldes esté lista para ser sometida a aprobación en la Comisión de Ordenamiento Territorial en el Congreso, y una vez esta entregue el aval pase a la Registraduría para que convoque a las consultas y los habitantes decidan. Todo esto, según los cálculos de Quintero, podría materializarse antes de culminar el primer semestre de 2025.
Para aprobarse se necesita que en cada municipio salga a votar al menos el 5% del censo electoral y la mayoría se incline favorablemente para integrar el AMO.
¿Por qué área y no provincia?
Frente a la principal crítica que tiene la iniciativa por la elección de una figura que acoge a nueve municipios en lugar de buscar una asociatividad en la que quepan los 23 municipios del Oriente, Prieto y Quintero tienen sus argumentos de defensa.
Mientras Quintero señala que la figura de provincia no tiene dientes financieros y que no ha mostrado ser eficiente en las zonas del Oriente donde existen, Prieto apunta a que la figura de área metropolitana y provincia no riñen sino que se complementan, y en ese orden de ideas el AMO entraría a articularse con las provincias existentes: Bosques, Agua y Paz que engloban a los 14 municipios restantes.
Además afirma que la figura de área metropolitana es la que se ciñe a la realidad de expansión urbana del Valle de San Nicolás. Y entrega cifras para respaldar su postura.
Según expuso, las proyecciones indican que en 25 años la mancha urbana en el altiplano será de unos 80 km².
Prieto sostiene que el análisis de los planes de ordenamiento de los nueve municipios arrojó que se han habilitado para usos urbanos y suburbanos unos 5.000 km², es decir, 50.000 hectáreas de suelo suficiente para albergar, siendo conservadores, alrededor de 2,5 millones de habitantes. De ahí la necesidad apremiante de planificar de manera integral.
Por esto el alcalde de El Retiro, Santiago Montoya, sostuvo que no es posible lograr una expansión territorial organizada si no se tiene una administración y planificación conjunta para proyectos de movilidad, sostenibilidad, servicios públicos, vivienda, seguridad, entre otros.
Otro tema que levanta ampolla es la posible pérdida de autonomía territorial y el desmedido control de la junta metropolitana, encabezada por Rionegro como municipio núcleo, sobre el desarrollo de los municipios. Esto en palabras simples implica que el alcalde de Rionegro tenga incidencia en dinámicas que involucran a los otros municipios. Para calmar las aguas, el alcalde de Rionegro, Jorge Rivas, aceptó un acuerdo de gobernanza en el que renuncia al derecho al veto que le asiste por ser el mandatario del municipio núcleo.
Según Prieto, con este acuerdo, y la participación ciudadana en la decisión de que los municipios integren o no el AMO, se le otorga, a su juicio, legitimación al proceso y viabilidad a este esquema de asociatividad.
Reclamos de dobles discursos
Al AMO le cuestionan que podría arreciar la desigualdad en el Oriente con esa unión de los municipios más ricos y la exclusión de los social y económicamente más golpeados, que dependen totalmente del Sistema General de Participaciones. Una supuesta ley del embudo que podría terminar facilitando la concentración de recursos en unos pocos. Las críticas vienen incluso desde los mismos municipios que lo integrarían.
El alcalde de Marinilla, Julio Serna, lo expresó sin eufemismos ni ambages. Para él, existe un doble discurso cuando el gobernador Rendón habla de descentralización, cuando se habla de un solo Oriente, y por otro lado fomentan una figura que, en su concepto, centralizaría los recursos y el desarrollo dividiendo la región.
Incluso puso ejemplos concretos a la hora de señalar que si de grandes proyectos integradores se trata, no se necesita una figura de área metropolitana sino voluntad política, apuntando que a inicio de este año Marinilla se quedó sin $2.500 millones que iban a ser inicialmente destinados para un Centro de Monitoreo en dicho municipio y en una decisión “ipso facto” de la Gobernación esa plata terminó yéndose para Rionegro.
Según Serna, en lo escenarios donde se viene dando la discusión (comisiones y reuniones entre políticos y empresarios) se “está hablando muy bonito”, pero es tiempo de empezar a poner las inquietudes sobre la mesa, como por ejemplo para dónde irá la plata y el desarrollo, porque reitera que esas son las discusiones que van a encontrar en la calle cuando toque salir a socializar el AMO entre la población.
Al proyecto también le debaten su legitimidad y gobernanza. Ana Patricia Aristizábal, reconocida, entre otras cosas, por presidir la Asamblea Provincial Constituyente, no tuvo reparo en cantarle la tabla a Prieto y Esteban Quintero, a pesar de reconocer que el primero fue su jefe político durante muchos años y con el segundo guarda una estrecha cercanía. No obstante, los señaló de elevar argumentos en favor del AMO que no concuerdan con la realidad.
Aristizábal le recordó a Quintero que él fue propulsor para que hace cinco años el Congreso rebajara el umbral de participación a las consultas para aprobación de áreas metropolitanas del 25% al 5%. “Existe la posibilidad de legalidad, pero no de legitimidad ni de ética con un censo del solo 5%”, subrayó.
Puesto en cifras, en este caso concreto serían 27.500 personas las que se necesitan para decidir sobre una medida que involucra a medio millón de habitantes que en un futuro cercano serán un millón.
Aristizábal también cuestionó el llamado acuerdo de gobernanza en el que el alcalde de Rionegro se comprometió a renunciar a su derecho al veto en la junta metropolitana, un anuncio que consideró simplemente inaplicable, primero, apuntó, porque ningún acuerdo está por encima de la ley y segundo porque fácilmente caduca con el cambio de mandatario.
Esteban Quintero dijo tener la solución a esto presentando un proyecto de ley con menos de un millón de habitantes para que se prescinda de la figura del derecho al veto por parte de municipios núcleo.
La autoridad ambiental
Otro tema que inquieta es qué pasará con la gestión y administración ambiental. Si bien el director de Cornare, Javier Valencia, ha optado por la diplomacia reiterando que, por ahora, la corporación autónoma no corre peligro, alcaldes del resto del Oriente están preocupados pues lo cierto, más allá de diplomacias, es que de concretarse el AMO y una vez el Valle de San Nicolás llegue al millón de habitantes, dicha autoridad ambiental sufriría un golpe de nocaut.
Cuando se llegue a ese umbral de habitantes sumando los nueve municipios reunidos, el AMO se convertiría en autoridad ambiental en zona urbana. Esto causaría automáticamente varios escenarios: primero, Cornare dejaría de recibir recursos de los municipios con mayor capacidad económica del Oriente; y segundo, se desataría un conflicto para definir competencias y articular gestión en el borde urbano-rural de los nueve municipios, tal como ocurre en el Valle de Aburrá con el Amva y Corantioquia. Precisamente este ejemplo es relevante en este tema porque ilustra los vaivenes de la política.
En 2022, el quinterismo, que entonces controlaba el Amva, intentó colar un mico en el proyecto de ley que elevaba a Medellín a Distrito, el articulito consistía en síntesis en arrebatarle autoridad a Corantioquia sobre la ruralidad de la capital antioqueña y concentrar ese poder en el Amva. En aquel momento fue la bancada del uribismo (que por entonces gobernaba Corantioquia), la que alertó y adelantó gestiones para tumbar ese mico que en su criterio causaría grandes estragos en la gestión ambiental y de los recursos naturales, al permitirle al Amva hacer un juego de yo con yo en decisiones, por ejemplo, de ordenamiento territorial y expansión urbana, y al despojar a Corantioquia de recursos necesarios para, por ejemplo, adelantar conservación ambiental en las regiones de donde proviene el agua que, entre otras cosas, consume el Valle de Aburrá.
Un similar escenario se proyecta ahora como objeto de debate en el Oriente.
El docente y constitucionalista Albeiro Pulgarín anunció que elevará una demanda de inconstitucionalidad de la Ley 1625 (ley de áreas metropolitanas) pues en su concepto esta vulnera el espíritu de la Constitución de 1991, en la que la figura de área metropolitana queda caduca y en cambio se eleva la provincia como la figura asociativa que honra varios pilares constitucionales.
Desde el Movimiento por la Defensa Constitucional de la Provincia le piden a los impulsores del AMO sentarse a seguir buscando soluciones que fortalezcan la integración del Oriente en su totalidad, y mencionan allí la posibilidad no solo de otorgarle los dientes (plata y capacidad de gestión) a la figura de provincia sino explorar la opción de la Región Metropolitana, que prescinde de un municipio núcleo con derecho al veto y horizontalizar la articulación entre municipios con un Consejo Regional que otorga igualdad entre los integrantes y que se concentra en cómo armonizar las dinámicas territoriales, ambientales, sociales y económicas, más que propender por los intereses de la conurbación.
