Mateo Jaramillo Naranjo tenía 23 años y enseñaba inglés en el colegio de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB). Su asesinato tomó lugar el sábado 18 de enero en su vivienda del barrio Florida Nueva, en Laureles, Comuna 11 de Medellín. Según las primeras investigaciones, dos hombres lo amarraron antes de asfixiarlo. Su crimen es apenas uno de los cinco asesinatos por prejuicio registrados en Antioquia en lo que va del 2025, lo que posiciona al departamento como el primero en ocurrencia de asesinatos por prejuicio a la población LGBTIQ+.
La Defensoría del Pueblo alertó y rechazó el recrudecimiento de la violencia contra la población LGBTIQ+ en Colombia, evidenciado en los homicidios ocurridos solo en enero de 2025.
En total, 13 personas fueron asesinadas en diferentes regiones del país. En Antioquia, cinco personas perdieron la vida a causa de ataques motivados por prejuicio. En el Valle del Cauca, se registraron dos personas. En Bolívar, Cundinamarca, Norte de Santander, Quindío y Santander, una persona en cada departamento.
En Antioquia, además del crimen de Mateo, otras dos personas de la comunidad LGBTIQ+ fueron asesinadas en Medellín y Bello. En el centro de la ciudad, Juan Carlos Hoyos Jaramillo, de 52 años, murió apuñalado el lunes 20 de enero tras una discusión en un inquilinato por el uso de un sartén.
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En Niquía, Bello, otro hombre identificado como Jonatan Rodríguez Osorio, de 37 años, quien se encontraba desaparecido desde el pasado sábado, cuando salió de su casa en el barrio Hermosa Provincia, en este mismo municipio fue encontrado sin vida junto a una quebrada, en circunstancias aun bajo investigación.
Wilson Castañeda, director de la ONG Caribe Afirmativo, señaló que la violencia ha ido en aumento desde diciembre, mientras que las estrategias de seguridad para la población LGBTIQ+ han perdido fuerza en Medellín y Antioquia. “Si revisas los planes de desarrollo, verás menos compromisos con los derechos LGBTQ+ que hace cuatro u ocho años. Y desde el Gobierno Nacional tampoco se ha avanzado nada”, afirmó.
La Defensoría reconoció avances en la investigación de estos crímenes, pero la impunidad sigue siendo notable según Wilson Castañeda, quien señala que en 2023, el 63% de los casos quedaron sin resolver, aunque la cifra era del 90% en años anteriores.
Ante esto la Defensoría instó al Gobierno Nacional y la Gobernación de Antioquia a convocar consejos de seguridad y fortalecer las rutas de protección.
“Las vidas de las personas LGBTI importan”, enfatizó la Defensoría, exigiendo acciones urgentes para detener esta ola de violencia que sigue cobrando víctimas en las calles de Antioquia.
