En una evacuación de emergencia, la familia de la lideresa social Ludis Ester Jaramillo, quien fue asesinada en zona rural de Ituango el pasado miércoles 5 de julio, se vio forzada a abandonar el corregimiento de La Granja en un helicóptero del Ejército Nacional.
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Tras recibir más amenazas contra su vida, la madre de la lideresa y cuatro menores de edad tuvieron que ser custodiados por soldados del Batallón de Infantería N.°10 coronel Atanasio Girardot para poder salir del territorio.
Esta evacuación se convirtió en uno de los hechos más recientes que volvieron a ilustrar la crisis de seguridad y derechos humanos por la que atraviesa este municipio del Norte de Antioquia, que durante las últimas semanas ya acumula otros tres homicidios de líderes sociales.
Y es que además de Jaramillo, otros líderes que recientemente perdieron la vida fueron Erasmo Antonio Pino Giraldo, también del corregimiento de La Granja, y César Tapias, de la vereda Quebrada del Medio.
A raíz de esta situación, organizaciones no gubernamentales como la Fundación Sumapaz, alzaron su voz de alerta para recordar que tras la firma del Acuerdo de Paz con la antigua guerrilla de las FARC, los actores armados vienen cooptando el territorio en su lucha por acaparar las rentas ilegales.
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“Con profunda tristeza hemos identificado que desde la Firma del Acuerdo de Paz han sido asesinados 17 personas defensoras de los derechos humanos en este municipio, que sigue abrazando la esperanza de vivir en paz”, expresó esa organización en un comunicado.
Óscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos de la fundación Sumapaz, recordó por su parte que grupos como las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia y disidencias del antiguo Frente 36 de las FARC han venido aumentando su poder durante los últimos años y hoy están enfrascados en una confrontación que tiene atrapada a la población civil.
“El territorio está en disputa desde hace varios años y han ocurrido desplazamientos, masacres, homicidios a personas defensoras de los derechos humanos y una situación que nosotros denominamos de crisis humanitaria, toda vez que son zonas donde el gobierno colombiano no ha atendido una situación de conflicto, que requiere la atención inmediata sobre todo de población que ha sido víctima de la violencia”, expresó Zapata.
Bajo ese mismo panorama, entes como la Defensoría del Pueblo han emitido múltiples alertas, instando a las demás instituciones a rodear a las comunidades y evitar que esos grupos ilegales copen los espacios en los que el Estado brilla por su ausencia.
“Hay situación de miedo y zozobra en estos territorios. Tenemos registrados alrededor de 50 casos de desplazamiento, con cerca de 200 personas en lo que va corrido del año. Esa situación podría aumentar con el pasar de las horas y de los días”, expresó Zapata, haciendo un llamado a los organismos gubernamentales tanto locales como nacionales a que no dejen solos a la población civil en medio de esta crisis.
