El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuestionó duramente al presidente Gustavo Petro por la resolución emitida recientemente por el Gobierno Nacional que creó las controvertidas Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), que le metieron mano al suelo en la subregión del Suroeste antioqueño.
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Además de insistir en que dicha norma constituiría una usurpación a las funciones de los concejos municipales, Rendón sostuvo que desde el gobierno central en Bogotá se estarían desconociendo las realidades de los campesinos antioqueños.
“No necesitamos que un burócrata, desde un escritorio en Bogotá, desconociendo las realidades de las regiones, al mejor estilo de los planificadores centrales del socialismo, nos diga qué y cómo hacer que las cosas pasen. Tengamos la conversación de seguridad y soberanía alimentaria con hechos. Detonar la producción agropecuaria no es definir polígonos y usurpar la autonomía territorial”, expresó el gobernador.
A juicio de Rendón, el Gobierno Nacional estaría equivocado al decirle a los campesinos qué deben cultivar y además estaría yendo en contravía de los principios de descentralización de la Constitución de 1991.
“La constitución no se puede pasar por la galleta como lo pretende hacer esta resolución. No estamos defendiendo interés particular alguno, sino la Constitución y la competencia que allí se le da única y exclusivamente a los concejos municipales para ordenar el uso del suelo. Estamos defendiendo las libertades de las personas y la autonomía territorial”, añadió Rendón.
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La controversia que tiene encendido el debate en el Suroeste antioqueño se remonta a los primeros días de este mes, cuando se hizo pública la resolución 377 del 26 de diciembre de 2024, un documento firmado por la ministra de Agricultura, Martha Viviana Carvajalino, en el que se dio vida a unas Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA).
En el caso de Antioquia, la norma definió un polígono de 250.000 hectáreas en el que se pretende priorizar la producción de por lo menos 49 alimentos.
La norma de inmediato generó debate, luego de que múltiples líderes de opinión tanto a nivel nacional como regional la vieran como una intromisión en la libertad de los campesinos para decidir qué hacer con su propia tierra.
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“Nuestra definición no limita actividades ni determina usos, y sí nos permite acercarnos a donde hoy se desarrolla la actividad agropecuaria para protegerla. No se restringen usos, no hay relación alguna con procesos de adquisición de tierras”, controvirtió por su parte la ministra Carvajalino, señalando que la zona delimitada en la resolución sería de estudio y que no restringiría otros usos.
“Hablamos de proteger las actividades pecuarias, agrícolas y pesqueras, de esas actividades que hoy jalonan la economía. No se restringen usos, no hay relación alguna con procesos de adquisición de tierras”, añadió la ministra por su parte.
En contraste, insistió Rendón, la manera de impulsar dicha producción no pasaría por crear dichas figuras, sino por apoyar a los campesinos con financiación, organizar el uso del suelo a través de herramientas que ya existen como el Catastro Multipropósito y, en el caso del hambre, volcar los esfuerzos de las instituciones públicas en dar asistencia a los más vulnerables.
