Una gritería en las afueras sobresaltó a los pacientes y médicos del centro de salud La Anunciación, que presta sus servicios a la comunidad antioqueña en Belén de Bajirá. Delegados de la Secretaría de Salud del Chocó llegaron hasta la entrada y cerraron el establecimiento, pegando un sello adhesivo en la puerta, a las 10:00 a.m. del pasado viernes 2 de octubre.
Quienes estaban dentro del recinto quedaron sorprendidos, algunos dijeron incluso que se sentían secuestrados, pues nadie podía entrar ni salir, hasta que llegó un grupo de gente enfurecida.
“Había enfermos y embarazadas, y un señor grave llamado Ángel Zapata, que se había accidentado en una moto. Tuvimos que violentar la puerta para sacarlos, conseguimos una ambulancia y evacuamos al señor hacia la Clínica Panamericana (Apartadó), sino se muere”, relató Mélido Martínez, cofundador del pueblo y uno de los líderes de los antioqueños en el territorio.
De otro lado, Henry Chaverra, representante de la comunidad chocoana e integrante del Comité Pro Creación del Municipio Belén de Bajirá, explicó que el sellamiento se fundamentó en la ley. “A estas alturas del partido, quienes se rehusan a devolverle el territorio al Chocó, están desconociendo el ordenamiento jurídico colombiano”, dijo.
El 70 % de los pacientes de La Anunciación son de la EPS Saviasalud, que pertenece a Antioquia. Tras recientes decisiones judiciales, que anexan varios aspectos administrativos del territorio al Chocó, la Secretaría de Salud de ese departamento le pidió a Savia que contratara la atención de esos afiliados con las IPS chocoanas, y “como esto no se ha hecho, se procedió con el cierre del establecimiento”, indicó Chaverra.
El caso del puesto de salud es el nuevo episodio dentro del diferendo limítrofe por Bajirá y otros territorios en la frontera de Antioquia y Chocó, en el que la comunidad paisa siente abandono y falta de información por parte de sus autoridades, pues consideran que ni la Gobernación ni la Alcaldía de Mutatá les han brindado la asistencia necesaria para esta transición.
El origen de la disputa
Belén de Bajirá se formó a principio de los años 70, cuando campesinos de Urabá y Córdoba llegaron buscando tierras para trabajar. Allí encontraron terrenos baldíos y comenzaron a aserrar madera y sembrar maíz y arroz.
“Yo tenía 12 años cuando llegamos de San Juan de Urabá y fuimos de las familias fundadoras. El caserío lo construyeron mi papá, Diego Martínez, y otros vecinos como Pedro Negrete, Félix Cuesta, Leonel García y Antonio Mancilia”, recordó Mélido.
Añadió que “cuando estábamos despejando la montaña, aquí venían comisiones de funcionarios a decir que esto era de Turbo, entonces todos los trámites los hacíamos en la Alcaldía de allá”.
En 1975 una ordenanza de la Asamblea de Antioquia disgregó a Belén de Bajirá de Turbo, y lo anexó como corregimiento a Mutatá. Según Mélido, los chocoanos llegaron en los años 90, muchos de ellos desplazados por la violencia.
En 2000, mediante otra ordenanza, la Asamblea de Chocó creó el municipio de Bajirá, situación que originó el litigio jurídico.
Siete años después, el Consejo de Estado anuló la ordenanza chocoana; sin embargo, en 2017 el Instituto Agustín Codazzi (Igac) publicó un mapa en el que incluyó dentro de los límites de Chocó a Belén de Bajirá, integrándolo como corregimiento del municipio de Riosucio.
El Igac también vinculó a Chocó los corregimientos de Nuevo Oriente, Macondo y Blanquicet, que hasta entonces pertenecían a Turbo.
Pese a la contraposición presentada por Antioquia, en 2018 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en respuesta a una tutela chocoana, ordenó trasladar el censo electoral de Antioquia a Chocó en esos lugares. En consecuencia, los habitantes de los corregimientos implicados han votado en los dos últimos años por los candidatos chocoanos para Concejo, Asamblea, Gobernación y Alcaldía; la decisión fue ratificada en 2019 por la Registraduría, tras una observación de la Procuraduría.
Inversiones pendientes
Hoy en día, Belén de Bajirá tiene cerca de 17.000 habitantes de arraigo multicultural, entre afrodescendientes, paisas y costeños, como ellos mismos dicen. Sobreviven de la agricultura y la ganadería, y en menor medida del comercio.
El diferendo limítrofe ha retrasado su desarrollo en las últimas dos décadas, tal cual ha venido denunciando EL COLOMBIANO, por lo que hay profundos rezagos en infraestructura, acueducto, vías, empleo, educación y salud.
Hay dos puestos de salud (uno chocoano y otro antioqueño), dos colegios, dos inspecciones de Policía y, en general, una duplicidad administrativa que ha impedido tener directos responsables de atender a la población.
Rubén Durango Arenas, presidente de Asobajirá (de línea antioqueña), dijo que su comunidad está cansada de no tener claridad sobre a quién deben rendir cuentas.
A su juicio, aunque haya decisiones judiciales que benefician a Chocó, el litigio no ha terminado y faltan pronunciamientos de fondo del Congreso y del Consejo de Estado.
“Ni la Gobernación ni la Alcaldía nos dan respuestas a nosotros”, expresó después del sinsabor que produjo el sellamiento de La Anunciación.
La alcaldesa de Mutatá, María Esilda Palacios, reconoció que “no deja de ser un problema esta situación del diferendo limítrofe, porque hay personas que no aceptan la situación y esperan otros pronunciamientos sobre el tema”.
Lo cierto del caso es que, como enumeró la mandataria local, “la base catastral ya la pasaron para Riosucio, las elecciones cuentan para Chocó y en materia de Educación ya están en curso los traslados de la planta docente para allá. Básicamente, ya todo está girando hacia Chocó”.
Añadió que no ha recibido instrucciones sobre el puesto de salud, “pero aquí ya vino un delegado de la Secretaría de Educación de Antioquia para evaluar la situación de los profesores y el colegio, que pasarían a Chocó”.
A pesar de todo, Palacios no se atreve a afirmar tajantemente que Bajirá ya no pertenece a Antioquia. “No puedo asegurar eso, no soy la funcionaria indicada para decirlo”.
Esperando al Consejo
El secretario General de la Gobernación de Antioquia, Juan Guillermo Usme, aseveró que todavía no está dicha la última palabra sobre el asunto.
“La Gobernación continúa la defensa jurídica de los corregimientos Belén de Bajirá, Blanquicet, Nuevo Oriente y Macondo, y ha asumido el curso del proceso de nulidad que ante el Consejo de Estado fue incoado contra los actos administrativos expedidos por el Igac, donde se definieron los nuevos límites entre nuestro departamento y el Chocó, determinando que las referidas zonas pertenecen a este último ente territorial”, escribió, en respuesta a un cuestionario de EL COLOMBIANO.
Desde la perspectiva antioqueña, el Igac violó el debido proceso y no tiene competencia para definir los límites dudosos, pues esta decisión correspondería al Congreso. Por esto solicitó al Consejo de Estado un pronunciamiento, pero ya pasaron tres años y esto no sucede.
Usme indicó que, aunque el alto tribunal analiza la demanda, “no ordenó la suspensión provisional de los actos administrativos expedidos por el Igac, razón por la cual los mismos se encuentran en firme y son de obligatorio e inmediato cumplimiento”.
El secretario indicó que “no se ha hecho entrega ni del colegio ni del puesto de salud, pero estamos atentos a los coronáramos y procedimientos para hacerlo, conforme a la situación jurídica expresada”.
Chaveta expuso que todos las actos de chocó tienen presunción de legalidad y que la entrega de la institución educativa por parte de Antioquía está programada para el próximo 31 de diciembre. “Para los estudiantes (2.000 de preescolar, primaria y bachillerato) no habrá traumatismos, porque siguen en el mismo plantel y con esos docentes, solo que ahora estos serán administrados por Chocó”.
Respecto al puesto de salud, en la tarde del 2 de octubre, luego del incidente en la entrada, la gerente Margarita Monsalve expidió una circular dirigida a los funcionarios y contratistas que laboran allí.
“Se deberá acatar el sellamiento impuesto por la Secretaría de Salud de Chocó, hasta tanto las autoridades competentes definan los lineamientos a seguir en lo concerniente al tema de territorialidad”, informó, indicando que se pondrá en contacto con los empleados para definir el paso a seguir.
20
años lleva activo el litigio judicial por Belén de Bajirá, entre Chocó y Antioquia.
