El exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, se refirió por primera vez sobre la imputación que anunció el fiscal general Francisco Barbosa, por el presunto delito de interés indebido en la celebración de contratos, en medio del proceso en el que se gestó la contratación del proyecto Hidroituango hace 12 años.
Salazar, al igual que el exgobernador Luis Alfredo Ramos; el exgerente del Idea, Álvaro Vásquez Osorio, y el exgerente de EPM, Federico Restrepo, están procesados porque, según la Fiscalía, en la ruta de contratación del proyecto se habría vulnerado principios esenciales de la contratación pública.
¿Cuál es el contexto en el que surgió el proceso de contratación por el que hoy está imputado?
“Sí, creo que hay que ubicarse en la perspectiva del tiempo. En 2008 había una necesidad apremiante del país para que el proyecto saliera adelante.
Hubo controversias entre alcaldía, EPM, el Idea y la Gobernación que tenían amarrado el proyecto, y para destrabarlo se buscó una salida en la que se encontró una fórmula, a la que se le llamó acuerdo Boomt, en el que EPM Ituango asumía la construcción, operación y mantenimiento del proyecto por cierto tiempo, le daba unos anticipos en regalías a la Gobernación y al Idea, y al cabo de 40 o 50 años devolvía la Central a la Sociedad hidroeléctrica, un convenio entre entidades de servicios públicos que se hizo con total transparencia.
Se ha hablado mucho del concurso en el que la Sociedad Hidroeléctrica hizo convocatoria para entidades potencialmente interesadas en construir el megaproyecto, pero desde el inicio había un inciso que decía que podría ser suspendida la convocatoria, tal como se dio, para el acuerdo entre EPM Ituango y la Sociedad.
Entonces, desde luego que el Municipio es propietario de EPM y el alcalde, el presidente de la Junta Directiva de la empresa, pero el sistema de administración de EPM es autónomo –y eso lo defendimos mucho– . Y lo que decidió EPM fue crear a su filial que suscribió el acuerdo directo. Con esto no quiero decir que quienes lo firmaron son responsables de algo ilícito. A ellos los han estado investigando también y espero que salgan exonerados”.
¿Por qué termina entonces imputado y cuál será su defensa?
“No conocemos la imputación oficial, solo la declaración (del fiscal Francisco Barbosa) que publicó EL COLOMBIANO. Diría inicialmente que me parece importante resaltar que no es un asunto de corrupción ni de robo lo que está imputando la Fiscalía. Esto lo subrayo porque el alcalde Daniel Quintero ha sido oportunista en aprovechar esta circunstancia para insistir en esa mentira tan prolongada que ha creado en torno a Hidroituango.
En segundo lugar, me sorprendió mucho (la imputación) porque yo personalmente no firmé ese contrato. Esto no quiere decir que pretenda evadir cualquier responsabilidad, porque al fin y al cabo era presidente de la Junta Directiva de EPM. Pero los contratos están suscritos entre una subsidiaria que creó la empresa y la Sociedad hidroeléctrica. No hay responsabilidad directa, pero nos falta conocer las argumentaciones del fiscal para responder de manera más concreta”.
¿Considera que hay un trasfondo político en la imputación?
“Yo no quisiera creer que el fiscal sea funcional a intereses políticos. Puedo creer más bien que como no fuimos llamados a rendir indagatoria preliminar, al fiscal le pueda faltar información. Lo que sí creo es que se está aprovechando políticamente el asunto. El que sí dije desde el principio que era una manipulación política es el proceso de la Contraloría.
Hay personas afectadas en esas decisiones, gente muy honorable que ha trabajado durante toda su vida en EPM, que a veces por temor o limitaciones a expresarse, no han podido defenderse como es debido. Yo no tengo esas limitaciones, por eso insisto en que más allá de la necesidad de que el país conozca qué pasó en Hidroituango ha habido un aprovechamiento indebido para cubrir las malas andanzas del alcalde de esta ciudad”.
¿Tras el anuncio mediático, qué acción emprenderá?
“Buscamos mediante derecho de petición que se nos informe cabalmente de la imputación. Necesitamos conocer en qué etapa del proceso nos vincularán. Hay que recordar que hay otro proceso adelantado (anunciado en septiembre de 2019 y que vinculó a ocho funcionarios de la empresa), que esperaba juicio en octubre. No sé si se nos vincula a ese mismo proceso o es otro. Necesitamos claridad de la Fiscalía”
