Son varias las ocasiones en las que el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón se ha pronunciado en contra de los diálogos que adelanta el gobierno del presidente Gustavo Petro con todos los grupos armados organizados del país, como el Clan del Golfo, disidencias de las Farc o ELN con el argumento de que estos siguen causando graves afectaciones a los derechos humanos en el departamento.
Justamente esta semana, el mandatario departamental rechazó la invitación de la delegación del gobierno en las negociaciones con el Clan del Golfo para participar en un espacio de conversación sociojurídico con este grupo armado, uno de los que más afectaciones viene causando en distintas regiones del departamento y que alimenta, al igual que otros actores ilegales, hechos como los desplazamientos, confinamientos, homicidios y reclutamiento de menores de edad, entre otros.
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“Ni con el Clan del Golfo ni con disidencias Farc ni con bandidos de ninguna palabra hay cosa alguna que conversar. La paz es el imperio de la ley, con seguridad, con justicia y con oportunidades sociales, no contemporizando con el crimen”, dijo Rendón, este miércoles 6 de noviembre. Posteriormente, tras conocerse el anuncio del ELN este jueves sobre un paro armado indefinido en las zonas rurales del Chocó, específicamente en los ríos San Juan, Sipí y Cajón, desde este sábado 9 de noviembre, el gobernador de Antioquia volvió a pronunciarse: “Es una tomadera de pelo. No hay nada que negociar con ellos, para qué sentarse con criminales que enajenan a los niños, a los jóvenes, a las familias con el microtráfico, que se asesinan entre ellos por la captura de sus rentas. La seguridad, la justicia y la paz se imponen con el imperio de la ley y con condiciones sociales que beneficien a los habitantes”.
El presidente ha criticado la posición de Rendón respecto a este tema. Incluso, en sus redes sociales se refirió a las declaraciones que hizo el pasado 6 de noviembre sobre la reunión de conversaciones con el Clan del Golfo. “¿Y por qué, entonces el jefe del gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, negoció con los paramilitares en Santa Fe de Ralito?”, preguntó Petro.
Norte, Nordeste y Bajo Cauca son las zonas más afectadas
Lo cierto es que las palabras del gobernador no están enfocadas solo en rechazar negociaciones ni diálogos, sino en una realidad crítica de seguridad que viven varias zonas de Antioquia, en especial en el Norte, el Nordeste y el Bajo Cauca, por la presencia de estos grupos armados ilegales, que no dan tregua y han aumentado los daños en la población civil, que es la que sufre las peores consecuencias. Y en algunos de los hechos de orden público, las autoridades departamentales han hecho frente sin una presencia contundente, a veces ni siquiera una declaración, del presidente Petro.
Incluso, a mediados de octubre, Rendón elevó una solicitud al gobierno nacional, durante un consejo de seguridad extraordinario realizado en el Norte antioqueño, para que se fortaleciera la presencia permanente del Ejército Nacional en las tres mencionadas subregiones, así como se hizo por esos días en el corregimiento El Plateado de Argelia, en el departamento del Cauca, donde la situación de orden público al día de hoy sigue siendo alarmante.
“Nos llenó de ilusión escuchar al comandante del Ejército decir que iban a permanecer en El Plateado en el Cauca. Lo mismo pedimos nosotros en las subregiones antioqueñas, epicentro de choques entre el Clan del Golfo, contra las disidencias de las Farc y el ELN, que actúan en conjunto”, dijo Rendón en ese momento.
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Y también dio un dato revelador sobre los retrocesos en materia de seguridad y derechos humanos en estas zonas: “Las autoridades locales de la zona vuelven a denunciar la presencia de artefactos explosivos. Esto es lo que pasa cuando se contemporiza con el crimen. Y ahí hay una preocupación de los alcaldes”.
La delegación del gobierno departamental ha hecho varios consejos de seguridad este año en lugares como Yarumal, Briceño, El Bagre y otros municipios de las regiones más afectadas con hechos como combates entre grupos armados, pero también de otras como el Oriente antioqueño. Son pocos los que han contado con la presencia de un representante del gobierno nacional, si bien, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, ha participado en algunos. Desde la Gobernación de Antioquia han sostenido que las comunidades han expresado sentirse abandonadas por la Nación en medio de estos hechos.
Por ejemplo, a mediados de septiembre, Rendón se desplazó hacia El Bagre para tratar los problemas de orden público allí, pero también en otras zonas del Bajo Cauca como Caucasia, Cáceres o Tarazá. El mismo día, horas después, estuvo en Briceño para liderar un consejo de seguridad por hechos similares en ese municipio y en otros del Norte, como Yarumal, Valdivia, Toledo e Ituango.
El secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez, ha afirmado que en las comunidades se tiene la percepción ante el Gobierno Nacional de que están desamparados, puesto que las estructuras que dicen estar en las negociaciones de la paz total, con cese al fuego incluido, continúan con los ataques y aunque se mandan oficios a las autoridades correspondientes, estos son ignorados.
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El secretario afirmó en septiembre que a esa fecha, este 2024, habían enviado 15 oficios a la Comisión de Verificación denunciando violaciones a los acuerdos de los diálogos de paz, pero ninguno de ellos ha recibido respuesta, por lo que decidieron recurrir al Ministerio de Defensa, mandando otros tres oficios, pero estos, hasta el momento, han sido ignorados.
